El Departamento de Justicia todavía no se ha comunicado con el NCF para discutir el alcance de esa nueva doctrina, pese a que necesitará de su peritaje para volver a litigar muchos de esos casos.

El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) juega un rol esencial en los procesos judiciales porque levanta la evidencia en las escenas criminales, elabora los informes periciales y provee los peritos que ayudan al ministerio fiscal a probar su caso.

Pero hasta el momento el Departamento de Justicia no ha compartido con el NCF su análisis sobre el alcance de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que anuló los veredictos por votación mayoritaria e instauró los veredictos unánimes, aunque requeriría de la colaboración de esta dependencia para litigar muchos de esos casos.

“No he sido notificada oficialmente de que esa decisión aplique a Puerto Rico”, indicó a NotiCel la comisionada del NCF, María Conte Miller.

“He visto lo que ha salido en la prensa sobre esa decisión y sabía que había una controversia de si aplicaba o no a Puerto Rico”, agregó sobre expresiones que realizó el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien descartó que aplicara a la isla.

El pasado 20 de abril, el Supremo federal determinó que el derecho a un juicio justo que se garantiza en la Constitución federal incluye el veredicto unánime en las causas penales, cambiando de manera inmediata el estado de derecho en el país. El precedente llegó cuando la curia acogió los planteamientos de la defensa de Evangelisto Ramos, un hombre convicto de asesinato en segundo grado por un jurado que emitió una votación de 10 a 2 en un juicio celebrado en el estado de Louisiana, en el 2016.

Poco después de divulgada la decisión, la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, admitió que el reconocimiento de este derecho fundamental se extendía a Puerto Rico. Una moción radicada el pasado 1 de mayo, y que avala la celebración de un nuevo juicio en el caso de Tomás Torres Rivera, un maestro convicto por actos lascivos y maltrato de menores, ofrece una mirada a la posición de la agencia.

“De entrada, adelantamos que la Oficina del Procurador General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, y debido a la jurisprudencia aplicable que discutiremos más adelante, acepta que la determinación de Ramos v. Louisiana, supra, aplica de forma general, a Puerto Rico. Por ende, está conforme con que en este caso se emita una determinación a los únicos efectos de ordenar un nuevo juicio solamente en los 3 cargos que el veredicto emitido no fue unánime, conforme al nuevo ordenamiento jurídico”, reza la moción firmada por el procurador general, Isaías Sánchez Báez.

“Contrario a lo que expone el peticionario, este no es un asunto de aplicación automática de una norma jurisprudencial novel en nuestro estado de derecho. Mucho menos debe interpretarse que aplica irrestrictamente a todos los casos en Puerto Rico”, añade al moción.

Torres Rivera resultó convicto en todos los cargos, pero solo en las tres acusaciones por actos lascivos el jurado rindió un veredicto dividido. La defensa solicitó la revocación de la sentencia en estos tres cargos, y Justicia reconoció su derecho a un juicio nuevo.

El caso Casellas

Pero el Departamento de Justicia todavía no se ha expresado formalmente en torno al caso de Pablo Casellas Toro, cuya defensa encabezó la lucha por el reconocimiento del veredicto unánime en Puerto Rico. El excorredor de seguros extingue una pena de 109 años de cárcel por el asesinato de su esposa Carmen Paredes Cintrón, ocurrida el 14 de julio de 2012. En los dos cargos graves que enfrentó, el jurado emitió un voto dividido de 11 a 1.

Longo Quiñones ya admitió que la decisión federal favorece a Casellas Toro, quien en el 2015 logró que el Tribunal de Apelaciones le concediera un nuevo juicio a la luz de la doctrina establecida por el caso de Sánchez Valle, que abordó el asunto de la doble exposición. En esa ocasión, el Tribunal Supremo federal concluyó que la isla no tiene soberanía dual para acusar a una persona que ya ha sido acusada en el foro federal. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, sin embargo, revocó al Apelativo basado en los precedentes que el Supremo federal acaba de derrotar.

Ante ese nuevo panorama, la defensa de Casellas Toro volvió a solicitar la anulación de veredicto y la celebración de un nuevo juicio. El Departamento de Justicia tiene hasta el 14 de mayo para mostrar causa “por la cual no debamos declarar nulo el veredicto”.

Pese a que no ha sido notificada del análisis de Justicia, Conte Miller indicó a NotiCel que conversó informalmente con la patóloga Rosa Rodríguez, quien realizó la autopsia a Paredes Cintrón y declaró en el juicio de Casellas Toro.

“La decisión (del Supremo federal) podría tener un impacto en la medida que esos peritos de forense que ya testificaron en una ocasión tienen que ahora testificar por segunda ocasión”, comentó Conte Miller.

“No se ha hecho el análisis todavía. Ciertamente Forense ha perdido en los últimos años más de un 50 por ciento de su fuerza pericial, de sus peritos. Mucha de esa gente renunció. Se retiró o está fuera de Puerto Rico”, agregó.

Conte Miller también planteó que esas bajas en el equipo de la agencia podrían afectar los juicios que se celebren a raíz de la nueva jurisprudencia puesto que los acusados tienen derecho a confrontar la prueba o los testigos.

“No sé cómo va a funcionar. Ahora mismo, el estado de derecho es que debe ser el perito que hizo el análisis el que testifica. Ha ocurrido en casos que no se han visto y que el perito ha renunciado y la fiscalía hace todo el esfuerzo para traer al perito de dónde esté”, apuntó la comisionada del NCF.

Además, explicó que el NCF no conserva la prueba de los casos, y que esta queda en bóveda en el tribunal luego de concluido el caso.