Expresidente Manuel Fernós tiene pendiente demanda en la que reclama que su despido fue en represalia a sus señalamientos de conflictos de interés en la Junta.

La comisión acreditadora Middle States (MSCHE en inglés) reacreditó los nueve recintos y dos escuelas profesionales de la Universidad Interamericana, pero pidió que anualmente se le provea evidencia de que se han establecido e implementado políticas de conflictos de interés.

La observación está en una anotación que la MSCHE hizo en el informe de la Facultad de Derecho después de su visita de evaluación. Sin embargo, el señalamiento sobre conflictos de interés está dirigido a la Junta de Síndicos de la institución la cual fue objeto de una querella por parte del exprofesor de Derecho, Dominique Gilormini de Gracia, quien fue ayudante del expresidente de la universidad, Manuel Fernós López-Cepero, cuando ambos fueron destituidos de sus cargos en sucesión rápida el año pasado.

La querella denunció que la Junta y Muñoz Ávila no se habían adherido a una política en contra de conflictos de interés, que no había un clima que fomente el respeto, que en la destitución de Gilormini de Gracia (ni en la de Fernós López-Cepero) siguieron un proceso de querella justo e imparcial, que interfirieron indebidamente con las operaciones del día a día de la institución, no tienen una gerencia fiscal adecuada, y que no apoyaron ni respetaron la autoridad de Fernós López-Cepero para mantener la autonomía administrativa de la institución. Esto después de que el expresidente denunciara intervención indebida de la Junta en la selección de la compañía de seguros de la institución y en procesos de contratos relativos al desarrollo de un recinto en Orlando.

Tanto Fernós López-Cepero como Gilormini de Gracia tienen demandas activas por sus respectivas destituciones.

“[E]n conjunto con cada Actualización Institucional Anual, la institución (tiene) que proveer evidencia de… el establecimiento e implementación de políticas escritas de conflictos de interés”, señaló la MSCHE. La universidad informó de la reacreditación de los recintos en un comunicado el 13 de julio, pero no mencionó la anotación de la MSCHE en el informe de la Facultad, que tiene fecha de marzo pasado.

NotiCel solicitó entrevista al presidente, Rafael Ramírez Rivera, y al presidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz Ávila, pero no hubo respuesta. Fernós López-Cepero, quien tras su destitución como presidente regresó a su posición de profesor en la Facultad de Derecho, indicó que Ramírez Rivera informó personalmente del resultado de la evaluación de la comisión acreditadora a los miembros de la Facultad.

“El señalamiento de la comisión valida la reclamación que he hecho yo al tribunal por razón de mi despido como consecuencia de yo haber denunciado conflictos de intereses en la presidencia de la Junta de síndicos. Las alegaciones (de mi demanda) son contundentes, el presidente de la Junta no puede negar que encubrió un conflicto de interés”, dijo el expresidente a este diario digital.

En el comunicado sobre las acreditaciones, Ramírez Rivera dijo que “[l]as acreditaciones sirven al interés público y protegen los fondos asignados para la educación superior, generan confianza en el valor de los grados otorgados por una institución acreditada y facilita también la transferencia de créditos entre universidades”.

Vea:

Querella contra la Inter detalla intromisiones y conflictos de interés del presidente de su Junta