Luego de una asamblea de abogadas aprobara una resolución para que la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, actualice una investigación sobre discrimen por genero en los tribunales del país; la titular de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Lersy Boria, busca moverse en la misma línea.

Sobre el particular, Boria le solicitó hoy, miercoles, a Oronoz que atienda directamente la manera en que se llevan a cabo los procesos judiciales en casos de violencia domestica, alegando que en ocasiones los casos es dilatan por jueces.

En esa línea, indicó que personalmente ha asistido a varias vistas en los tribunales, acompañando a víctimas sobrevivientes de casos de violencia, y los jueces en lugar de hacer justicia y velar por la protección de las víctimas, optan por posponer las vistas o trasladar los casos a otras regiones judiciales. La funcionaria explicó que estos atrasos representan una falta a la protección de la víctima, ya que el Artículo 2.5 de la Ley Núm. 54-1989, establece que la vista debe celebrarse dentro de los veinte (20) días de haberse expedido una orden ex parte.

'Por esta razón, le solicitamos a la jueza presidenta una reunión para resolver las situaciones que obstaculizan procesos judiciales, revictimizan y perjudican a las víctimas sobrevivientes. Es importante y meritorio que se atienda la situación lo antes posible', expresó la procuradora en comunicación escrita.

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Algunas de las situaciones que constantemente ha señalado personal de la OPM es la falta de servicios especializados y adiestrados en el tema de protocolo, manejo y sensibilización de las victimas sobrevivientes de violencia domestica; falta de seguridad para victimas en las salas de espera y que no se les provee prioridad a estos casos.

De igual forma, la procuradora indicó que se ha reunido con el administrador de la Administración de Tribunales, el juez Sigfrido Steidel Figueroa para atender este tipo de reclamos. 'En reunión con el juez administrador, se mostró preocupado y comprometido con atender este tipo de situación, sin embargo, no hemos visto ningún cambio acción proactiva para mejorar esta crisis que aqueja a las víctimas de violencia domestica'.

Por su parte, Steidel Figueroa destacó que la Rama Judicial 'reconoce la gravedad del problema de violencia de genero que existe en Puerto Rico. Por ello, durante los pasados años y a pesar de las limitaciones presupuestarias, se han ampliado y fortalecido, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, los programas que atienden este tipo de casos, como los son las salas especializadas de violencia domestica, y se han hecho grandes esfuerzos para capacitar a todo el personal judicial que interviene en ellos'.

En una misiva enviada a Oronoz, Boria narró el caso más reciente traído a la división legal de su oficina, el pasado 6 de marzo de 2019. 'Recibimos una llamada por parte de una licenciada que tenía inquiet udes sobre un caso de una petición de orden de protección al amparo de la Ley Núm. 54-1989, en el cual ya se había expedido una orden de protección ex parte, pero el caso ha sido trasladado de tribunal en tres (3) ocasiones. Actualmente, se está ventilando ante el Tribunal de Primera Instancia en Guayama. El 12 de marzo de 2019 estaba pautada la vista final de la orden de protección ex parte, sin embargo, la Honorable juez se negó a ver la vista en su fondo a pesar de que estaban las partes presentes, y todos habían sido debidamente citados. La honorable juez citó a las partes nuevamente para la vista final el 17 de abril de 2019'.

No obstante, la Rama Judicial expresó que, según la información provista por la Región Judicial de Guayama, el proceso judicial sobre el cual la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha formulado inquietudes se expidió una orden de protección ex parte a favor de la parte peticionaria el mismo día que se solicitó y continúa en vigor.

'Durante el trámite judicial, se han presentado solicitudes de posposición de vista por ambas partes, se solicitó la inhibición de uno de los jueces, se solicitó el traslado del caso a otra región y se autorizó realizar descubrimiento de prueba según lo solicitó una de las partes. Todo ello ha incidido en que la fecha de la vista final de ese procedimiento haya sido pospuesta. Actualmente está pautada para el mes de abril', lee un comunicado.

'Esperamos poder reunirnos con la jueza presidenta, y así poder atender situaciones como esta, que representan un atropello a las víctimas que buscan protección en nuestro sistema jurídico', sostuvo Boria.