Surima Quiñones había solicitado derecho de acceso a información pública

El juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, Anthony Cuevas Ramos ordenó el martes mediante sentencia a que el secretario del Departamento de La Familia, Orlando López Belmonte entregue los documentos públicos que llevaron al despido de la Administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones Suárez y concedió un plazo de 24 horas para que se entreguen los documentos sin edición alguna.

A tal objetivo, Quiñones Suárez solicitó un recurso de mandamus, derecho de acceso a información pública contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la secretaria de Justicia designada, María del C. Carrau Martínez, el titular del Departamento de La Familia y la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

“Este Tribunal declara Ha Lugar la moción de desestimación presentadas por la OPFEI y, como consecuencia, se desestima el caso solo en cuanto a la OPFEI. Además de lo anterior, se declara No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por el Gobierno. En su consecuencia, se ordena al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de la Familia a entregar, en el término final de 24 horas y sin edición alguna, los documentos solicitados por la señora Surima Quiñones Suárez”, reza la sentencia.

Quiñones le solicitó al secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, la entrega de varios documentos públicos relacionados con una investigación preliminar y final que fueron el fundamento para el despido de la señora Quiñones de su puesto como Administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). Entre los documentos solicitados se encuentran: los informes o memorandos de investigación preliminar y final relacionados a la determinación del cargo de la señora Quiñones; la evidencia, documentos, declaraciones juradas y/o escritos que sirven de base para los informes; y el expediente relacionado a la separación de la señora Quiñones de su puesto.

El Departamento de la Familia denegó la solicitud y alegó que estos documentos son confidenciales.