Uno de los primeros objetivos de Alexander Adams es lograr la reacreditación de la Oficina en la National Association of Insurance Commissioners.

El designado Comisionado de Seguros, Alexander Adams, adelantó ayer los cambios que implantará en la agencia, de ser confirmado al cargo, que incluyen un nuevo enfoque dirigido a elevar a los consumidores o asegurados al primer plano de atención, para garantizar la protección de sus derechos, dentro de lo que describió como un marco de regulación que propenda un mercado confiable, competitivo y financieramente sostenible.

“Es esencial que el pueblo perciba a la Oficina del Comisionado de Seguros como un aliado en defensa de sus derechos y un lugar en donde acudir a recibir apoyo en respuesta a sus necesidades”, indicó al presentar su ambiciosa agenda a la cabeza del organismo gubernamental.

Resaltó como uno de sus primeros objetivos lograr la reacreditación de la Oficina en la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), para lo cual la agencia tiene que cumplir con una serie de metas que impactarán además toda su operación y también al sector de seguros del país.

Mencionó entre estas eliminar los atrasos en la auditorías “multistates”, mejorar la comunicación y el rendimiento de informes a la NAIC, promover la cooperación con otras jurisdicciones, reestructurar políticas y procesos internos y buscar más apoyo de recursos externos especializados.

De mayor impacto sobre la industria están los objetivos de adoptar leyes y reglas modelos de la NAIC en Puerto Rico, para lo cual adelantó que se presentará legislación que permita alcanzar esos objetivos.

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Dicha legislación incluye un proyecto de ley que impactará la gobernanza corporativa de las empresas de seguros en Puerto Rico, para que estas cumplan con las mismas normas que aplica la mencionada entidad.

Parte también de ese proceso de reacreditación es un esfuerzo por reforzar el recurso humano de la oficina. Adams indicó que la agencia tiene 76 plazas vacantes en este momento y su objetivo es ocupar la mayoría de estas, para lo cual no descartó mejorar la oferta económica a los empleados.

Detalló que hacen falta en la Oficina actuarios de propiedad, vida y salud; auditores; analistas financieros; investigadores; personal de servicio al cliente; y abogados(as), entre otros. Indicó que presentará una propuesta a la Junta de Supervisión Fiscal para que se le autorice la contratación de este personal necesario, con las mejores condiciones posibles.

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Otras medidas que adelantó el designado comisionado incluyen una mayor fiscalización sobre las compañías de seguros de salud, particularmente durante la presente crisis por la pandemia de Covid-19, para garantizar que estas paguen a tiempo las reclamaciones de los proveedores de servicios de salud. Estas, dijo, deben pagarse puntualmente en un periodo que no exceda los 30 días desde que se somete la documentación.

Tambien se propone maximizar los procesos de revisión externa de los servicios de salud que cubren las aseguradoras, particularmente las situaciones donde la aseguradora rechaza el acceso a servicios por necesidad médica. Indicó que será un organismo revisor externo independiente el que tendrá la última palabra en estos casos.

Quiere establecer acuerdos

Para ello, indicó, se propone establecer acuerdos con CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services) y con la Oficina del Procurador del Paciente.

Incluyó además en sus objetivos la implementación de la certificación de seguro del programa “Obtain and Maintain”, que es la revisión periódica de las pólizas del gobierno y los municipios para verificar que cumplen con lo contratado y las normas aplicables.

Igualmente se propone trabajar en el marco regulatorio para promover el desarrollo de los “seguros paramétricos”, entre los que se incluyen los llamados “micro seguros” donde se establece un pago pre-acordado para cubrir situaciones de desastres, por lo que no se requiere evaluación de daños tras algún evento.

Otras metas que tiene el designado son cerrar las querellas de asegurados por huracanes Irma y María, así como las de los terremotos de 2020; intervenir toda reclamación abierta de agencias del gobierno y municipios por los mismos eventos; la digitalización del proceso de querellas e implementar el informe ORSA de riesgos catastróficos.

Sobre este último explicó que es un proceso que permite verificar el nivel de exposición que tiene cada compañía de seguro a riesgos catastróficos y realizar las intervenciones que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento con las normas.

En un tema relacionado adelantó que se propone designar un comité asesor multisectorial para evaluar posibles cambios en los requisitos de reserva catastrófica que deben tener las compañías de seguros.