Por las expresiones de Domingo Emanuelli en vistas públicas relacionadas con el Proyecto del Senado 495.

El presidente de Proyecto Dignidad, doctor César Vázquez Muñiz, informó el miércoles que solicitó una reconsideración a la Oficina de Ética Gubernamental en contra del secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuelli Hernández, por sus expresiones en vistas públicas relacionadas con el Proyecto del Senado 495.

Vázquez Muñiz explicó que le comunicó a la licenciada Nimia Salabarría Belardo lo inapropiado de la respuesta de su oficina a la solicitud de investigación por las expresiones altamente prejuiciadas del secretario de Justicia, el licenciado Domingo Emanuelli Hernández, en la audiencia pública sobre el Proyecto del Senado 495.

En el pasado mes de julio, Ética Gubernamental argumentó que “de las expresiones vertidas por Emanuelli Hernández, no se desprende que haya obtenido un beneficio para él, requisito esencial para que se configure una violación al artículo 4.2(g). No es posible establecer que, como resultado de las expresiones del secretario, surgió la obtención de un beneficio”.

“Este argumento es equivocado, pues no todos los incisos del artículo 4.2 tienen como requisito un beneficio económico”, refutó Vázquez Muñiz, quien luego citó varios incisos como ejemplos y concluyó que “la interpretación de la ley fue equivocada por la misma agencia encargada de hacerla cumplir”.

Luego, citó una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y describió el comportamiento del Secretario de Justicia en la vista pública como “un espectáculo vergonzoso a la vista de todos”. El presidente de Proyecto Dignidad enfatizó que los argumentos presentados por Ética eran especulativos y no atendían la violación de la Ley 178-2001.

Vázquez Muñiz concluyó exponiendo que “los fundamentos para esta provisión son claros, el conflicto de interés que suscita que un funcionario nombrado por el pueblo de Puerto Rico haga expresiones de prejuicio y parcialidad, ya sea a favor de un partido o idea política o en contra de ella. Esa prohibición aplica también para los secretarios de Educación, de Hacienda y al Superintendente de la Policía”.

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