El peso del pago de ese plan de ajuste caerá mayormente en las clases medias y bajas del país.

La imposición de un cargo adicional a la factura de electricidad para cubrir el pago del Plan de Ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrá un impacto adverso sobre la economía del país, los ingresos del Gobierno y en la demanda misma por dicho servicio, confirma un extenso análisis de la empresa Estudios Técnicos Inc (ETI).

El mismo fue publicado como parte de la serie “Occasional Papers” (OP) que utiliza esta conocida empresa consultora como “un medio para la divulgación de trabajos de investigación de todas las disciplinas y también para entablar debates sobre asuntos de política pública”.

Concluye este análisis, firmado por el economista José Israel Alameda-Lozada, que “utilizando seis ecuaciones, este estudio demuestra que este cargo (Legacy Charge) tiene un efecto negativo en el crecimiento real de la economía de Puerto Rico en el largo plazo. Afectará, ademٔás, la demanda de kilovatios hora (kWh) en sectores industriales, induciendo a una reducción en consumo”.

Esta reducción, agrega, se traduce en menor recaudos para el Fondo General del Gobierno, lo que coloca en riesgo su cumplimiento con las obligaciones del pago de la deuda de su propio Plan de Ajuste.

Más aún, indica, “esa reducción en demanda de energía hará las operaciones de la AEE insostenibles, particularmente cuando se consideran los nuevos arreglos de ingresos en que ha entrado la AEE a través de las alianzas público privadas, tales como LUMA y GeneraPR”.

Estas conclusiones se fundamentan en que tales cargos se implantarían en una economía como la de Puerto Rico que atraviesa por problemas estructurales, que no son cíclicos. “Puerto Rico enfrenta un estancamiento continuo (secular stagnation) que implica una incapacidad de crecimiento en el largo plazo”, sostiene el escrito.

El resultado, añade, es una economía que es débil y frágil; vulnerable a desbalances macroeconómicos particulares de Puerto Rico; y que carece de habilidad para manejar estos desbalances.

A esto le agrega el hecho de una población decreciente, como resultado de un flujo migratorio que incluye capital humano tales como técnicos, especialistas, médicos y otros, y también por una reducción en nacimientos.

Insiste el escrito en que el Plan de Ajuste no es sostenible y advierte que si no es modificado para que no impacte directamente a la gente de Puerto Rico será insostenible para los clientes residenciales de la AEE más vulnerables social y económicamente, y con altas tasas de pobreza. El peso del pago de ese Plan de Ajuste caerá mayormente en las clases medias y bajas del país.

Como evidencia de los señalamientos de la debilidad económica se citan los Planes Fiscales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal, en los que “raramente el crecimiento del Producto Bruto sobrepasa el 1%”, y en los que se proyecta que el Gobierno enfrentará un déficit a partir del 2026 sin señas de una ruta para un superávit.

Recuerda este análisis que los fondos federales son los que han mantenido un temporero, y no sostenido, crecimiento económico desde el año 2016 al presente.

“Por tanto, la economía de Puerto Rico no es sostenible y no tiene competitividad en el largo plazo. Para empeorar las cosas el cargo impuesto por el Plan de Ajuste de la AEE tiene un impacto negativo, no solo para la Autoridad, sino para la economía en general; y un decrecimiento económico se traduce en menos ingresos para el Fondo General”, subrayan.