El derecho a defender la cultura y también a desmantelarla
El Humanista del Año, profesor Efrén Rivera Ramos, invita a defender la cultura como un derecho y a criticarla y renovarla cuando sea necesario.
Expresiones culturales puertorriqueñas, como las fiestas navideñas que vivimos en estas semanas, son parte de lo que nos identifica como pueblo y que proyectamos al mundo para que otros países conozcan nuestra esencia.
Pero la cultura no es solo material de mercadeo turístico o estrategia de comercialización. Los elementos que componen la cultura son también fuente de derechos sujetos a ser reconocidos legalmente, a ser vindicados en foros judiciales y, también, a ser eliminado o transformados, particularmente cuando resultan en opresión y discrimen.
En el año que recién termina, la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (Humanidades PR) distinguió como Humanista del Año al profesor de Derecho, Efrén Rivera Ramos.
Con la condecoración, cada humanista presenta una conferencia magistral y esta exposición sobre la defensa y transformación de los derechos culturales fue la propuesta de Rivera Ramos en su conferencia para provocar la reflexión y la acción.
Aunque poco discutidos de esta manera, mucho menos en Puerto Rico, los derechos culturales tienen reconocimiento a nivel internacional y en distintas jurisdicciones del mundo desde al menos 1948. Abarcan aspectos de la cotidianidad amplios que no se limitan, como se podría pensar, solamente a lo artístico.
Según explicó el profesor, se ha reconocido que incluyen el lenguaje, la escritura, ritos, ceremonias, deportes, comida, vestimenta y otras vías por las que los individuos “expresan su humanidad”.
Rivera Ramos identificó 18 derechos que se conciben bajo la sombrilla de “derechos culturales”, entre los que se incluyen: gozar de las artes, disfrutar del progreso científico, protección de los intereses como autor, libertad de investigación científica, recibir e impartir información e ideas, la educación, el ocio, acceso al patrimonio cultural, reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de género, protección de la diversidad cultural, la alfabetización digital, plena participación en la vida cultural por parte de personas con diversidad funcional, protección contra el discrimen y el “derecho a criticar libremente la cultura propia”.
Todos tienen aplicación en Puerto Rico, afirmó, pero recaló sobre cinco de esos derechos por la manifestación que tienen en el contexto local.
Primero, el derecho a la autodeterminación, sin limitarse al sentido político de participar en un ejercicio electoral para determinar el futuro político de la isla. “Incluye la capacidad del pueblo de continuar desarrollando libremente su cultura, enriqueciéndola según sus propias necesidades, historia, particularidades, deseos y aspiraciones… ese desarrollo debe darse en conversación con el resto del mundo – pero eso supone el intercambio con todo el mundo y no con un solo país o región”, planteó para concluir también que el colonialismo es una “violación cotidiana” de ese derecho de autodeterminación que tiene el pueblo colonizado.
Segundo, el derecho a disfrutar del acceso a los beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, uno cuya importancia quedó manifiesta durante la pandemia reciente por el Covid-19, así como que mantiene vigencia por los desafíos que representan las consecuencias del calentamiento global. “La educación sobre los aspectos científicos, sociales, económicos y culturales del cambio climático debe ser asunto prioritario, es más, urgente, tanto en las escuelas y universidades del país como en los medios de educación ciudadana y comunitaria”, reclamó para sumar también “los esfuerzos por cerrar la brecha digital existente entre diversos sectores por razones económicas, de mercado, educativas, sociales, ideológicas o generacionales”.
Tercero, el derecho a la educación, que en Puerto Rico está definida constitucionalmente como educación que tienda al desarrollo integral de la persona y promueva el respeto a los derechos humanos fundamentales.
“Tengo serias dudas de que los currículos y las prácticas docentes y administrativas vigentes en el Departamento de Educación adelanten esos propósitos”, anotó para recordar que las “condiciones deficientes, a veces deplorables” en las que se llevan a cabo los procesos educativos en la isla son “una vulneración imperdonable de los derechos culturales de nuestra niñez”. Pero, aún con ese cuadro de la educación a niveles primarios, sentenció que “[e]l ataque más feroz al derecho a la educación, como derecho cultural, lo sufre la Universidad de Puerto Rico” perpetrado mediante “intervenciones abusivas de la Junta de Control Fiscal y, por qué no decirlo, sus colaboradores internos”.
Cuarto es el conglomerado de derechos relacionados al idioma y la comunicación. Si bien a principios del siglo pasado el frente de defensa de ese derecho era evitar la imposición del inglés como idioma de enseñanza en el sistema público, hoy, argumentó Rivera Ramos, “[l]a mayor preocupación tiene que ver con los problemas en el manejo del idioma español y en las destrezas de lectura y comprensión tanto en español como en inglés que muchos docentes perciben entre sus estudiantes, probablemente por razón de las mismas deficiencias del sistema educativo ya mencionadas”.
Complementó su comentario sobre este derecho recordando que la población con limitaciones auditivas y del habla tienen también “derecho a participar plenamente en la vida cultural”, por lo que hay que garantizarles integración en igualdad de condiciones que el resto de la población.
Rivera Ramos reservó la última parte de su conferencia para torear al público, para avivar las posibilidades al defender “el derecho a criticar la cultura propia”.
“No todo lo que tiene carácter cultural es digno de conservación. Por el contrario, hay elementos constitutivos de nuestras culturas que no solo merecen crítica, sino desmantelamiento o cuando menos renovación. Ahí están como ejemplos las construcciones culturales del género, la identidad, la clase, la raza, la apariencia, los estilos de vida, la familia, el mérito, ciertas creencias religiosas, determinadas formas de concebir la nación y otras. De hecho, todos los discrímenes conocidos tienen profundas raíces culturales que deben erradicarse”, planteó.
Recordó que “la cultura popular puertorriqueña desde la bomba y la plena hasta algunas manifestaciones del reggaetón ha servido de vehículo para someter a cuestionamiento costumbres, tradiciones y prácticas sociales, políticas y culturales” y reconoció que “los diversos feminismos, las comunidades LGBTTQI+ en lucha y el emergente movimiento antirracista” son los que en Puerto Rico han ejercido la crítica cultural de manera más constante.
Aunque estos grupos, y la población más joven, son los que más han ejercido el derecho a criticar la cultura, y los más afectados también cuando la cultura no se renueva, Rivera Ramos exhortó a todos a ejercer ese derecho todos los días y en todos los lugares. Desde oficinas de gobierno y consultorios médicos hasta canchas, iglesias, los medios de comunicación y en la intimidad de la familia.
Como ejemplo de las consecuencias reales que pueden tener los discrímenes que se visten de “costumbre” para causar opresión, el exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico trajo a colación la decisión del Tribunal Supremo en la que una mayoría resolvió en mayo pasado que cuando no hay acuerdo entre los progenitores sobre el orden en que deben inscribirse los apellidos de una criatura, la costumbre mandaba que el primer apellido sería el del padre. “Esa aplicación acrítica de la costumbre como fuente de derecho es muestra de lo que ocurre cuando las instituciones se resisten a corregir los efectos discriminatorios de ciertas prácticas culturales”, apuntó.
El derecho a criticar la cultura “trata a la cultura como creación humana transformable y no como divinidad secular en cuyo altar debemos sacrificar posibilidades, identidades, preferencias, estilos de vida, afectos y aspiraciones”, concluyó.