El juez Anthony Cuevas Ramos otorgó un plazo de 48 horas a la defensa de Orlando Aponte Rosario para responder los señalamientos académicos de recursos judiciales presentados ante el tribunal para retirar de inmediato las escoltas del exgobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y posteriormente emitir una sentencia declaratoria para desautorizarle el beneficio permanentemente.

La demanda de Aponte Rosario impugna las decisiones hechas por el comisionado de la Policía, Henry Escalera, quien figura como el demandado en este caso.

Los pedidos de la defensa forman parte de una demanda presentada a mediados de agosto – cuando Rosselló Nevares aún tenía dos agentes de la Policía asignados para seguridad – y que argumentaba que, por tratarse de fondos públicos a beneficio de una persona privada, la asignación de seguridad por parte de la Policía no procedía.

A esos efectos, la demanda incluyó un recurso de interdicto provisional para exigir se retiren las escoltas de inmediato, una solicitud de mandamus para que el Comisionado de la Policía desista de proveer recursos de la Policía a personas privadas y una sentencia declaratoria para determinar que la elegibilidad al servicio de escoltas solo aplica a exgobernantes que cumplieron la totalidad de su término electivo.

La demanda, sin embargo, confronta un escollo evidente tras la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que se no renueve el periodo de 30 días de servicio de escoltas a Rosselló Nevares, el cual autorizo algunos días antes Pedro Pierluisi Urrutía en su breve estadía en La Fortaleza. La defensa de la Policía, conformada por los abogados Tania Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodovar, argumentaron que ante esos sucesos, los reclamos consignados en el interdicto y en la solicitud de mandamus se tornaron académicos, por lo que no existe controversia para dilucidar.

A esos efectos, los abogados de la Policía señalaron también que el demandante en este caso, un residente de Barranquitas que argumenta que el daño experimentado por la asignación de escoltas se ha reflejado en el cierre de cuarteles de la Policía en su municipio, no cumple con los requisitos del tribunal para demostrar que tiene legitimación activa para llevar la controversia. De paso, señalaron que la defensa tampoco abundó sobre el daño irreparable que sufriría su cliente, más allá de una serie de artículos periodísticos que abundan sobre las escoltas y el cierre de cuarteles.

Cintrón Almodovar planteó que los demandantes en este caso pretenden recurrir a la corte para obtener una opinión sobre la legalidad del uso de escoltas provistas por la Policía. Sostuvo además que la controversia planteada no ha madurado pues Rosselló Nevares permanece, sin escoltas, en Estados Unidos, señalando que a esta etapa el reclamo es especulativo.

Los demandantes insistieron que los reclamos del caso, particularmente la sentencia declaratoria, aún no se han tornado académicas por no existir remedio en ley para determinar si en efecto un exgobernador que no ha cumplido su termino puede gozar del servicio de escoltas mientras esté en Puerto Rico. Sobre el asunto de legitimación activa, Alberto Rivera Ramos argumentó que el tema de las escoltas cobró interés público por lo que el tribunal podría liberalizar la legitimación activa de los comparecientes.

El juez Cuevas Ramos, quien se mostró inclinado a los argumentos de la parte demandada, concedió un periodo de 48 horas a la defensa para que contesten las objeciones planteadas tanto por la parte demandada como por el tribunal. En ese sentido, advirtió que de resolver el caso a esta coyuntura, se inclinaría por conceder la moción de desestimación radicada por la Policía, por entender que los remedios solicitados no se sostienen a la luz del retiro de las escoltas.

'Aquí los tribunales no estamos para decir que está bien y que está mal… estamos para decidir', expresó el juez Cuevas Ramos antes de culminar la vista.