Varias cooperativas de ahorro y credito de Puerto Rico demandaron en el Tribunal Federal al gobierno de Puerto Rico y varias de sus instrumentalidades, al amparo del proceso bajo el Título III de PROMESA.

La reclamación judicial se basa en la oferta y venta indebida e impropia de instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico, dirigida específicamente a las cooperativas.

Los demandantes forman parte del 'Sistema Financiero Cooperativo' compuesto por 116 cooperativas. Este sistema tiene un total de activos de $8,566,957,915.22 y cuenta con 988,086 depositantes miembros y 300,000 depositantes no miembros. Además, emplea a 2,921 personas y cuenta con más de 120 sucursales en todos los municipios de Puerto Rico.

Este sistema provee servicios a más de 1.2 millones de socios y depositantes, la mayoría de los cuales son familias trabajadoras de medianos y bajos ingresos, así como un grupo significativo de personas de mayor edad (poblaciones especialmente vulnerables que deben ser protegidas).

Los demandantes son: Cooperativa de Ahorro y Credito Abraham Rosa; Cooperativa de Ahorro y Credito de Ciales; Cooperativa de Ahorro y Credito de Juana Díaz; Cooperativa de Ahorro y Credito de Lares y Región Central; Cooperativa de Ahorro y Credito de Rincón; Cooperativa de Ahorro y Credito Vega Alta; y Cooperativa de Ahorro y Credito Dr. Manuel Zeno Gandía.

'Estas cooperativas cuentan con activos total de $1,451,973,831.63, 139,621 socios, aproximadamente 35,000 depositantes no-socios, 384 empleados y presencia en 15 municipios de Puerto Rico', dice la demanda.

De acuerdo con el recurso legal, los demandados, por medio de sus actos y omisiones, y en violación de sus deberes estatutarios, fiduciarios y reglamentarios, provocaron una acumulación indebida de instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico en el Sistema Financiero Cooperativo. Los demandados son:

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y demás emisores de instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico.

La Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y sus sucesores, incluyendo la Autoridad de Recuperación de Deuda del Banco Gubernamental de Fomento y sus síndicos, y el Fideicomiso de Entidad Pública del BGF.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (JSF), incluyendo sus miembros en su capacidad oficial.

Firmas de valores, bufetes y firmas de contabilidad o auditoría que participaron en el diseño, oferta, y/o venta de los instrumentos de deuda del gobierno de Puerto Rico y/o que actuaron como asesores, representantes legales, auditores o que prepararon análisis o informes jurídicos, contables o financieros con respecto a dichos instrumentos.

Compañías de Seguro que emitieron pólizas de seguros para todos, cualquiera o algunos de los demandados que cubren las reclamaciones planteadas en esta demanda.

'La demanda establece que, a partir del 2009, el ELA procuró acceder, para beneficio propio, a las reservas de liquidez de las cooperativas por vía de la emisión de deuda del gobierno de Puerto Rico, en concentraciones cada vez mayores. Los esfuerzos concertados y dirigidos específicamente hacia las Cooperativas se hicieron a traves del BGF y COSSEC', dice el recurso legal.

'El ELA llevó a cabo esfuerzos concertados para agenciarse indebidamente recursos de las cooperativas, principalmente para proveer dineros al BGF para que este, a su vez, financiara las operaciones de las agencias e instrumentalidades del ELA con prestamos que el gobierno sabía no tenían fuentes adecuadas de repago', agrega.

Las actuaciones del ELA se realizaron mediante el uso indebido de la autoridad fiscalizadora y en incumplimiento con los deberes ministeriales, estatutarios y fiduciarios del gobierno de proteger la seguridad y solidez del Sistema Financiero Cooperativo.

Puedes ver la demanda aquí: