Las pruebas a personas en focos potenciales de contagio y una muestra representativa de toda la población para administrar pruebas aleatorias son algunas de las opciones.

No hay un plan respetado de reapertura de la sociedad y la economía en la pandemia del COVID-19 que no incluya un elemento de realización regular y masiva de pruebas de detección para monitorear la propagación de la enfermedad.

De la misma manera, probablemente no hay un aspecto de la respuesta a la pandemia que haya sido más deficiente que la compra, administración y recolección de pruebas y resultados por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Hasta ahora, el gobierno no ha comprado las pruebas suficientes (ahí está bajo investigación la debacle de la transacción con la constructora Apex así como los incumplimientos de la empresa 313 LLC), no ha podido organizar las que tenemos (municipios, Centros 330, grupos médicos IPA’s y entidades privadas manejan pruebas sin estar centralizadas con el Departamento de Salud), no estableció desde el principio un sistema estadístico confiable para recoger y analizar resultados y no ha levantado un mecanismo robusto para rastrear los posibles contagios que provocan los infectados.

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Hay 133,000 pruebas serológicas (para detección de anticuerpos) de COVID-19 en toda la isla, dijo la semana pasada el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, que no se sabe exactamente dónde están o qué se ha hecho con ellas. Con el agravante de que las autoridades federales han advertido en contra de usar estas pruebas solas, sin verificar los resultados positivos en una segunda ronda de pruebas moleculares.

Y lo crucial de esta trayectoria es que la capacidad de hacer pruebas para conocer la extensión de la propagación del coronavirus en Puerto Rico no es cuestión de una etapa que se olvida para pasar a otra cosa, sino que, como explicó la bióloga celular y molecular Marieli González Cotto, llegar a un mínimo de competencia en el manejo de las prueba es y va a ser una constante hasta que llegue una vacuna.

“Hacer las pruebas no es una etapa, es una continuidad hasta tanto no se erradique (el virus)”, sentenció González Cotto.

¿Eso nos condena a mantenernos encerrados o a iniciar una reapertura a ciegas? Pues no, según González Cotto y el demógrafo y profesor de Penn State University, Alexis Santos Lozada.

Hay dos alternativas, que pueden correr simultáneas si la cantidad de pruebas lo permite, o pueden correr sucesivas: la realización de pruebas estratégicamente a las personas que laboran en lo que hoy se pueden considerar focos potenciales de contagio (como supermercados, cuarteles de Policía, tiendas, cárceles y hospitales) y el diseñar una muestra representativa de toda la población de la Isla para administrarles pruebas aleatorias (‘random testing’) que ofrezcan los datos base que todavía no se han levantado de manera confiable en el más de un mes que lleva el encierro y toque de queda.

“Se debe primero atacar con pruebas moleculares esos sitios o escenarios que tienen probabilidad de convertirse en focos de infección. Hacer el ‘random testing’ sería el próximo paso… hay que monitorear a la gente que esté en lugares que se comiencen a abrir. Monitorear el estatus de salud de estas personas cada una o dos semanas porque son las que van a tener el riesgo de convertirse en foco de infección y son las que van a estar más en contacto con el resto de la población”, explicó González Cotto al subrayar que, con suficiente cantidad de pruebas, se podrían hacer a la vez ambas cosas, las pruebas aleatorias y el monitoreo de posibles focos de infección.

“No hay ningún dato que sea el dato perfecto. Cada punto, cada indicador, se complementa a otro”, estableció Santos Lozada al aceptar que una prueba aleatoria podría ser un ejercicio aceptable para aumentar el conocimiento que tenemos hasta ahora de la propagación del coronavirus en Puerto Rico.

Específico que la efectividad de esa prueba aleatoria está totalmente atada a la corrección que tenga la muestra para que sea representativa de toda la diversidad de la población. “(El estudio aleatorio) se podría hacer con mínimo 4,000 personas, un buen estudio, con muestra representativa, no solo de San Juan”.

“Se puede diseñar un buen estudio epidemiológico que tenga una buena muestra representativa de Puerto Rico y que se le haga la prueba a ese grupo de personas… una vez creado ese panel de personas, en dos semanas se le puede volver a hacer la prueba”, anotó.

“Puerto Rico tiene la capacidad de hacerlo. Tiene que ver con voluntad y con asignar los recursos. Un estudio representativo puede salir en $250,000, no va a salir en $40 millones”, comentó en referencia al costo que hubiera tenido la transacción fallida y sospechosa en la que el Gobierno de Puerto Rico aprobó ‘fast track’ la compra de un millón de pruebas rápidas de COVID-19 a una empresa de construcción con conexiones políticas pero sin experiencia en este tipo de suministros.

“Hay que darle espacio a científicos y programadores, (el gobierno) lleva un mes y han demostrado que no pueden hacerlo”, enfatizó sobre lo que considera es una movida necesaria de parte de las autoridades para hacer más colaboración con distintos sectores y poder atender las deficiencias del andamiaje de pruebas en la Isla.

En cuanto a recursos económicos, la Junta de Control Fiscal dijo al gobierno que debe darle prioridad a la compra de pruebas y el establecimiento de un sistema de rastreo de contactos en el uso de los $2,200 millones que recibió del gobierno federal esta semana.

Alrededor del mundo, distintos países han recurrido a las pruebas aleatorias para planificar su reapertura, para estimar cuántos equipos y recursos hospitalarios deben tener listos por cualquier ola de contagio que pueda desatarse o como mecanismo para monitorear la propagación de la enfermedad durante los periodos de flexibilización del distanciamiento social. Las pruebas aleatorias también se basan en protocolos que ya están establecidos en la ciencia y en agencias especializadas como el Centro federal de Control de Enfermedades.

Austria lo hizo para planificar su reapertura y España planifica usar a 30,000 familias en su muestra aleatoria para medir la efectividad de las medidas de reapertura que ya anunciaron para iniciar en mayo.

Estas estrategias de pruebas aleatorias deben estar acompañadas con una infraestructura que permita el rastreo de los contactos de aquellas personas que arrojen positivo y la posibilidad de implantar medidas efectivas de cuarentena para los infectados.

González Cotto llamó la atención a que, particularmente en el tema de las pruebas, el plan de reapertura propuesto el sábado por el "Task Force" Médico del Gobierno de Puerto Rico es deficiente porque parte de la premisa no probada de que durante el encierro se fortalecieron las capacidades del Departamento de Salud para realizar 1,500 pruebas moleculares diariamente, que se fortaleció el sistema de rastreo de contactos y que se adquirieron pruebas rápidas serológicas.

La científica apuntó que en ningún momento de la cuarentena Salud ha demostrado tener la capacidad para cumplir con ese reclamo de 1,500 pruebas diarias.

Durante una flexibilización del encierro, estas alternativas científicas necesitan estar acompañadas por educación pública sobre cómo evitar contagio, un suplido constante y adecuado de material de protección para la población (como mascarillas) e itinerarios efectivos de sanitización de espacios públicos, destacó también González Cotto.