Nueva Orden Ejecutiva de la Gobernadora busca prevenir un colapso del sistema de salud y hospitales, como se ha proyectado por los pasados nueve meses.

El Departamento de Salud no tiene constancia sobre las formas en que los hospitales privados han invertido los $300 millones en fondos federales que recibieron como parte del “CARES Act”, pero está consciente que parte de las instituciones lo utilizaron para pagar nómina.

El uso dista de lo que ha sido la apuesta de Salud en la pandemia del COVID-19 de fortalecer los hospitales en la Isla para asegurar los servicios a la ciudadanía y evitar el colapso del sistema en la emergencia. Tanto la gobernadora Wanda Vázquez Garced como el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, se han sujetado en la capacidad de los hospitales y el uso de ventiladores como indicadores de la gravedad de la emergencia.

Estos indicadores, junto al análisis de las incidencias en estados como Nueva York y países como Italia, han guiado los cierres y las órdenes ejecutivas implementadas a lo largo de los pasados nueve meses.

Por eso, la asignación de $2,240 millones a Puerto Rico del CARES Act —o “Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act”—, en mayo se posicionaba como una forma para que los hospitales, recuperándose del embate de huracanes y terremotos, pudieran ampliar su infraestructura. De ese total, $300 millones se asignaron a hospitales privados y $35 millones a hospitales públicos.

“En algún momento particular los hospitales no tenían ningún ingreso, así que sí, el CARES Act daba opción, no solo para establecer infraestructura, sino también para retener personal y pagar nómina. Parece una gran cantidad de billetes los 300 millones, pero pagaron nómina, más mantuvieron su sistema abierto y al día de hoy una vez más, el reconocimiento de que estamos al 50 por ciento, 60 por ciento de utilización y hay un 40 por ciento de disponibilidad, que es un paso gigante”, argumentó González Feliciano en conferencia de prensa.

Al inicio de la pandemia, en entrevista con NotiCel, González Feliciano dejó claro que su prioridad era fortalecer la infraestructura de los hospitales existentes y dejó en un segundo plano las propuestas de convertir el Centro de Convenciones en Miramar en un hospital y de designar al Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau (HURRA) en Bayamón como el lugar al que se debían llevar todos los casos de contagiados de COVID-19.

El Secretario acompañó a la Gobernadora en el anuncio de una nueva Orden Ejecutiva (OE) más estricta y que entrará en vigor antes del vencimiento de la actual, debido a la alta incidencia de casos de COVID-19. Horas antes, el infectólogo Miguel Colón informó que la sala de intensivo del Hospital Auxilio Mutuo estaba llena a capacidad.

Entre los usos que los hospitales podían darle al dinero del CARES Act se encontraba la compra de equipo de protección personal o ampliar su infraestructura y servicios, así como el pago de nómina a sus empleados.

Según González Feliciano, la información sobre el uso de fondos del CARES Act por parte de los hospitales es recopilada por la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAF), pero él no tenía los datos a la mano. Al momento de publicación de esta historia tampoco se había recibido el dato.

NotiCel supo que ese informe no existe y que el rol de Salud en cuanto al CARES Act podría resumirse en canalizar el dinero a los hospitales privados. Al ser fondos federales, las instituciones deben rendirle un informe de gastos y usos al Departamento de Salud federal (HHS, por sus siglas en inglés) y no a ninguna agencia estatal.

NotiCel contactó al presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, para conocer cómo los hospitales han invertido el dinero, pero no se recibió respuesta.

Según la Guía de Gastos, los hospitales podían utilizar los fondos para aquellos gastos relacionados al COVID-19 y que no fueran asumidos o reembolsados por otro estado o programa privado o federal.

Una prohibición expresa en la guía es el uso del dinero para pagar bonos a los empleados y bonos ejecutivos, con la excepción de pago por riesgo (“hazard pay”) o de horas trabajadas en exceso. También está prohibido el uso del dinero para el pago de liquidaciones o para refinanciar deudas, entre otros gastos que no se consideren necesarios durante la emergencia por el COVID-19.

El Secretario de Salud aseguró que todavía se tramita el “hazard pay” a unas 100 enfermeras y los 355 médicos residentes en la Isla recibieron un “bono por su esfuerzo”.

González Feliciano solo mencionó como ejemplo un hospital en Caguas, que aumentó su capacidad de cuartos de cuidado intensivo con unas 32 a 35 camas licenciadas, pero ingresan a unos 45 pacientes. Destacó, además, que ninguna jurisdicción de los Estados Unidos tiene la disponibilidad de camas en los hospitales que tiene Puerto Rico.

“Nosotros, los ventiladores, que tenemos 1,500, 1,400, utilizamos 400, así que tenemos, seguimos teniendo”, añadió el Secretario de Salud.

Pese a la disponibilidad, el Secretario reiteró que en efecto, otros hospitales utilizaron el dinero para pagar nómina, acción que fue defendida por la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

“Algunos hospitales utilizaron parte del dinero para nómina, que verdaderamente también era para eso. Estamos hablando de médicos y enfermeras que había que mantener ese personal en Puerto Rico, porque si ustedes recordarán, médicos de Nueva York, de la Florida empezaron a venir a Puerto Rico a buscar médicos y enfermeras porque no daban a basto”, relató Vázquez Garced.

A eso añadió que “no queríamos perder nuestros médicos y nuestras enfermeras para atender a nuestro pueblo, así que era importante ese incentivo a los hospitales para que pudiesen mantener sus médicos, sus especialistas, sus tecnólogos, sus enfermeras y todo ese dinero fue para que nuestro sistema de salud esté robusto como está al día de hoy”.

Nueva Orden Ejecutiva sería “un pulmón” para hospitales

En conferencia de prensa ayer, jueves, la Gobernadora anunció una nueva OE que entraría en vigor el lunes, 7 de diciembre, y se extendería hasta el 7 de enero de 2021, con mayores restricciones contra el COVID-19 y la aglomeración de personas.

De acuerdo al Secretario de Salud, las medidas representaban una forma adicional de ayudar a los hospitales, de darle un descanso al personal médico y, en términos generales, de “darle un pulmón al sistema de salud”.

“Este esfuerzo pretende darle la capacidad que ese grupo pueda tener un respiro, el grupo de mayor riesgo y que podamos también disminuir la mayor cantidad de muertes. Es importante que estos números que están corriendo en el día de hoy, no contemplan el día de Acción de Gracias y el Black Friday, así que todavía estamos viendo el impacto del proceso eleccionario”, advirtió el Secretario de Salud.

En la nueva Orden Ejecutiva, el toque de queda empieza una hora antes, las 9:00 p.m., de lunes a sábado, y se extiende hasta las 5 a.m. como de costumbre.

Los domingos habrá un cierre total, salvo farmacias, supermercados, gasolineras y ferreterías, que podrán operar. Los restaurantes solo operarán por servicarro o recogido. La Gobernadora enfatizó que las megatiendas solamente pueden operar sus supermercados y farmacias los domingos.

“No hay espacio para más consenso. Lo próximo es un ‘lockdown’ total. Tan sencillo como eso. […] Si cada ciudadano responde a la responsabilidad de cada uno de nosotros, si cuidamos a nuestros viejos, si cuidamos a nuestros hijos. El mejor regalo que le podemos dar es ese”, aseguró, por su parte, la Gobernadora.

Diferente a la orden vigente, el decreto que comienza el lunes impondrá Ley Seca desde los sábados a las 5 a.m. hasta los lunes a las 5 a.m. O sea, los próximos fines de semana en que la Orden Ejecutiva esté en vigor no se permitirá la venta de alcohol.