El Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que los veredictos de culpabilidad en casos penales graves tienen que ser unánimes.

La Secretaria de Justicia admitió hoy que el veredicto de culpabilidad contra el excorredor de seguros Pablo Casellas Toro, por el asesinato de su esposa Carmen Paredes, es uno de los casos que podría ser revisado bajo la norma que impuso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el lunes de que los veredictos de culpabilidad en casos penales graves tiene que ser unánime, en vez del hasta 9 a 3 que indica la Constitución del Estado Libre Asociado.

El lunes pasado, y en decisión 6-3, el Supremo federal determinó que el derecho a un juicio justo que se garantiza en la Constitución de los Estados Unidos incluye que los veredictos en casos penales graves a nivel estatal tiene que ser unánime, lo cual altera leyes y disposiciones constitucionales al contrario que existen en Oregon, Louisiana y Puerto Rico.

La secretaria Dennise N. Longo Quiñones, dijo por escrito que “la determinación del Tribunal Supremo Federal tiene... implicaciones legales con respecto a cómo se habrán de llevar a cabo juicios por delito grave en Puerto Rico prospectivamente”. “(Además), [p]uede impactar además aquellos casos previamente procesados en los cuales la convicción haya sido por mayoría, pero la sentencia no sea final y firme. Identificar los casos que se verán afectados será un proceso caso a caso basado en el estado procesal de cada caso. Esta decisión, la cual anula precedentes previos del Tribunal Supremo, no atenta contra decisiones finales y firmes”, añadió.

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La funcionaria no proveyó un estimado de cuántos solicitudes de revisión de veredictos esperan recibir como resultado de la determinación del Supremo.

Fuentes de NotiCel en el Departamento de Justicia indicaron que no hay un plan todavía para atender la determinación del Supremo en el caso Ramos v. Louisiana, a pesar de que el caso está sometido al máximo foro federal hace meses y a pesar de que el propio Puerto Rico se unió a 13 estados, todos republicanos, en una moción de ‘amigo de la corte’ para argumentar a favor de que se mantuviera la determinación de veredicto dividido en vez de unánime.

El licenciado Harry Padilla, precisamente integrante del equipo de defensa de Casellas Toro, ofreció su impresión en el programa de Mayra López Mulero en WKAQ sobre que la determinación del Supremo “no va a provocar gran cosa” en Puerto Rico debido a su estimado de que, de todos los casos penales graves, apenas un 7% aproximadamente implica un veredicto dividido. Padilla había anticipado a NotiCel que esta semana sometería la solicitud de revisión en el caso de Casellas Toro basada en la nueva doctrina del veredicto unánime. El veredicto en ese caso fue de 11 a 1, en 2014.

“[E]se caso es el caso en el cual entonces ese acusado va a tener la oportunidad de levantar un reclamo bajo esta nueva determinación del Tribunal Supremo”, reconoció Longo Quiñones sobre Casellas Toro en entrevista con Radio Isla 1320.

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Los estados de Oregon y Lousiana tuvieron acercamientos distintos en su manejo de la controversia ante el Supremo.

En el caso de Oregon, la secretaria de Justicia Ellen Rosenblum, había liderado un movimiento en su estado para cambiar la ley de veredicto dividido a una norma de veredicto unánime, por lo que su comparecencia en el Supremo se limitó a pedir que ese foro tuviera en cuenta la sobrecarga de casos que podría tener el sistema judicial de su estado por las revisiones de veredicto que podrían surgir si se cambiaba la regla a unánime. La funcionaria celebró la determinación del Supremo y dijo que llevaba meses trabajando con la Rama Judicial de su estado para estar listos, aunque no proveyó estimado de cuántas solicitudes esperaban.

Por otro lado, el secretario de Justicia de Louisiana, Jeff Landry, lideró los esfuerzos para preservar los veredictos divididos y provocó también la moción de estados republicanos a la que se unió Puerto Rico, a pesar de que su posición no estaba favorecida por el gobernador de su estado. Tras la decisión del Supremo, Landry fue escueto en su reacción y dijo que las prioridades de su oficina no han cambiado.

“[N]uestro enfoque se mantiene igual: preservar el estado de ley y proteger a las víctimas del crimen”, dijo. Un análisis independiente indica que unos 44 casos en ese estado podrían ser objeto de revisión judicial bajo la nueva determinación.