A casi año y medio de que la ley lo ordenara, y después de varias revisiones de la Junta de Control Fiscal, se presenta nuevo reglamento de compras para el gobierno.

El nuevo Reglamento Uniformes de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administración de Servicios Generales (ASG) que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó ayer requirió revisiones extensas principalmente para minimizar las excepciones que tenía la primera versión y para controlar más las compras durante periodo de emergencia, como las ocurridas durante huracanes y la pandemia.

La directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, dijo que las revisiones estuvieron inspiradas por la experiencia de la Junta examinando las compras de pruebas rápidas de coronavirus en las primeras semanas de la pandemia, un proceso que dijo no se pudo desenmarañar porque no había cómo adjudicar responsabilidad en la madeja de mensajes de texto mediante los cuales se tramitaron las compras. También, mencionó sin detallar, que miraron una serie de compras que hizo el gobierno antes de la salida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la que ni siquiera se sabe bien qué fue lo que se compró.

La Junta había declarado el reglamento ilegal en julio pasado y le había imputado a la ASG conducirse con engaño en el proceso de revisión del mismo. Al presentar el reglamento final, sin embargo, la JCF hizo el anuncio en conjunto con la Principal Oficial de Compras del gobierno, Karla Mercado Rivera, y consignó que se hicieron cambios. Sin embargo, la Junta no logró introducir un representante de ese ente en la Junta de Subastas, a lo que Jaresko dijo que se mantenía la capacidad de supervisión de la JCF a través del proceso de revisión de contratos que tienen establecido. También, la efectividad del nuevo proceso puede medirse porque el Plan Fiscal incluye directrices de ahorro en el área de compras del gobierno.

“No nos hubiera molestado potencialmente tener (en el proceso) una silla como de alguien de afuera mirando hacia adentro”, contestó Jaresko a preguntas de NotiCel. Al plantearle si la cantidad e importancia de las áreas revisadas en el reglamento no debe llevar a pensar que su versión original estaba llena de lagunas que podían entorpecer la intención de un proceso de compras transparente y uniforme, Jresko comentó que lo que se incluyeron fueron “mejores prácticas” y que “discusión robusta (como la que hubo entre la JCF y la ASG) es exactamente lo que Puerto Rico necesita”.

Los “cambios sustanciales” al reglamento incluyeron:

-Minimizar lo que cualifica como una compra por excepción. “Esas compras excepcionales, compras sin competencia, deben ser raras”, subrayó Jaresko.

-Establecer un proceso definido para compras excepcionales, incluyendo compras en periodos de emergencia.

-Requerir que se haga una segunda subasta, o una resubasta, cuando en una primera subasta no se hayan recibido propuestas. Esto evita que se vaya directo a un proceso de compra excepcional cuando en una primera subasta no se reciban propuestas.

-Subastas en formato de “libro abierto” (cost-plus contracts) en el que los suplidores tienen que incluir la información de sus costos, márgenes de ganancia y servicios, de forma tal que la adjudicación represente el costo total en vez de, como ocurre ahora, que se adjudica a un costo y luego siguen surgiendo aumentos, revisiones de trabajo u otros mecanismos para encarecer el contrato.

-Publicación de las órdenes de compra de la misma forma en que hoy se publican los contratos. La publicación tendría que hacerla la ASG por internet ya que las órdenes de compra no se añadirían al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

-Se imponen auditorías internas periódicas trimestrales por parte de la Junta Revisora de Subastas que tienen que ser publicadas.

-Se añadieron mecanismos para evitar compras de última hora solo porque están por expirar los fondos disponibles.

-Se limitaron las subastas informales a aquellas compras por debajo de $100,000 y se requiere que dos funcionarios de la ASG certifiquen que la compra no se está fragmentando con el propósito de evadir el límite de $100,000.

Una de las intenciones con la uniformización y transparentización de los procesos de compra es eliminar las varias controversias que el Gobierno de Puerto Rico ha tenido en esta área y que han sido fuente de “mucho dolor y bochorno para Puerto Rico”, comentó la Directora Ejecutiva.

La Ley 73 que reformó el proceso de compras y creó la controvertible posición de Principal Oficial de Compras con un término de 10 años fue aprobada en 2019 pero ha sido objeto de cambios. Desde 2019, estaba pendiente el reglamento que ahora entrará en vigor dentro de 30 días. Todas las compras comenzadas antes de que entre en vigor el reglamento, siguen los procesos actuales.

Los cinco procesos de compra que reconoce la ley son: compra informal, subasta informal, subasta formal, solicitud de propuestas y/o solicitud de propuestas selladas (Request for Proposal o RFP) y solicitud de cualificaciones (Request for Qualifications o RFQ).

Aunque el reglamento fue revisado con un ojo puesto en las compras excepcionales, la realidad es que la Ley 73, que va por encima del reglamento, todavía contiene 15 escenarios en los que las compras se pueden hacer por vía “excepcional”, es decir, un proceso distinto al de los cinco enumerados anteriormente.

En agosto pasado, se convirtió en ley un proyecto del Senado que amplió la lista de entidades que van a estar exentas de que sus adjudicaciones de compra pasen por la ASG. Las entidades exentas son: Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Transportación, Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, la Corporación Pública Para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico, programas e instalaciones de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico, el Hospital Cardiovascular, el Hospital Industrial y dispensarios regionales e intermedios, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad Metropolitana de Autobuses y la Autoridad de Edificios Públicos. Aunque están exentas de pasar por ASG, se supone que sigan el proceso uniforme de compras.

“Las compras son como el alambrado eléctrico en las paredes de una casa. Es esencial para las vidas de los residentes, pero usualmente uno la nota solamente cuando no está funcionando, y cuando no está funcionando, es peligroso. Las fallas en este alambrado ha hecho un daño tremendo en Puerto Rico. Desde la compra de servicios de emergencia para la red eléctrica hasta compra ineficiente de suplidos, las compras han sido opacas y problemáticas y el nuevo reglamento impone criterios, políticas y procedimientos que deben poner fin a muchos de los defectos que resultaron en contratos deficientes”, añadió Jaresko.

“Queremos devolverles a los ciudadanos, la confianza en su gobierno. De este modo, nos encaminamos a cumplir con el plan que nos encomendó la (Junta), cuando ordenó la creación del nuevo modelo de la agencia”, dijo por su parte Mercado Rivera.

La revisión del reglamento contó con la participación también de la Asociación de Industriales, el Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Contratistas Generales.

Para ver el reglamento, pulse aquí.

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