La secretaria de Justicia, Denisse N. Longo Quiñones, reaccionó hoy a la confrontación pública desarrollada entre su madre, la exsecretaria de Salud interina, Concepción Quiñones de Longo, y la gobernadora Wanda Vázquez Garced por manejos cuestionables en el Departamento de Salud.

La confrontación tuvo un pico dramático ayer cuando la madre de la Secretaria compareció a la Cámara de Representantes a denunciar presiones de ayudantes de la Gobernadora para que firmara contratos millonarios a toda prisa en el Departamento mientras que en la noche la Gobernadora realizó una conferencia de prensa que tuvo como uno de sus propósitos atacar la credibilidad de Quiñones de Longo.

Tras esto, se levantó la interrogante de si la Secretaria de Justicia se mantendría en el cargo u optaría por renunciar ante la situación que muchos tildan de insalvable.

A petición de NotiCel, Longo Quiñones emitió esta declaración a través de su portavoz, Brenda Quijano:

“La Secretaria de Justicia se mantiene trabajando para lograr que el Departamento preste los servicios esenciales que la agencia brinda al Pueblo de Puerto Rico, incluyendo los servicios durante la emergencia que nos aqueja. Con respecto a los asuntos administrativos del Departamento de Salud, reiteramos que, en cumplimiento con los requisitos de la Ley de Ética Gubernamental, la Secretaria se encuentra inhibida de participar de cualquier forma en esos asuntos. Su compromiso con el Departamento de Justicia continua en pie”.

La inhibición a la que la Secretaria hace referencia abarca el referido que el Movimiento Victoria Ciudadana hizo sobre la controvertible transacción de $38 millones con la que el Gobierno tramitó la compra de un millón de pruebas rápidas para el COVID-19 con una compañía cuyo peritaje es la construcción y que prometió que tendría las pruebas en la Isla en cinco días, lo que no ocurrió.

Por su parte, Quiñones de Longo denunció, entre otras cosas, presiones de la ayudante especial de la Gobernadora, Marisol Blasco Montaña, para que en 20 minutos firmara un contrato de $13 millones para ventiladores artificiales que llegarían en 16 a 20 semanas. También, manejos cuestionables de Mabel Cabeza Rivera, jefa de Personal del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado.

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