El abogado Fermín Arraiza explicó detalladamente qué deben hacer los profesionales de la salud en caso de que agentes federales se presenten en oficinas médicas, laboratorios o farmacias pidiendo entrar al lugar o solicitando información sobre sus pacientes.

El director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico, el licenciado Fermín Arraiza, hizo un llamado a la comunidad médica y a todos los profesionales de la salud a no colaborar con agentes del orden público que intenten obtener información de pacientes sin una orden judicial válida.

Su advertencia surge ante la posibilidad de que se lleven a cabo operativos migratorios en centros de salud de la Isla.

Asimismo, el licenciado denunció que la mayoría de los operativos, hasta el momento, están ocurriendo sin órdenes firmadas por un juez.

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Arraiza enfatizó que ni el personal de ICE, ni el FBI, la DEA, ni autoridades estatales o municipales tienen derecho a inspeccionar registros médicos o identificar pacientes sin una orden judicial específica.

Explicó que, en caso de recibir una orden, el personal médico debe verificar su fecha, alcance y los expedientes que autoriza a revisar. De no cumplir con estos requisitos, aseguró que los profesionales de la salud no tienen la obligación de permitir el acceso ni brindar información.

"El llamado inmediato a toda la comunidad, la comunidad médica y cualquier tipo de profesional es que ningún agente del orden público, ya sea de ICE, del FBI, de la DEA, o de las autoridades estatales o municipales tiene la autoridad de entrar en ningún establecimiento donde ustedes estén dando servicios médicos para requerir información de pacientes o requerir que identifiquen pacientes a menos que tengan una orden firmada por un juez. No es una orden administrativa de un burócrata de ICE, tiene que ser una orden firmada por un juez", detalló el abogado.

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Del mismo modo, Arraiza hizo énfasis en la importancia de verificar cuidadosamente cualquier orden judicial antes de permitir el acceso a expedientes médicos. Explicó que deben asegurarse de que la orden especifique el lugar a inspeccionar, el tipo de documentos requeridos y la persona en cuestión. De lo contrario, afirmó que no están obligados a autorizar el acceso ni a identificar pacientes.

Además, advirtió que muchas de estas intervenciones responden a perfiles raciales, lo que consideró una práctica inconstitucional.