Junta no vislumbra eliminar exoneración por la residencial principal
La intención del ente fiscal es ponerle un tope al impuesto para permitir la importancia de más bienes.
El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, rechazó ayer que el ente fiscal busque eliminar o modificar la exoneración que ahora reciben unos 800,000 puertorriqueños que no pagan contribuciones sobre la propiedad en relación con su residencia principal.
Fue la dirección del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que alertó este pasado lunes sobre las supuestas intenciones de la Junta cuando su director ejecutivo Reinaldo Paniagua Látimer autorizó un comunicado de prensa en que señalaba que el ente fiscal quería, con ese alegado aumento en el impuesto a la propiedad, compensar por el dinero que dejarían de recibir los gobiernos municipales en caso de que se elimine el impuesto al inventario.
Eso desató un tiroteo en que participaron, como parte de su propia pelea política, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y su rival en la primaria para la alcaldía de Dorado, Carlos López. Además, gremios del sector privado y los gremios que agrupan a los alcaldes entraron en el debate público.
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Ayer, la JSF divulgó una declaración en que se limitaban a indicar que favorecían congelar u aplicar una especie de tope sobre lo que se paga en el impuesto al inventario por una ventana de cinco años en que un grupo especial tendría la responsabilidad de buscar alternativas para que la iniciativa finalmente sea fiscal neutralmente.
Más tarde en el día, Mujica se desligó completamente de la propuesta que el CRIM le atribuyó a la JSF.
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“No lo propusimos. En ningún momento hemos sugerido eliminar la exoneración por la residencial principal”, dijo Mujica a NotiCel al recordar que en una carta que la JSF le envió el 29 de septiembre a Hernández Montañez, no se aludió en ningún momento a eliminar la exoneración. Esa misiva, reseñada por NotiCel, se circunscribe a un análisis de dos proyectos de ley que atienden el tema del impuesto al inventario y cómo uno, según la JSF, era superior al otro.
“La carta está enfocada en el análisis de dos piezas de legislación que el Presidente de la Cámara solicitó que analizáramos en relación al impuesto al inventario. Nuestra sugerencia debe ser bienvenida por el CRIM, y es colocar un límite sobre el impuesto al inventario. Eso es más fácil hacerlo mientras desciframos si hay una mejor manera. Con ese límite permitimos que más inventario (el exceso del tope) entre sin que sea gravado. Se podría duplicar el inventario sin impuesto”, dijo Mujica.
“Eso es mejor para los consumidores y posiblemente hasta bajen los precios”, agregó. “No sé por qué el CRIM dijo que íbamos a eliminar la exoneración”.
En la carta del 29 de septiembre de la JSF, el organismo declara que favorece a largo plazo eliminar tanto el impuesto al inventario como la contribución sobre la propiedad inmueble. No obstante, también se reconoce que será un reto conseguir que la propuesta sea neutral, o sea, que los gobiernos municipales no vean afectadas sus finanzas.
El impuesto al inventario solamente genera más de $200 millones al año. Mujica, por ejemplo, se preguntó si sería justo que beneficiarios de la Ley 22 (ahora parte de la Ley 60 de Código de Incentivos) salgan ganando ante la eliminación del pago del impuesto sobre la propiedad.
“No sé si eso sea justo, pero es una conversación que hay que tener. Por ahora, debemos ponerle un tope al impuesto al inventario”, insistió.
Mujica señaló que el periodo de cinco años en que se congele el impuesto al inventario es tiempo suficiente para encontrar una solución. El impuesto al inventario se ha mantenido casi igual durante los pasados cinco años y señaló que podría darse el escenario en que se mantenga con la cifra fija, por un lado garantizando los ingresos de los municipios y por el otro lado permitiendo que comerciantes importen más productos sin pagar impuestos adicionales.
“Es algo que se debe de hacer. Habría que trabajarlo con el CRIM, el gobierno y los alcaldes. Lo bueno de limitar el impuesto al inventario es que los municipios van a recibir la misma cantidad de dinero”, dijo.