Wanda Vázquez podría ser arrestada si no acude a citación en la Cámara
La exgobernadora está citada para mañana a la 1:00 de la tarde
La exgobernadora Wanda Vázquez Garced está citada para acudir mañana a la 1:00 p.m. ante la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes y, de no acudir, este cuerpo legislativo podría pedir su arresto.
"Vamos a tener que ir a otros foros, probablemente buscar auxilio en el tribunal so pena de desacato. Seria la primera vez que nosotros en los pasados años citamos a diferentes testigos o deponentes y tendríamos que recurrir al tribunal, porque nunca se resisten o presentan alguna objeción a una citación como ésta", dijo el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico, a preguntas de NotiCel en Noti Uno 630.
A la pregunta de si eso significa mandar a arrestar a Vázquez Garced, el legislador popular contestó "definitivamente".
"El hecho de que sea una exgobernadora o fue una exsecretaria de Justicia no la pone por encima de ningún otro ciudadano. Y si cualquier ciudadano es citado por una comisión para investigar un asunto como éste caso, que es bastante sensitivo, decide no comparecer o no colaborar, pues tiene unas consecuencias", agregó Aponte.
La Comisión de lo Jurídico lleva a cabo una investigación sobre el funcionamiento del Departamento de Justicia, entre otras agencias de ley y orden, en el manejo de casos criminales. La primera deponente fue la fiscal Betzaida Quiñonez, quien denunció recientemente supuestas presiones recibidas que obstaculizaron varias investigaciones, entre estas el asesinato de Kevin Fret.
Uno de los abogados de Vázquez Garced dijo públicamente que su clienta no ha sido citada como corresponde. La citación fue mediante un correo electrónico. No obstante, Aponte aseguró que ese método es válido en el proceso legislativo.
"Yo no recibí una contestación formal de ese abogado, pero en el proceso de un tribunal sí hay una regla que aplica que necesita ser emplazada la persona personalmente para que el tribunal puede adquirir jurisdicción. Pero quizás el abogado está confundido y piensa que en este caso lo estamos citando al tribunal o estamos usando las reglas de procedimiento civil o criminal. Pero (en la legislatura) le aplica el reglamento aprobado por la Cámara de Representantes", explicó Aponte.
En caso de que la exsecretaria de Justicia comparezca ante la Comisión de lo Jurídico, su testimonio será bajo juramento y "se le orienta de lo que impone el reglamento de la comisión con relación a su participación. Se le está citando ya que se le hicieron unas imputaciones cuando ella era secretaria Justicia con relación a una paralización de unas investigaciones de unos casos criminales que estaban en curso y había visto unas declaraciones que ella le daba la bienvenida a cualquier investigación. Si ahora ella tiene reparos a comparecer a la asamblea legislativa no lo ha hecho de forma oficial, y sería contrario a lo que ella ha dicho anteriormente", abundó Aponte, quien mencionó al presidente de LUMA Energy Wayne Stensby, como el caso que recuerda de alguien que hubo que mandar a arrestar por no comparecer ante una comisión legislativa.
Vázquez Garced enfrenta acusaciones en la jurisdicción federal por siete cargos de soborno por participar de un esquema con otras cuatro personas para financiar su campaña política a la reelección a la gobernación en el 2020.
Según la fiscalía federal, Vázquez Garced formó parte del esquema de soborno junto con el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, el consultor político John Stanley Blakeman Ortiz, la expresidenta de Bancrédito International Bank & Trust, Frances Diaz Fossé y el exagente del FBI, Mark Rossini.
Según la acusación, Vázquez Garced aceptó en febrero del 2020 destituir al comisionado George Richard Joyner Kelly para sustituirlo por el candidato preferido, de Herrera Velutini, Víctor Rodríguez Bonilla, quien había sido consultor de Bancrédito. Ello, a cambio del pago de $300,000 a consultores políticos para la campaña política para la primaria novoprogresista.
De ser encontrados culpables, se exponen a una pena de hasta 20 años de prisión.
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