Hay estrategias y modelos que se pueden usar en la isla para atender la crisis demográfica que nos mantiene entre las poblaciones más envejecidas.

En Puerto Rico urge diseñar y ejecutar planes de acción a todos los niveles para atender la crisis demográfica que nos mantiene como una de las jurisdicciones más envejecidas del planeta y no hay que inventar la rueda, sino mirar a experiencias de otros países que han ayudado a enfrentar ese problema.

En este llamado resultó la Cumbre sobre el Reto Demográfico que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) realizó el 20 de marzo pasado con la participación de organizaciones del sector privado, gobierno y académico.

De acuerdo a la medición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Puerto Rico fue la séptima jurisdicción más envejecida en 2021 con 22.4% de la población en el renglón de 65 años o más. AARP Puerto Rico añade que los de más de 50 años son el 40% de la población.

Merary Ríos, puertorriqueña que labora en el Censo, comparó que la isla tiene solo 3.5% de población por debajo de los cinco años, mientras que Estados Unidos tiene 7.3% y que la media de edad aquí son 45.2 años mientras que allá son 38.8 años. Esto significa un aumento aquí en la media de edad de 8.3 años en la última década, mientras que allá el aumento fue de 1.6 años.

Esto es “una verdadera crisis que amenaza la propia viabilidad económica, social, cultural y política de Puerto Rico”, acotó en la Cumbre la doctora Marcia Rivera Hernández. Las alternativas existen, pero lo que no e puede hacer es quedarse inmóvil, argumentó al invitar a comenzar a examinar el reto demográfico desde la perspectiva “de la gente que se tiene que ir o que no quiere reproducirse”.

El inmovilismo lo ilustró el doctor Hernán Vera Rodríguez al recordar que la Ley de Reto Demográfico de 2010 llamaba a la creación de grupos de trabajo que, al día de hoy, están inoperantes.

Hay que “romper los cajones de lo que creemos es una realidad inamovible”, exhortó al proponer como referente el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, un documento que surgió en 2014 con la participación de 33 países de América Latina y el Caribe con metas específicas para atender el desarrollo de la población y la dinámica demográfica.

El impulso del documento es “asegurar calidad de vida para todas las personas desde que nacen hasta que mueren”, explicó Rivera Hernández. La gente se va de los países buscando felicidad y “la felicidad está muy mal distribuida” en Puerto Rico, concluyó.

A raíz del Consenso, cada país participante desarrolla estrategias, con mecanismos de medición, e informa anualmente su progreso.

Por ejemplo, en su informe más reciente, Costa Rica reportó iniciativas como:

-Sistema Nacional de Cuidados enfocado específicamente en la población de adultos mayores, niños y mujeres gestantes.

-Otorgar títulos de propiedad a familias pobres.

-Generación de empresas enfocadas en mujeres y jóvenes de las zonas rurales.

-Reducir el tiempo de espera para cirugías de cataratas, ultrasonidos, cirugías ambulatorias y endoscopías en el sistema de salud público.

-Aumentar proyectos para prevenir problemas de salud mental.

-Aumentar las personas graduadas de educación técnica en áreas de demanda laboral, también en la economía creativa.

-Reforzar la enseñanza del inglés para mejorar la empleabilidad de la población.

-Capacitación de jóvenes en emprendimiento y en STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática).

-Atención especial a mujeres pobres o víctimas de violencia doméstica para capacitarlas en emprendimiento y otras áreas educativas, así como asistirles en el cuido de sus hijos.

-Digitalización y automatización de la red eléctrica y diversificación de fuentes de energía para aumentar la descarbonización de la economía.

-Aumentar el número de PYMES que son suplidores del Estado y eliminar el 90% de los “cuellos de botellas” en áreas de regulación, trámites y permisos públicos.

-Llegar al 96.5% de hogares con acceso a internet.

-Desarrollo de trenes para carga y pasajeros.

-Financiar actividades culturales, artísticas y educativas fuera de las áreas metropolitanas y asegurar que son accesibles a personas con discapacidad y a adultos mayores.

-Aumentar espacios verdes que puedan interconectar distintos sectores en las áreas urbanas.

-Orientar la inversión, educación y el desarrollo con criterios que tienen que ver con el cambio climático, resiliencia, servicios adaptados y planificación ecológica.

-Establecer metas de cantidad de exconvictos que se insertan en actividades económicas formales una vez cumplen su sentencia.

-Establecer límite eficiente de cuánto gasto público puede haber con relación al Producto Interno Bruto.

En el caso de Uruguay, país con población comparable a Puerto Rico en población y envejecimiento aunque con mayor extensión territorial, en 10 años se pudieron añadir 200,000 personas de edad productiva y reducir la pobreza de 40% a 9%. Las estrategias incluyeron llevar a casi 100% el uso de fuentes de energía renovables, educación superior gratuita que atrae a jóvenes de toda la región, liberalización de la migración y las visas, y atención médica universal gratuita. Particularmente esto último “da unas certezas increíbles, quien llega ahí, no se quiere ir”, comentó.

En un discurso reciente ante la Asociación de Hospitales, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), invitó al sector de la salud a desarrollar junto con ese ente fiscal un plan de acción para atender el envejecimiento de la población, aunque no se mencionó el acceso universal a os servicios de salud.

Mujica ofreció como alternativas seguir presionando al Congreso para que se aumente el financiamiento en Medicaid, aumento de salarios a estudiantes de medicina residentes, un análisis de la fuerza laboral de la salud para determinar necesidades de servicio y de compensación y aumentar el financiamiento a hospitales para inversiones de tecnología, como el expediente médico digital.

Tras un día de discusiones en mesas de trabajo, los asistentes de la Cumbre resaltaron algunas medidas que consideran deben priorizarse en la respuesta a la crisis demográfica.

Entre estas, considerar a la población de adultos mayores como un grupo que requiere inversión específica como se hace ahora con la niñez y juventud; repensar las estrategias de vivienda para proveer hogares adaptados al adulto mayor y que cumplan con las necesidades de cuido prolongado; institucionalizar el trabajo de los cuidadores que ahora ocurre más de manera informal; mejorar los servicios extracurriculares a los estudiantes; fiscalizar mejor a los casinos que drenan a los adultos mayores de sus recursos económicos ofreciéndoles recreación y esparcimiento que no encuentran de otra manera; subsidiar el cuidado infantil y dar pagos mensuales directos a los padres durante los primeros años de sus hijos; y establecer una política demográfica nacional para que toda legislación tenga que atenerse a las metas de repoblación del país.

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