COR3 aseguró que el gasto será reembolsado por FEMA.

La idea de utilizar el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar, como un centro de recuperación para los recuperados del coronavirus, o COVID-19, provino del “Task Force” médico que supone asesorar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La información fue confirmada a NotiCel por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a las declaraciones de USACE, el “Task Force” hizo el acercamiento a nombre del Gobierno de Puerto Rico para evaluar instalaciones con el potencial de convertirse en un centro de cuidado alterno (ACF), por lo que los ingenieros visitaron el Centro de Convenciones el 1 de abril.

Es desde esa fecha que el Departamento de Salud y la Guardia Nacional han comunicado su interés de contratar una empresa que se ocupe de la tarea, para lo que abrió un proceso formal de solicitud de propuestas el pasado viernes, 17 de abril.

Según USACE, Salud elaboró una lista de instalaciones a ser evaluadas, pero al final del día “el Gobierno de Puerto Rico” determinó que la Guardia Nacional sería la encargada de convertir al Centro de Convenciones en un ACF, en lugar de continuar con la asistencia del Cuerpo de Ingenieros.

“El Gobierno de Puerto Rico (COVID Task Force) pidió la ayuda de USACE para llevar a cabo evaluaciones de posibles espacios para servir de centros de cuidado alterno. El 1 de abril, personal de USACE evaluó el Centro de Convenciones para determinar si las instalaciones cumplían con los requisitos para la conversión. Luego de la evaluación, USACE envió un reporte a FEMA [Agencia Federal para el Manejo de Emergencias] y al PR COVID Task Force. Esta información le permite al gobierno local tomar decisiones informadas en el mejor interés del Estado Libre Asociado. Los estados y los territorios pueden pedir asistencia continua de USACE o ejecutar la misión de diseño y construcción por su cuenta, basado en las necesidades de su proyecto”, explicó el ente federal por escrito.

El propósito del ACF, según el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, es liberar camas en los hospitales y atender a quienes hayan pasado las etapas más críticas del contagio para que terminen de recuperarse.

Es una iniciativa que se ha replicado en otras jurisdicciones en Estados Unidos, como Nueva York, a modo de subsanar el colapso de los sistemas hospitalarios a causa del alto número de contagiados con el COVID-19 en estas instituciones.

Se desconoce cuándo será la fecha de cierre para que las empresas envíen sus propuestas y costos estimados, pero el ayudante general de la Guardia Nacional, el general José Reyes, esperaba tener la instalación lista para el 1 de mayo.

El día “pico" de contagios de COVID-19 en Puerto Rico, de acuerdo al Secretario de Salud y al “Task Force” Médico, se estimó para el 8 de mayo. Sin embargo, no será hasta junio que podría notarse una disminución, basado en las proyecciones de los epidemiólogos del ente asesor.

“A USACE no se le pidió proveer ayuda adicional (diseño/elaborar contrato/construcción) para el Centro de Convenciones. El Gobierno de Puerto Rico decidió que la Guardia Nacional sería la agencia a cargo de convertir la estructura en un centro de cuidado alterno”, continuó el ente federal.

La intervención del “Task Force” médico es otra demostración de cómo este ente ha cobrado un rol protagónico y decisional en medio de la atención de esta emergencia, contrario a la insistencia en sus cartas públicas y la descripción de sus deberes en la Orden Ejecutiva (OE) 2020-026.

El decreto de la Gobernadora especifica que el comité ejercerá funciones en conjunto con Salud y tendrá a su cargo estudios, investigaciones y planes estratégicos de cómo manejar la emergencia y respuesta coordinada del COVID-19, además de asesorar a la Primera Ejecutiva y al Secretario de Salud.

En una misiva enviada a la jefatura de la Cámara de Representantes, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini —quien lidera el “Task Force”— insistió en que el rol del ente “se limita” a la asesoría y tampoco influyen en las órdenes de compra.

Durante dos días de vistas ejecutivas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, se ha revelado que el “Task Force” médico refirió, evaluó y ordenó a Salud la compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por un total de $38 millones a la empresa Apex General Contractors.

El doctor Rodríguez Quilichini y el doctor Juan L. Salgado Morales han cargado el peso de los señalamientos de las deponentes, que han sido empleadas y contratistas de Salud.

Costo sería reembolsado por FEMA

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez Piñero, aseguró que esa agencia no participó de la decisión de escoger al Centro de Convenciones, por lo que invitó a NotiCel a “consultar a la Guardia Nacional y/o al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE)”.

Según Chávez Piñero, los costos de la iniciativa serían reembolsados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), ya que la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 incluyó la activación de la “categoría B”, que son medidas de protección de emergencia del Programa de Asistencia Pública.

“Según las guías, a partir de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias, es elegible para reembolso bajo la categoría B habilitar un espacio de atención médica cuando se pueda anticipar que las instalaciones hospitalarias disponibles no serán suficientes para atender a los pacientes”, abundó el director ejecutivo.

COR3 es quien tiene a su cargo las solicitudes de reembolso de los sub solicitantes, o sea, municipios, agencias y entidades privadas sin fines de lucro.

La Guardia Nacional, por su parte, defendió la selección del Centro de Convenciones por encima de utilizar hoteles, moteles u otros paradores para esta encomienda, por entender que era más costo efectivo.

No obstante, y contrario a las declaraciones de USACE, indicó que la selección de ese espacio en particular fue un “trabajo en equipo”, junto al ente federal, Salud y COR3.

De acuerdo al portavoz del grupo, teniente coronel Paul Dahlen, si se hubiera elegido un hospital fuera de uso o la base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, como se había comentado, “requeriría mucho dinero y tiempo”, contrario al Centro de Convenciones, que requeriría montar las camas y las divisiones necesarias.

Basado en los estimados de USACE, que se rigen por su propia experiencia de trabajo, la conversión del Centro de Convenciones podría tomar entre cinco días y dos semanas. No obstante, el estimado varía debido a la cantidad de camas que se busca tener.

La Guardia Nacional había afirmado el interés de instalar entre 1,500 hasta 2,500 camas.

Hasta la fecha, el Secretario de Salud ha mostrado alivio ante el hecho de que la ocupación de camas en hospitales se ha mantenido en niveles manejables. De acuerdo al portal que muestra los datos de la incidencia del COVID-19 en la Isla, de las 3,404 camas para adultos, hay 829 disponibles. De las 969 pediátricas, 238 están libres.