Lejos de lo que ha sido la norma por los pasados años, la Primera Familia del país cuenta con dos personas que se han desempañado y continuarían desempeñándose en dos de las tres ramas constitucionales de gobierno, a saber, la Ejecutiva y la Judicial, pese a los posibles señalamientos de conflicto de interes contra sus protagonistas: la gobernadora Wanda Vázquez Garced y su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón.

Mientras que ambos han enfrentado cuestionamientos eticos en el pasado por sus respectivas posiciones, el presente resuena con las mismas preguntas que son y han sido relegadas a un segundo plano por el matrimonio, pero que mantienen alerta a quienes suponen fiscalizarlos.

Díaz Reverón comenzó a servir en la judicatura en diciembre de 2009, bajo la administración del entonces gobernador Luis Fortuño Burset. Al mismo tiempo, Vázquez Garced pasó de ser fiscal a Procuradora de la Mujer.

Hasta hace una semana, la licenciada ocupaba la secretaría del Departamento de Justicia a la misma vez que su esposo era juez superior en asuntos criminales en el Centro Judicial de Caguas. No obstante, la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la ausencia de un Secretario de Estado en propiedad --pese a los intentos de gobernar de Pedro Pierluisi Urrutia-- convirtieron a Vázquez Garced en la primera en línea para ocupar el máximo cargo Ejecutivo.

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'Al momento la Gobernadora no ha solicitado una consulta a la oficina desde que asumió su posición como Gobernadora de Puerto Rico', señaló Jennifer Rodríguez Ayala, portavoz de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), quien explicó que cualquier servidor público que entienda que se vaya a enfrentar a un potencial conflicto de interes, tiene el deber de acudir a Ética.

En diciembre de 2018, el juez superior fue removido de la sala 303 del área criminal en el marco de una investigación en su contra por una alegada intervención indebida en una fecha previa a la vista de Regla 6 que enfrentó su esposa, tambien por alegada intervención indebida en otro caso elevado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Parte de las alegaciones contra Díaz Reverón abordaban que el juez utilizó su poder en la banca para intervenir con uno de los testigos del caso contra Vázquez Garced, asunto que luego fue resuelto en su favor por la Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal Supremo.

No obstante, en el trayecto, Díaz Reverón fue trasladado a la sala 701 para presidir asuntos civiles, tambien en Caguas, donde continúa ejerciendo en esa región judicial.

'Cuando el era juez de lo penal, desde la delegación de Caguas recibimos la preocupación y pidieron su inhibición. Luego, al pasar a lo civil, en la medida en que el caso sea entre partes privadas y no incluya al gobierno, un caso de cobro de dinero o hipoteca por ejemplo, no habría un conflicto evidente o prima facie. De ordinario las demandas contra el Estado se radican en San Juan, eso no significa que no se radiquen en Caguas, pero tambien hay unos cánones de etica judicial. El juez no puede participar en un caso que haya una mera apariencia de conflicto', esbozó el licenciado Edgardo Román Espada, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Román Espada señaló que hay varios mecanismos preventivos a los que el juez Díaz Reverón podría recurrir cuando entienda que podría estar en conflicto, como la inhibición, que es voluntaria. Otra medida de precaución sería pasar el asunto a un 'juez pareja', o sea, a otro magistrado, pues es común que los jueces se intercambien los casos para mantener una estadística de casos asignados.

'En el área civil, la inmensa mayoría son casos de relaciones de familias. Él debe estar viendo casos civiles que son de daños y perjuicios, en esta epoca hay un alza en la ejecución de hipotecas tambien. Mayor preocupación era cuando era juez de lo criminal y su esposa era Secretaria. El Tribunal Supremo no lo consideró, pero era un planteamiento bien serio y uno quiere una comunidad [legal] en la que se propicie la confianza', recordó Román Espada.

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En la primera mitad del 2018, el Tribunal Supremo tuvo ante su consideración la relación matrimonial entre Vázquez Garced y Díaz Reverón en aras de dilucidar posibles conflictos de interes y derechos constitucionales al ambos ejercer sus respectivos cargos de manera simultánea.

La petición provino de Jean Carlos Ramos León, quien enfrentaba cargos bajo la Ley de Armas y por sustancias controladas en la sala de Díaz Reverón desde el 9 de marzo de ese año. A traves de su abogado, Javier Santiago Santos, el imputado reclamó su derecho constitucional a un 'juicio justo e imparcial', precepto afectado por la aparente existencia de parcialidad y prejuicio del juez a cargo en favor del Estado, debido a su relación matrimonial con la entonces Secretaria de Justicia.

Aunque el alto foro no se expresó sobre la controversia, la inacción fue precedida por maniobras por parte de Vázquez Garced para evitar señalamientos adversos.

En abril, la entonces Secretaria cursó una carta a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, en la cual informó su decisión de inhibirse de todos los asuntos en procesos criminales que requirieran una determinación de su parte en su rol como representante del Estado y que se encontraran ante la consideración de su esposo.

En la misiva, la exsecretaria dejó en manos de la jefa de Fiscales, Olga B. Castellón Miranda, quien ocupa el cargo por destaque desde Fiscalía Federal, y/o en su defecto con la entonces subsecretaria de Justicia Grisel Santiago Calderón, quien ahora dirige el Departamento de manera interina tras el asenso de Vázquez Garced.

Sumado a eso, el Tribunal Apelativo exhortó a la entonces Secretaria a que implementara controles para proteger la etica de su esposo y de la agencia y así evitar la percepción de que compartían confidencias e impresiones sobre casos criminales.

En una resolución con fecha del 31 de mayo, el foro apelativo sugirió a Justicia la designación de un funcionario de esa agencia para que atendiera toda decisión relativa a los casos pendientes de la sala de Díaz Reverón. No obstante, estas medidas le parecieron innecesarias a Vázquez Garced porque ya había implementado una Orden Administrativa que atendía estas preocupaciones.

'Anteriormente existe una Orden Administrativa que ya dispone que la Secretaria no interviene para nada, se puso en el recurso, así que esas son las medidas que el Departamento, no ahora, ha tomado con relación a eso', expresó Vázquez Garced en ese momento, declaraciones que se hacen eco de lo que ha sido su posición y la de su esposo desde el primer día en que se les planteó el conflicto.

Desde un inicio, Vázquez Garced tildó estos cuestionamientos de virulentos y acomodaticios, a toda vez que indicó que llegó a su cargo siete años despues de que su esposo fuera nombrado juez por sus propios meritos y luego de una trayectoria de excelencia. Incluso, en entrevistas en su segundo día como Gobernadora de Puerto Rico, Vázquez Garced reiteró que su esposo seguiría desempeñándose como juez porque ese era su trabajo.

En un escrito del 26 de marzo, luego de presentársele estos cuestionamientos, el juez Díaz Reverón refirió a la oficina del Juez Administrador Regional su negativa de inhibirse, no sin antes argumentar: '¿Tengo que renunciar a mi profesión que tanto sacrificio me ha costado llegar a ella?, o ¿cuál sería el próximo paso en mi contra?, ¿pedirme la renuncia porque no saben dónde asignarme? Totalmente irracional'.

La Oficina de Administración de Tribunales (OAT), por su parte, indicó a traves de su director de prensa, Daniel Rodríguez-León, que 'al momento no se contempla adoptar ninguna medida especial' respecto a si mediaría alguna consideración adicional con el juez Díaz Reverón ahora que Vázquez Garced es gobernadora.

El caso de Díaz Reverón se distancia, además, la licenciada Liza Fernández Rodríguez, quien renunció a su cargo en la judicatura para dedicarle más tiempo a la crianza de sus dos hijas y a asumir mayor presencia como primera dama del Municipio de Guaynabo. Fernández Rodríguez fue jueza superior desde el 18 de marzo de 2013 en el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo y fue quien le tomó el juramento a su esposo, Ángel Perez Otero, cuando este asumió la alcaldía.

En cuanto a Vázquez Garced, fue la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo quien le tomó el juramento, luego de que ese alto foro decretara que Pierluisi Urrutia había ocupado el cargo de forma inconstitucional.