La medida firmada por el gobernador obligaría a los familiares o encargados de adultos mayores a indemnizar al gobierno por los gastos incurridos con fondos hospitalarios. Sin embargo, no aseguraría la erradicación de esta conducta delictiva.

La nueva Ley 130-2024 que enmienda la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores registró 709 casos de abandono en centros hospitalarios para el 2022, según datos del Departamento de la Familia (DF).

Además, tras el paso de la tormenta tropical Ernesto, la agencia reportó un alza de sobre 60 referidos diarios por negligencia o abandono de envejecientes, una cifra que podría culminar en una estadística anual preocupante para el 2024, de volverse tendencia.

Si bien la medida representa un esfuerzo para combatir el desborde en gastos por parte de las instituciones médico hospitalarias, no se ocupa necesariamente de los factores externos que contribuyen a que una persona desatienda totalmente a un adulto mayor que tenga a su cargo.

“Debemos preguntarnos, ¿a dónde estos individuos dejarán abandonados a sus padres ahora? ¿Imponer sanciones más severas a quienes abandonan a sus seres queridos en instalaciones médicas disuadirá a algunos de cometer este acto inhumano? ¿Esto puede coaccionar a nuestros queridos viejos a la hora de decidir si van o no al hospital?”, se preguntó Ramón Alejandro Pabón, expresidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), a NotiCel.

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Pabón también cuestionó si ha habido un análisis profundo que revele las causas del problema y si permanece sobre la mesa llevar a cabo una reforma integral entre las agencias responsables de atender estos casos, como lo son Familia, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Departamento de Salud.

“Imponer una pena fija de tres años de cárcel por abandono, o hasta ocho si la vida del adulto corre peligro, puede sonar como una medida justa a prima facie. No obstante, lo ideal es que debemos asegurarnos de abordar las raíces del problema”, puntualizó el también exempleado de la Familia, quien añadió que muchos de los casos de abandono no se deben simplemente a la negligencia o la “maldad” de los familiares.

“Existen algunos factores más amplios en juego, como la falta de recursos económicos, una junta de control fiscal con una óptica puramente financiera, la escasez de servicios de cuidado a largo plazo, y la necesidad de más trabajadores sociales en el DF. Con el crecimiento demográfico de la población de adultos mayores, estos problemas son cada vez más preocupantes y requieren una respuesta multisectorial que incluya a la academia”, agregó.

Según estipula la medida, es el Departamento de Justicia quien debe mantener un registro de personas convictas por negligencia, abandono o explotación financiera hacia envejecientes, y tendrá hasta 48 horas para constar la presencia de maltrato, lo cual iniciaría los procesos judiciales correspondientes.

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Pabón, por su parte, ha conocido casos en los que el abandono resulta como un acto “desesperado” de familiares que enfrentan circunstancias emocionales o económicas.

“Recuerdo particularmente el caso de una hija que, tras llevar a su padre a un hospital, permaneció dos días con él y luego desapareció. Trágicamente, días después, nos enteramos de que ella se había suicidado. Estaba sumida en una depresión severa. Este caso ilustra que, más allá de la penalización, hay un problema social y económico subyacente que debemos abordar”, contó el licenciado.

“El problema del abandono de adultos mayores es mucho más profundo que lo que cualquier ley pueda abordar, y es mucho más compleja que la simple falta de cuidado por parte de los familiares. Esta problemática social debe ser atendida por todos nosotros y el gobierno no lo puede hacer todo, necesita el apoyo de la comunidad”, concluyó.

Organizaciones como la Asociación de Hospitales de Puerto Rico resaltaron que la Ley 130-2024 obliga a los familiares del envejeciente a reembolsar al gobierno, mas no a las instituciones médico hospitalarias, cuyos gastos actuales sobrepasan los $1.5 millones.