Una demanda federal de la firma consultora puertorriqueña Politank contra la Coalición de Bonistas Senior de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) ofrece un pequeño vistazo al vasto mundo del cabildeo que se lleva a cabo por la negociación de la deuda de Puerto Rico, destapando el rol y recompensa de terceros contratados para influenciar en este proceso a favor de una parte.

Los hechos se remontan al 2015 cuando Politank -dirigida por Francisco Domenech, quien a su vez recibe asesoría directa del expresidente del Senado, Kenneth McClintock- fue retenida por el bufete Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan LLP para cabildear, 'en varios niveles del gobierno de Puerto Rico' para alcanzar un plan consensual para el pago de la deuda de COFINA. Para estos servicios, el acuerdo estableció una remuneración mensual de hasta $55,000, más una bonificación en caso de lograr un acuerdo favorable en la disputa entre los bonistas de COFINA y los del Gobierno central.

Según un fragmento del contrato ilustrado en la demanda, las bonificaciones estaban atadas a un plan consensual para favorecer a la Coalición en el caso que persigue dilucidar la titularidad de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y que parte -si alguna- iría los bonistas del Gobierno central. Si lograban un acuerdo en el que la Coalición recuperara el 95% o más de su inversión, Politank tendría derecho a un bono de $3,000,000, mientras que si lograban un acuerdo que recuperara hasta el 82.5% de la inversión cobrarían un bono de $250,000.

La dinámica de la bonificación, por tanto, implica que mientras más el pueblo de Puerto Rico tuviera que repagar a los bonistas, más es la compensación de los cabilderos. Además, si el acuerdo se lograba antes del 31 de mayo, el contrato estipula un segundo bono, esta vez de un 20% del total del bono primario. Del mismo modo, si el acuerdo se terminaba con causa, la Coalición no estaría obligada a pagar el bono.

A principios de junio el agente que representa a los bonistas de COFINA en el caso por la titularidad del IVU anunció que llegaron a un acuerdo en principio con el agente que representa a los bonistas del Gobierno central. Tras informarlo a la jueza a cargo del caso de Título III, Laura Taylor Swain, las partes acordaron afinar los detalles del potencial acuerdo en los próximos 60 días.

En la demanda, se plantea que este anuncio es el tipo de logro que activaría la 'tarifa de exito' y específicamente se adelanta que el acuerdo le dejaría al menos un 90% de repago a los bonistas por lo que, según la tabla de bonificación, Politank se plantea merecedor de al menos $1.2 millones en 'tarifa de exito'.

Con sus alegaciones, Politank revela el andamiaje en que se involucran potencialmente múltiples cabilderos que, aunque no forman parte de los consultores oficiales involucrados en el caso de Título III, ejercen presión a favor de los acreedores que sí forman parte del pleito con el fin de maximizar su retorno de inversión. Este tipo de intervención no es posible bajo el actual proceso de mediación que dirige la jueza Barbara Houser en la disputa sobre la titularidad del IVU entre bonistas de COFINA y los del Gobierno pues las negociaciones son privadas para salvaguardar la franqueza entre las partes y conducir a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

El trayecto de Politank con la negociación de la deuda pública tomó un giro negativo para el cabildero el 5 de abril cuando se le notificó la cancelación súbita del contrato. El abogado Susheel Kirpilani, representante de Quinn Emanuel, canceló el acuerdo 'con y sin causa' por una supuesta violación a la ley incurrida por Politank en violación al contrato entre las partes.

Politank tambien alega que tenían contratos similares de consultoría con otros acreedores del Gobierno y sus dependencias y que, igual, estos contratos fueron cancelados ese día y acusan a Quinn Emanuel y la Coalición de conocer de estos contratos y de difundir información sobre la supuesta ilegalidad que cometió la firma provocando otras cancelaciones.

Del escrito legal tambien se desprende que uno de los clientes bonistas de Politank le indicó a la firma consultora que fueron presionados por Quinn Emanuel y la Coalición a terminar el contrato.

Aunque la demanda de Politank no especifica cuál fue la ilegalidad cometida por Politank, la fecha de la terminación del acuerdo -5 de abril- coincide con la publicación de las querellas policiacas contra Domenech radicadas por su esposa, la abogada Veronica Ferraiuoli Hornedo, quien le acusó de violencia domestica. El caso quedó en una desestimación de los cargos contra Domenech, debido a que Ferraiouli Hornedo nunca compareció al tribunal para testificar.

Politank subrayó en las alegaciones que cualquier ilegalidad que haya cometido alguno de sus accionistas no es una ilegalidad de la firma y que, en todo caso, sostienen que 'no se ha encontrado que ningún accionista de Politank haya incurrido en mala conducta que constituya causa (para cancelar el acuerdo)'. Ambos, Domenech y Ferraiouli Hornedo trabajan en Politank y ambos tambien son cercanos a la comisionada residente Jennifer González. De hecho, Domenech fue su director de campaña.

En la demanda, Politank reclama el pago de los $170,822.08 adeudados por la Coalición por servicios rendidos, el pago de $110,000 más por interes por concepto de retención y el pago del bono por exito, estimado entre $1,275,000 y $3,600,000. La base para justificar el desembolso del bono por exito supone ser la opinión de expertos en la materia que, según Politank, anticiparon que el valor de recuperación de los bonos de la Coalición (los bonos senior de COFINA) será de entre 90% y 95% su valor original, aunque esperan que ese valor baje para obtener el apoyo de los bonistas subordinados (o 'junior) de la corporación.

Además, reclaman el pago de $1,000,000 por difamación y $160,000 por interferir en las relaciones contractuales de Politank y sus otros clientes.

Para la demanda radicada el 3 de julio, Politank es representado legalmente por la abogada Dora Monserrate Peñagarícano y la propia Ferraiuoli Hornedo.

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