La Ley de Moratoria ejecutada por la Administración García Padilla 'tiró una granada' a las negociaciones que el Gobierno mantenía con los acreedores del atribulado Banco Gubernamental de Fomento (BGF), según ilustró uno de los demandantes en el pleito en el que un fondo de cobertura, una aseguradora de bonos, un grupo de inversionistas y un administrador fiduciario buscan invalidar dicha ley.

El caso consolidado que entabló Brigade Leveraged Capital Systems, National Publica Finance Guarantee, Dionisio Trigo-Gonzalez y el U.S Bank Trust National Association contra el Estado Libre Asociado (ELA) persigue una declaración por parte del juez federal Francisco Besosa para declarar inconstitucional la Ley de Moratoria pues alegan les ha ocasionado 'daños irreparables'.

Será tarea del juez Besosa determinar si en efecto el alegato de los demandantes es justificable por lo que podría tomar acción para otorgar un alivio de la suspensión automática que la Ley PROMESA puso en vigor para detener demandas de pago. Y es que la sección 405 de la recién aprobada ley federal confiere a la Corte Federal del Distrito de Puerto Rico la potestad de conferir alivios a la suspensión automática si se encontrara causa para ello.

Los intentos de los demandantes chocaron esta semana con una pared en la forma de una intervención especial del Gobierno de los Estados Unidos para exhortar al juez Besosa a interpretar de manera estrecha esta disposición ante la ausencia de daños irreparables a las partes y en lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) se organiza e inicia labores.

A esto, el juez Besosa ha reaccionado sorprendido y esbozó su incomodidad con la exhortación pues dudó que la JCF pueda organizarse para atender el reclamo sobre la Ley de Moratoria antes de febrero o mayo del próximo año.

Benjamin Kaminetzky, de la firma Davis Polk <><><><><><>& Wardwell LLP, quien forma parte de la defensa de Brigade Leveraged, insistió en su argumentó que este tipo de litigio fortalecería los esfuerzos de reestructuración de deuda pues el grupo que representa había acordado un recorte de 53% en los bonos que tenían del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)./p

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Sin embargo la Ley de Moratoria y las enmiendas subsecuentes dirigidas a dar prioridad a las cooperativas locales 'tiró una granada' a las negociaciones que se llevaban a cabo./p

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El argumento fue reforzado por el testimonio de Bradley Meyer, asesor del banco de inversión Ducera Partners, quien aseguró que estas enmiendas causaron que las negociaciones se detuvieran porque el cambio de postura del ELA para favorecer las cooperativas provocó un ambiente de desigualdad entre acreedores./p

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No obstante, a preguntas de Michael Williams, del bufete Kirkland <><> Ellis que representa al gobierno, Meyer afirmó que estaría dispuesto a regresar a negociaciones con el BGF. 'Sólo necesitamos claridad sobre las reglas del camino', sostuvo./p

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La representación legal de U.S Bank Trust National Association, encabezada por el bufete Kramer Levin Naftalis <><> Frankel LLP, presentó como su único testigo a Laura Moran, vicepresidenta de ese administrador fiduciario. El reclamo de daños irreparables que alega esa entidad surge ante la declaración de estado de emergencia para la Universidad de Puerto Rico que autorizó la Orden Ejecutiva 31 que paralizó el pago a fiduciarios. Aunque reconoció que la institución mantiene $55 millones en la cuenta de reserva para el servicio de deuda, señaló que sería suficiente sólo para cubrir pagos hasta diciembre del próximo año. Aún así la defensa del ELA argumentó que para ese entonces entraría en vigor la JCF y determinará el rumbo que tomará la UPR en torno sus obligaciones.br /

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José Ramírez, de la firma Antonetti, Montalvo <><><><><><><><><><><> Ramírez que también forma parte de la defensa del ELA, sentó el viernes en el banquillo de los testigos a Yaimé Rullán Cabrera, secretaria auxiliar del Departamento de Hacienda, para testificar sobre la fragilidad de la situación fiscal de la Isla./p

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La testigo reveló que para el 30 de diciembre de 2015 la cuenta central del gobierno reflejaba un balance de $244 millones. El próximo día vencieron obligaciones del ELA que ascendían los $779 millones, por lo que Hacienda recomendó que en la manera que se puedan sostener servicios esenciales el estado debiera tomar medidas de emergencia incluyendo una moratoria a la deuda pública. Ante esta urgencia el gobernador Alejandro García Padilla emitió la Orden Administrativa 30 para declarar un periodo de emergencia sobre el ELA con el fin de dar prioridad a servicios esenciales./p

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Rullán Cabrera certificó además la delicada situación financiera del BGF. Indicó que al presente el agente fiscal cuenta con un balance de $394 millones que no están disponibles para retiro debido a la Orden Ejecutiva 14 que impuso una moratoria./p

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'[E]n términos prácticos y operacionales al no tener suficientes fondos para cumplir con las deudas que implicarían el no tener la orden ejecutiva ni la moratoria nos veríamos obligados a paralizar el gobierno, esperar hasta que entren suficientes recaudos para poder acumular suficiente para emitir los pagos adeudos por el gobierno, que de por sí sería imposible porque las propias agencias encargadas de fiscalizar que entren los recaudos para poder cumplir con todas las obligaciones del gobierno quedarían inoperantes', ilustró./p

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Agregó que esa eventualidad impediría al Estado a reaccionar sobre situaciones de emergencia, tal como el apagón masivo que hasta la noche del viernes aún mantenía a miles de puertorriqueños sin servicio eléctrico./p

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El viernes, ambas partes culminaron sus presentaciones y solicitaron a la corte a proveer las transcripciones del caso. Además solicitaron un plazo de 10 días a partir del recibimiento de esos documentos para redactar sus argumentos finales./p