El excontratista Oscar Santamaría, convicto por sobornar a alcaldes, tiene varios proyectos encaminados en el sector de gastronomía.

El excontratista Oscar Santamaría Torres, eje de la redada anticorrupción más grande de años recientes en Puerto Rico, tiene encaminados varios proyectos de gastronomía mientras cumple cárcel por una condena que está proyectada para terminar en 2026.

Récords públicos reflejan que, a través de su esposa Noelia Santos Rodríguez, el abogado tiene al menos tres proyectos de comida en la Milla de Oro, en predios ubicados en la Arterial B entre las avenidas Ponce de León y Muñoz Rivera.

Su bufete, Law Affairs PSC, y la empresa Santamaría Corp., son dueños de varios predios allí adquiridos entre 2015 y 2019. Las empresas Milla de Oro Restaurant LLC, Ceviche 81 y Dulce Capricho LLC, todas a cargo de Santos Rodríguez, tienen proyectos con permisos aprobados o en trámites para esos locales. Todas las empresas a nombre de su esposa comenzaron después de que Santamaría Torres comenzó a cooperar con las autoridades federales.

Uno de estos proyectos, Dulce Capricho, inauguró el 17 de julio pasado como un local enfocado en “brunch” que promete una experiencia parisina en San Juan, a pasos del Popular Center y el Coliseo de Puerto Rico. El contratista fue International Builders LLC, empresa de Carlos de Jesús Pagán, mismo que, a través de Island Builders LLC, fue frente de Santamaría Torres para esquemas ilegales en el municipio de Guaynabo, según testimonio en el juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero.

Otra empresa a nombre de Santos Rodríguez, Rice Mexican Taste LLC, no aparece con proyectos encaminados todavía.

A través de la empresa Saint Mary Investment LLC, Santamaría Torres y su hija habían intentado abrir dispensarios de cannabis medicinal bajo el nombre Fresh Flowers, pero no prosperó por quejas de la comunidad donde se ubicaría un dispensario y centro de procesamiento y porque el tribunal apelativo encontró que había mentido en el traspaso de la empresa a sus parientes.

Santamaría Torres tenía una carrera de 24 años vinculado al gobierno, primero como asesor legislativo en la oficina del representante popular Joel Rosario Hernández y luego como contratista asociado al Partido Nuevo Progresista (PNP), cuando en mayo de 2021 decidió comenzar a cooperar con las autoridades federales. La decisión vino después de que agentes le hicieran una presentación de la evidencia que tenían en su contra tras una investigación que ya tenía como cooperador a su pupilo político, el exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo.

Como parte de su cooperación, otros 11 alcaldes y funcionarios fueron acusados. Todos, excepto Pérez Otero, se declararon culpables y este resultó convicto por un jurado.

En abril pasado, el juez presidente del Tribunal Federal, Raúl Arias Marxuach, sentenció al contratista a 30 meses de cárcel y la confiscación de $6 millones que se supone sería la totalidad de lo que ganó con el esquema ilegal de sobornos a cambio de contratos. No está claro si el convicto ya devolvió ese dinero o si todavía no.

El gobierno de Puerto Rico mantiene una reclamación contra Santamaría Torres y su esposa, así como otros involucrados en casos de corrupción, para que devuelvan el dinero obtenido ilegalmente.

Recientemente fue desestimada la demanda que el Municipio de Cataño tenía contra Santamaría Torres y su empresa Waste Collection Corp. en un intento por recobrar los $13.2 millones que se le pagaron por los contratos resultantes del esquema de soborno. Pero, en un caso separado, el contratista y la empresa fallaron en conseguir que un tribunal prosiguiera con una demanda que le pusieron al municipio de Cidra cuando este le canceló el contrato de recogido de desperdicios sólidos que tenía allí tras conocerse de la investigación en su contra.

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