La empresa 313, LLC no ha cumplido con su entrega, similar al caso de APEX. Pero ahora el Gobierno tomará acción legal.

Luego de la fallida compra de un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19, por $38 millones, el Departamento de Salud detuvo sus intenciones de adquirir más de estas herramientas, unas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como esenciales para disminuir la proliferación de esta peligrosa enfermedad.

Ayer, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, no ofreció una razón explícita para el cambio de postura, pero se basó en que las empresas contratadas hasta el momento han incumplido con las fechas de entrega predispuestas, tardanza que también se repite con los ventiladores.

“Estamos en este momento con 200,000 pruebas que tenemos aquí en Puerto Rico actualmente. Se han distribuido 100,000, quedan 100,000 para ser distribuidas. Se hizo la petición a través de las 15 máquinas que llegaron de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para [reactivos para] 50,000 individuos”, defendió González Feliciano.

Esas 200,000 pruebas, según el funcionario, serán objeto de un proceso legal en junio, porque Salud ha incurrido en gastos en el proceso de cambiarle las etiquetas.

313, LLC ha incumplido

El Secretario de Salud reveló que la empresa 313, LLC —a la cual le ordenaron 101,500 pruebas rápidas— y la empresa Maitland 175, Inc. —a la cual le pidieron 200,000— no han cumplido con sus plazos de entrega, por lo que también se incurrirá en acción legal.

La empresa 313, LLC, contratada por $3.6 millones, enmendó sus artículos de incorporación dos días antes del negocio con la agencia, con el fin de incluir entre sus servicios la venta de productos relacionados al campo de la salud.

Según los acuerdos alcanzados, para esta fecha debieron haber entregado la totalidad del cargamento. Aunque se recibieron 49,000, fue de forma tardía. Por ello, el González Feliciano no está dispuesto a pagarlas al precio de compra.

“Se reciben 49,000 pruebas, llegaron un poco tarde, estamos discutiendo el valor de esas pruebas, pero estamos discutiendo desde la perspectiva jurídica legal en qué medida es violación de contrato y si va a haber cómo subsanar el costo de las pruebas. Son pruebas rápidas y claro que las necesito, pero en este momento, no quiero pagar $36 [por prueba]”, argumentó.

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En un comunicado de prensa a principios de mes, la empresa, mediante su presidente Ricardo Vázquez, aseguró que las órdenes estaban entregándose conforme a las fechas establecidas. Para esa fecha, en cambio, solo debía entregar a plazos las primeras 1,500 pruebas ordenadas.

La entrega de pruebas, según un comunicado de la empresa, debía ser:

De acuerdo al titular de Salud, no se han realizado gestiones adicionales de compra luego del negocio inconcluso con Apex General Contractors (APEX), cuya contratación, según diversos testimonios, pareció ser impulsada por integrantes del “Task Force” Médico creado para asesorar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la emergencia.

Las pruebas de esta empresa no tenían el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). La empresa se dedicaba a la construcción y no tenía experiencia alguna en la venta de artículos relacionados al campo de la salud.

Testimonios de contratistas y empleadas de Salud, compartidos el martes en un vista ejecutiva de la Cámara de Representantes, revelaron que la firma de ese contrato saltó procesos administrativos y se completó en menos de 24 horas.

Durante una conferencia de prensa relámpago hace una semana, la Gobernadora justificó las contrataciones con APEX y 313 LLC y aseguró que se dieron de forma transparente y correcta.

Según la cantidad de pruebas rápidas, o “test kits”, que se han ordenado hasta la fecha y las pruebas realizadas, Salud solo tiene capacidad para evaluar un 12.7 por ciento de los habitantes en la Isla.

Para compensar la falta de pruebas, en cambio, González Feliciano aseguró que médicos, grupos de médicos y laboratorios privados pueden llevar a cabo pruebas, sean moleculares o rápidas, a modo de apoyo al Laboratorio de Salud Pública del Departamento.

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González Feliciano realizó las declaraciones en conferencia de prensa en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en San Juan. En la convocatoria, se anunció que el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, estaría presente en el encuentro con la prensa. Sin embargo, no se explicó su ausencia.

Ventiladores también están atrasados

Las violaciones a la orden de compra por parte de las empresas contratadas no se limitó a las pruebas rápidas, según el Secretario de Salud, ya que los ventiladores ordenados tampoco han llegado en su totalidad.

De los 380 ventiladores comprados a tres empresas, a esta fecha la agencia debía contar con 125 unidades como mínimo. Sin embargo, tiene 40 y carece de garantías que aseguren que el restante llegará.

“No hay ninguna garantía, particularmente sobre los ventiladores. No hay ninguna, inclusive con el ‘stockpile’ [inventario] del gobierno federal, que ofreció 500. No hay garantía. Por eso, es importante reconocer lo que tenemos”, reconoció González Feliciano.

Uno de los efectos del COVID-19 es la dificultad respiratoria entre los contagiados, por lo que a nivel mundial se ha insistido en la necesidad de tener ventiladores adicionales en los hospitales.

De acuerdo al Secretario de Salud, FEMA entregó 19 ventiladores adicionales, lo cual elevó el número de máquinas disponibles a 1,079.

“La utilización está entre 300 y 350 ventiladores. Mientras la curva se mantenga más aplanada, pues vamos a procesar con la capacidad. Esa es la esperanza que tenemos en el Departamento de Salud”, declaró González Feliciano.

La compra de 380 unidades por casi $8 millones surgió luego de una fallida compra de 713 ventiladores por cerca de $14 millones y con fecha de entrega de 16 a 20 semanas.

Luego de su renuncia, la exsecretaria de Salud Concepción Quiñones de Longo denunció que Marisol Blasco Montaña, una ayudante de la Gobernadora, intentó obligarla a firmar en 20 minutos el contrato para adquirir las unidades de Puerto Rico Sales & Medical Services. A esta empresa se le encargó la mayor cantidad de ventiladores en las órdenes nuevas.