Aunque el ingeniero deja la corporación pública, la AEE continúa con falta de personal para atender emergencias y labores que se habían presupuestado.

La salida de José Ortiz Vázquez de la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no resuelve los problemas de gran escala en la corporación pública, como la restructuración de su deuda. Pero tampoco los que aparentan ser más simples, como la falta de mantenimiento que amenaza la estabilidad del sistema eléctrico y los relevos de cargo que anoche dejaron a oscuras a residentes de 15 municipios.

El ingeniero, quien hoy cesa sus funciones en la corporación pública, se marcha con una bonificación no especificada y luego de una semana en que medio millón de clientes experimentaron interrupciones de servicio o intermitencia debido al antes, durante y después del paso de la tormenta tropical Isaías. A casi siete días del evento, el sistema todavía no opera a capacidad.

De acuerdo a Ortiz Vázquez, la mayoría de los problemas causados por la tormenta eran de fácil remoción, pues se trataba de ramas o árboles caídos en las líneas de distribución de energía. Sin embargo, se pudieron haber mitigado con la contratación de más personal y la poda de árboles.

En su informe para el año fiscal 2020, la Junta de Control Fiscal (JCF), señaló que la AEE tuvo poco o ningún progreso en dos iniciativas que se encontraban presupuestadas y planificadas y que tenían como finalidad el mantenimiento del sistema para asegurar su funcionamiento óptimo.

Entre ellas, la entidad financiera describió que aprobó un presupuesto de $50 millones para que la AEE iniciara un programa de control de vegetación, mediante el cual se velaría porque las líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica no enfrentaran interferencias por árboles, ramas o cualquier otro elemento de esta clase, tal como pasó con Isaías.

Sin embargo, no se registró avance notable durante el pasado año fiscal, que comenzó el 1 de julio de 2019 y finalizó el 30 de junio de 2020.

“Tuvo poco progreso en ejecutar un programa de manejo de vegetación comprensivo, pese al presupuesto de $50 millones. La llegada de la pandemia del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social limitaron más la habilidad de la AEE para completarlo”, sostuvo la JCF.

El exdirector ejecutivo reconoció que hay menos podadores en la corporación pública. La autoridad cuenta con 200 trabajadores que se dedican a labores de desganche, mientras que el sistema de distribución de energía tiene 900,000 postes.

Ortiz Vázquez no puso en marcha el programa como la JCF esperaba y tampoco tomó los pasos adecuados para mejorar la situación a largo plazo, pues contrató a tres empresas para que poden los árboles y manejen el control de vegetación, en lugar de reclutar personas para que la AEE cuente con personal para este tipo de eventos.

Según la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el cúmulo de los acuerdos ronda los $30 millones.

Esto quiere decir que cuando finalice el contrato, o si ocurre otro desastre natural que propicie escenarios que no fueron considerados a la hora de elaborar el acuerdo vigente, la AEE deberá destinar más dinero para completar los trabajos y enfrentaría los mismos problemas que experimentó la semana pasada.

Existen otros problemas. La AEE tenía planificado reemplazar 50,000 contadores. Aunque cuenta con la capacidad de instalar 3,000 al mes, solo 3,800 han sido instalados en el año fiscal 2020, según la JCF.

La falta de ejecución administrativa de la AEE también fue destacada en la auditoría federal que llevó a cabo la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) sobre las contrataciones de las empresas Whitefish Energy Holdings, LLC y Cobra Acquisitions, LLC.

Esta auditoría reveló que la corporación pública autorizó tarifas más altas que las que el propio contratista propuso, no supervisó los trabajos y dejó que el contratista acumulara costos de más para entonces autorizarle pagos que no se debieron autorizar, por lo que la AEE no sería elegible para que esos pagos sean reembolsados con fondos federales.

Los únicos asuntos catalogados por la JCF como exitosos en el año fiscal fueron el acuerdo con el consorcio Luma Energy para que se encargue de la administración de la red eléctrica y el plan en proceso para reestructurar los reclamos de bonistas que rondan los $9,000 millones en la AEE.

“Si se implementa, el acuerdo reduciría la deuda de la AEE por hasta 32.5 por ciento, protegería a los clientes de aumentos desmesurados en la factura mensual con el fin de pagar la deuda y salvaría a los residentes y comerciantes de Puerto Rico de someterse a un pago de deuda equivalente a $3,000 millones por los próximos diez años”, aseguró la JCF.

Contrato con Luma levanta preocupaciones

La salida de Ortiz Vázquez surge a poco más de un mes de que se anunciara el acuerdo con Luma Energy para administrar y operar el sistema de transmisión y distribución de la AEE, uno que es objetado por la UTIER y otras organizaciones, como la iniciativa Queremos Sol, y representa uno de los problemas a gran escala que permanecen en la corporación pública.

Luma es un consorcio entre las compañías QUANTA (estadounidense) y ATCO (canadiense) y su contrato es por 15 años. El consorcio tendría acceso a los $18 mil millones en fondos federales que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), asignó para la reconstrucción del sistema de energía. Es decir, una entidad privada tendría acceso a los reembolsos que típicamente se le hacen al gobierno.

En denuncias públicas entre la UTIER, Queremos Sol, Sierra Club y otras entidades a nivel internacional, se señaló a QUANTA porque es conocido por la utilización del gas natural o gas metano, lo que no va acorde con la meta de establecida en la Ley de Política Pública Energética en cuanto al uso de fuentes de energía renovable.

Los grupos recordaron que una semana antes de que se anunciara la designación de Luma Energy, un tribunal en Michigan determinó que Quanta Services había incurrido en discrimen racial contra un empleado negro. Del mismo modo, las organizaciones señalaron que la empresa ha estado inmersa en este tipo de conflictos en los tribunales desde el 2017, con el caso de cinco exempleadas quienes señalan a la empresa por discriminación y represalias basadas en su género al hostigarlas y someterlas a un ambiente de trabajo hostil.

Según la UTIER, las decisiones que tomó Ortiz Vázquez antes de su salida —como este acuerdo— deben ser revaluadas.

Aunque por lo bajo y alto se recalcaba que su despido debió haber ocurrido hace meses, su salida a menos de una semana de las primarias es atribuida a un intento de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de adquirir ventaja política sobre su contrincante en el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Desde su llegada al cargo, Vázquez Garced y Ortiz Vázquez midieron el éxito de la corporación pública en la rapidez de restablecimiento, no tanto así en su estabilidad, pues estaban seguros que el sistema iba a fallar.