Sobre 60 abogados y abogadas fueron suspendidos este mes del ejercicio de la abogacía y notaría por incumplimiento con el Programa de Educación Jurídica Continua y no acatar las órdenes del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Según una Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico con fecha del 13 de abril de 2022, "el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) nos refirió un grupo de abogados y abogadas que incumplieron con los requisitos de educación continua para uno o más periodos. A tales efectos, emitimos Resoluciones concediendo plazos para que los abogados y las abogadas que no habían comparecido mostraran causa por la cual no se les debía suspender del ejercicio de la profesión por incumplir con los requisitos de educación continua y por no comparecer ante el PEJC cuando les fue requerido".

El documento establece que debido a la pandemia, hubo algunas concesiones con esos abogados y abogadas para que pudieran cumplir con lo requerido.

"En aras de mantener un balance entre el imperativo de ostentar el grado más alto de competencia entre las y los integrantes de nuestra profesión y los efectos en sus circunstancias particulares a raíz de los eventos naturales ocurridos en nuestra historia reciente, así como en consideración del estado de emergencia vigente por la pandemia del COVID-19, otorgamos una serie de concesiones que incluyeron prórrogas, relevos de pagos de multa por cumplimiento tardío y la posposición de avisos de incumplimiento", agrega la resolución.

No obstante un grupo no cumplió con los requerimientos, por lo que fueron suspendidos.

"Pasado más de un año sin que hayan comparecido según requerido, a pesar de que les concedieron múltiples oportunidades, ordenamos mediante esta Resolución la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía de las y los profesionales del Derecho siguientes por incumplir con los requerimientos del PEJC y las órdenes de este Tribunal", agrega la Resolución.

Entre los suspendidos está Luis Daniel Rosa Velázquez, quien es esposo de Tamara Vargas, exdirectora ejecutiva de la Academia Judicial.

Mira la Resolución con los nombres de los abogados y abogadas que recibieron la suspensión:

La Resolución, firmada por el secretario del Tribunal Supremo, Javier O. Sepúlveda Rodríguez, agrega que a los sancionados "se les impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándolos y devolverles cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados. Además, deberán informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tengan asuntos pendientes. Por último, deberán acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación de esta Resolución. No hacerlo pudiere conllevar que no se les reinstale cuando lo soliciten".