La defensa legal de la Junta de Control Fiscal (JCF) no logró convencer a la jueza Laura Taylor Swain que la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA en ingles) le confiere autoridad suficiente para ejercer control de las entidades bajo su supervisión.

A su vez, la ofensiva que enfrentó la Junta durante la vista para atender la designación de un Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Electrica (AEE), demostró que la Ley PROMESA es lo suficientemente clara para establecer el alcance del poder de ese cuerpo.

El lunes la jueza Swain decidió en contra de una moción presentada por la JCF a los efectos de confirmar la designación de Noel Zamot - quien se desempeña como Coordinador de Revitalización bajo PROMESA - para que sea Oficial de Transformación de la Autoridad. La expectativa de la Junta era que Zamot estuviese en la cima gerencial de la corporación pública, ejerciendo funciones que corresponden al director ejecutivo de la AEE, puesto que al presente ocupa Ricardo Ramos.

Según arguyó el abogado de la JCF, Martin Bienenstock, de la firma Proskauer Rose, el Título III de PROMESA convierte a la Junta en el fideicomisario (trustee) de la AEE y por tanto, en acorde con las disposiciones del código de quiebras federal - que supone ser la base estatutaria de PROMESA - confiere. Por tanto, están dentro su derecho de ejercer controles adicionales a la corporación pública.

Del mismo modo, Bienestock señaló que PROMESA es más directa a la hora de precisar que es el gobierno quien mantiene control de sus poderes de gobernanza y política, mas sin embargo la Junta puede mantener control de la propiedad y los recaudos del deudor (en este caso la AEE). Para el abogado, esto no reta el poder del gobierno y solo manifiesta el poder que tiene la Junta en su rol de fiduciario de un deudor.

Bienenstock resumió la decisión de imponer un Oficial de Transformación como una de negocios, indicando que la Autoridad se debe gerenciar como un negocio, respondiendo a las intenciones del Congreso a que así sea. No obstante, hizo hincapie en que esto no se traduce a la remoción de funcionarios designados por la vía política del gobierno.

Este planteamiento fue fuertemente objetado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), cuyo abogado, Peter Friedman - de la firma O'Melveny & Myers - sentenció que en la altura de su poder la JCF no puede eliminar funcionarios del gobierno. Más aun, los poderes de la Junta se circunscriben a emitir recomendaciones al gobernador y aprobar planes fiscales.

A juicio de Friedman, el argumento de la Junta era destacar que ya tenían ciertos poderes bajo PROMESA y por tanto dicen que tienen derecho a todos los poderes que tiene el gobierno, un planteamiento que trastocaría el balance delicado de poderes que PROMESA creó.

Del mismo modo, la AAFAF señaló que si la intención del Congreso era a los efectos de que la JCF pudiese ejercer control sobre dependencias del estado, así lo hubiesen plasmado en el texto del estatuto.

Otra cláusula de PROMESA a la que la AAFAF hizo referencia para demostrar aun más el poder limitado de la Junta fue la sección 108ª de ese estatuto federal que prohíbe al gobierno o la legislatura local aprobar política pública que vaya en contra de las medidas que imponga la JCF. Friedman argumentó que más allá de ser una disposición que aparenta limitar el poder constitucional del gobierno local, sirve como una barandilla para que la Junta permanezca dentro su misión.

La defensa legal de la JCF, difirió de ese razonamiento, indicando que la sección 108ª demostraba aun más la intención del Congreso era limitar los poderes decisionales del gobierno local.

El argumento de que la Junta estaba solicitando que el tribunal establezca un precedente para conferirles más poderes fue reiterado por la defensa legal del grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE, la aseguradora de bonos National Public Finance Guarantee (NPFG) y la Junta de Gobierno de la AEE.

Para el abogado de Scotiabank de Puerto Rico, Richard Mason de la firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, la moción de la JCF hubiese suplantado la gerencia de la AEE por la duración del caso de Título III. Sostuvo además que la interpretación de la sección 305 de PROMESA - la cual impone límites al poder de la corte - restringe el poder de la Junta a tomar decisiones que haya aprobado de antemano con el gobierno.

Los procedimientos del lunes fueron resumidos de manera sucinta por la abogada de NPFG, Marcia Goldstein quien declaró en su intervención ante la jueza Swain que la JCF hizo de la vista una 'batalla por autoridad'. De haber prevalecido, la JCF se hubiese situado encima del gobierno, abriendo la puerta para designaciones adicionales a otras entidades bajo la supervisión de la Junta para reemplazar sus operaciones gerenciales.