Las “autorizaciones de uso de emergencia” se emiten después de evaluación científica y solo obligan a informar a la persona sobre la facultad que tienen para aceptar o rechazar la vacuna.

La designación de “autorización de uso de emergencia” (EUA) bajo la cual se administran las tres vacunas contra el COVID-19 ha provocado que en Estados Unidos y en Puerto Rico se argumente que los requerimientos de vacunación son inválidos, pero el Departamento de Justicia federal emitió un memo a Casa Blanca donde se sustenta legalmente que esa calificación de las vacunas no incide sobre estos requerimientos, o mandatos de vacunación en los sectores público y privado.

El documento fue emitido el 6 de julio, pero no se discutió públicamente hasta la semana pasada, cuando el presidente Joseph Biden impuso un requisito de vacunación para los empleados federales que el Gobernador impuso también casi simultáneamente a los empleados del Gobierno de Puerto Rico.

La designación de estado de emergencia bajo la cual se administran las vacunas de COVID-19 ha provocado cuestionamientos legales en Estados Unidos sobre los requerimientos de vacunación, que no han prosperado, y también es una de las bases que usa una demanda en Puerto Rico sometida la semana pasada.

El término "EUA" no implica que la vacuna o medicamento en cuestión no ha sido evaluado médicamente. Lo que implica es que los manufactureros han sometido a la FDA la prueba científica que la agencia estableció en cada caso y que la agencia ha evaluado esa evidencia y ha hecho una determinación de que los beneficios, en este caso de las vacunas, para atender la emergencia médica sobrepasan por mucho los riesgos que conlleve su administración, además de que no hay otra alternativa para atender esa condición seria o mortal que amenaza a la población.

Como parte de la EUA, la FDA mantiene el medicamento bajo vigilancia rigurosa para detectar cualquier varianza importante con relación a los estudios que los manufactureros realizaron. Ese sistema, por ejemplo, fue el que detectó los casos de coágulos sanguíneos que provocaron la suspensión temporera de la inoculación con la vacuna Janssen.

También como parte de la EUA, explica el memo a Casa Blanca, la FDA puede determinar el lenguaje que tendrá la notificación que acompañará la vacuna para obtener el consentimiento de las personas antes de la vacunación. En cuanto a las vacunas contra el coronavirus, el lenguaje en cuestión dice que “[e]s su opción recibir o no recibir (la vacuna). Si decide no recibirla, no cambiará su estándar de cuidado médico”.

Esta frase se ha usado para argumentar que no se pueden imponer requisitos de vacunación en sistemas escolares, lugares de empleo o cualquier otro sitio que un estado decida como parte de su estrategia de salud pública contra la pandemia. Pero el memo concluye que esa facultad de la FDA “atiende solo la provisión de información a los recipientes potenciales de la vacuna y no prohíbe que entidades públicas o privadas impongan requerimientos de vacunas que están sujetas a EUA… ni las condiciones estatutarias de autorización ni la Hoja Informativa (de las vacunas) propone restringir en ningún contexto a las entidades públicas o privadas de insistir en la vacunación”. Añade el memo que tampoco sería obligatorio que la FDA incluya en la Hoja Informativa todas las consecuencias sociales que podría enfrentar la persona por no estar vacunado.

El concepto de la EUA lo introdujo el expresidente George W. Bush en 2003 como una medida de seguridad nacional para acelerar la disponibilidad de tratamientos y vacunas contra amenazas biológicas como la plaga, el ébola, el ántrax y la toxina botulínica. El estatuto que recoge el concepto es la Sección 564 de la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos.

Antes del COVID-19, la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA) había emitido 65 EUA, pero desde la emergencia por el coronavirus ha emitido más de 600, incluyendo para pruebas diagnósticas, equipo de protección especial y las tres vacunas administradas actualmente. Como indica su nombre, los EUA solo se activan en casos de emergencia.

En otro documento, el Servicio de Investigaciones del Congreso ofreció orientación a los legisladores federales en torno al esquema legal sobre el cual se podrían imponer mandatos de vacunación.

Indicaron que no hay decisión que interprete la Sección 564 que provee para la EUA de las vacunas y que todos los estados, así como el Distrito de Columbia y Puerto Rico, tienen leyes que mandatan vacunas para los niños de edad escolar.

Relativo a los reclamos que se hicieron en la demanda que sobre 300 personas presentaron el jueves pasado, y que se discutirá en vista el martes, en cuanto a cómo los requisitos de vacunación infringen distintos derechos personales de los que no quieran vacunarse, el documento congresional indica que “los tribunales han reconocido pocas limitaciones, basadas en derechos individuales, a la capacidad de imponer requisitos de vacunación mandatoria”.

El informe también argumenta que los mandatos de vacunación generalmente no requieren la inoculación en contra de la voluntad de la persona, sino que imponen consecuencias a los individuos que rehúsen la vacunación. De esta manera, no violenta el lenguaje del consentimiento bajo la Sección 564 que informa a la persona de su libertad a aceptar o no la vacuna.

Concluye que, a nivel del gobierno federal, hay dos maneras de atender los mandatos de vacunación, una sería bajo la autoridad del Secretario de Salud y otra sería con el poder que tiene el Congreso para hacer asignaciones de dinero a los estados con el propósito de “incentivar” una conducta o política pública particular.

Vea:

Presentan demanda que reta el mandato de vacunación contra COVID-19 en escuelas

Para ver la opinión del Departamento de Justicia federal, pulse aquí.

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