La solicitud se la hizo “mirándola a los ojos” el representante Héctor Ferrer.

La renuncia inmediata de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, le fue solicitada en persona, en público, y ante una comisión legislativa, por el representante Héctor Ferrer Santiago, que reiteró así el reclamo que le formuló en días recientes en la misma dirección.

El evento ocurrió durante la audiencia pública que celebró la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes este lunes sobre el presupuesto de la agencia y a la que compareció la Secretaria para defender su propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal.

El legislador se refirió al escándalo relacionado con la excarcelación del asesino Hermes Ávila Vázquez por parte de Corrección y la trágica pérdida de una vida, y al pedido de renuncia que le hizo públicamente en comunicado que circuló el pasado domingo.

Durante la audiencia acusó a la Secretaria de no querer contestar las interrogantes que rodean este caso y aseguró que “son hechos que no van a cambiar en una investigación. Son fácticos de una investigación de lo que se llevó a cabo bajo la Ley 25”.

Agregó, que esas interrogantes se relacionan con que “si ella firmó o no firmó el pase extendido de ese confinado, quiénes fueron el grupo médico que atendió este caso especifico y si tenían la especialidad para evaluar esa condición. Son preguntas que no van a cambiar el desarrollo de una investigación, son preguntas que el país, debe conocer esas contestaciones. Son contestaciones que el pueblo debe saber”.

Tras hacer esas expresiones señaló Ferrer, que “yo lo dije ayer, pero lo voy a decir mirándola a los ojos: es momento de que renuncie a la Secretaría de Corrección y Rehabilitación. El país no aguanta, que se continúe… El país no puede ser rehén”.

En ese momento el Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien se encontraba también citado para discutir el presupuesto de su agencia pidió “permiso para retirarme”. Justicia tiene a su cargo una investigación sobre la excarcelación de Ávila Vázquez.

Ello trajo la intervención del presidente de la Comisión, Jesús Santa, quién defendió la intervención de Ferrer.

“Si bien es cierto que uno busca aquí que todo el mundo se trate con respeto, a mí me parece que el legislador tiene el derecho a hacer las expresiones, siempre y cuando lo haga con respeto. A mi juicio el compañero ha hecho unas expresiones con respeto”, afirmó.

En un aparte con periodistas, Santa no descartó que se celebre un proceso de interpelación de la Secretaria de Corrección para que aclare todas las interrogantes levantadas en torno al manejo de los confinados.

“Yo creo que la Legislatura tiene el poder de interpelar a cualquier funcionario y ella no es la excepción. Creo que el país necesita mucha información sobre las situaciones que pasaron. Hay muchas dudas sobre lo que sucedió en ese caso en particular. Si está todo bien, que lo explique, que diga qué está bien, qué está mal y qué se va a hacer para corregirlo”.

A una pregunta directa de si favorece la interpelación, respondió “siempre lo he favorecido, eso es parte de nuestra prerrogativa como legislador”.

Pide aumento de presupuesto

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Escobar Pabón, solicitó un aumento presupuestario de $466.1 millones provenientes del Fondo General, lo que representaría un aumento de cerca de $48 millones sobre el año fiscal vigente.

En el presupuesto solicitado, indicó, hay $247.3 millones se asignarían al pago de nóminas, donde se incluye un posible aumento salarial a los oficiales de custodia, agentes de investigación y arrestos, y agentes de seguridad y protección. El aumento propuesto de $200 mensuales tiene el propósito de aumentar la retención del personal.

Asimismo, el DCR gestionó $24.7 millones por medio de fondos ARPA para cubrir un segundo aumento salarial de $500 mensuales.

Incluyó además $29.4 millones para mejoras permanentes, de los cuales $24.2 millones serían asignados a las instituciones correccionales de confinados adultos, y sobre $5 millones para los Centros de Juveniles.

Abordando el tema del manejo de los confinados, particularmente aquellos acusados de violencia contra féminas, informó que han reclutado 250 evaluadores de riesgo para darle seguimiento directo a los casos de Ley 54 que actualmente requieren brazalete electrónico.

Entre los datos que ofreció en su ponencia escrita destacó, actualmente el DCR ofrece servicios a un promedio diario de 7,040 personas adultas dentro de las instituciones correccionales, incluyendo población detenida de la jurisdicción federal: de este grupo 6,747 son hombres y 293 son mujeres.

En cuanto a los menores transgresores tienen una población promedio de 73, de los cuales 67 son varones y 6 son niñas, y en comunidad hemos tenido 2 varones.

“Igualmente ofrecemos supervisión de servicios con antelación al juicio a un promedio diario de 1,267 imputados de delitos (1,095 hombres y 172 mujeres) supervisados en 13 centros regionales a través de toda la isla. Asimismo, el DCR atiende un promedio diario durante los meses del presente año fiscal de 6,078 miembros de la población correccional en programas alternos al confinamiento, de los cuales 5,456 son hombres y 622 son mujeres”, dijo.

“En resumen, el DCR administra un sistema cuya población promedio diariamente es de 14,458 miembros de la población correccional, sin añadir la atención a los familiares de la población correccional”, agregó.