La Alianza Pro Acceso a Medicamentos solicita la acción urgente del Gobierno en la aplicación de Ley 82, que otorga poderes al estado para regular y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia.

La Alianza Pro Acceso a Medicamentos (APAM), entidad que agrupa a las principales organizaciones propacientes en Puerto Rico, reclamaron del Gobierno que asuma su responsabilidad y regule a los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM en inglés) ante la creciente crisis en el acceso a medicamentos y las prácticas dilatorias de estas empresas.

Solicitan específicamente la acción urgente del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, en la aplicación de Ley 82, aprobada desde el año 2019, y que otorga poderes al estado para regular y fiscalizar estas compañías.

Aunque elogian y reconocen como un paso en la dirección correcta las gestiones del Departamento de Justicia sobre prácticas desleales de los PBM, afirman que la solución al problema está en la activación de la regulación sobre estas empresas.

Esta organización, se indicó, la conforman más de 10 organizaciones y fue creada para defender la política pública que atiende los retos al acceso a medicamentos y tratamientos de los pacientes que cobijan por los pasados ocho años. En su conglomerado, representa y ofrece servicios de apoyo anualmente a sobre 500,000 ciudadanos, entre los que se encuentran adultos mayores, jóvenes y niños.

“La problemática que se viene experimentando por años es que los PBMs, al no estar regulados en la isla, han activado prácticas nocivas para el paciente denegando medicamentos, dilatando las aprobaciones, requiriendo al paciente justificaciones diversas de sus médicos, aun cuando dicho paciente ya ha presentado la documentación pertinente y lleva tomando el mismo medicamento por años. Esto ocasiona la descompensación del paciente, hospitalizaciones, visitas a salas de emergencia y la generación de otras condiciones, lo que finalmente tiene un impacto en costos para el propio gobierno y para el sistema de salud”, sostuvo Maria Cristy, portavoz de la APAM.

Leticia López, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Ayuda a Pacientes de Psoriasis, expuso por su parte que estas empresas tienen un gran poder en el mercado e inciden directamente en el tratamiento médico de los pacientes. “El tener un componente tan importante de la cadena desprovisto de regulación y de fiscalización, como es el caso de los PBM en Puerto Rico, ha ocasionado una crisis para los pacientes en el acceso a medicamentos. Este patrón se experimentó en otras jurisdicciones, pero ya más de 40 estados han implementado regulación, y ha sido efectiva en salvaguardar el acceso a medicamentos y en establecer transparencia en los procesos, lo que ha redundado en ahorros sustanciales en el costo de medicamentos. Hay estados que han eliminado este intermediario (PBM) y experimentaron ahorros anuales millonarios en la partida de medicamentos”, sostuvo.

La portavoz de Apoyo a Padres de Niños con Impedimento (APNI), Celia Galán, denunció mientras tanto que “la Ley 82 no ha sido puesta en vigor ya que ASES levantó un alegado impacto, que nunca fue evidenciado. Los números usados por la dependencia provienen de un PBM con intereses económicos en el tema. Este impacto es totalmente contrario a la experiencia de otras jurisdicciones que tienen vigentes regulaciones similares a la aprobada en Puerto Rico”.

Otro reto, agregó, “es que la Junta de Supervisión Fiscal solicitó una certificación de impacto, conforme a Promesa, y el gobierno al día de hoy no lo ha sometido. ¿Cómo se explica que una legislación similar a la aprobada en Arkansas, que ya obtuvo el aval del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no ha podido ser implementada en Puerto Rico?”, cuestionó.

Por su parte, la doctora Minerva Gómez, portavoz de la Coalición de Entidades de Servicio, que agrupa organizaciones de cuidado asistido y de servicios comunitarios, señaló que los ciudadanos vulnerables son los más afectados por la situación. “Resulta inaceptable que estas empresas estén por la libre y que el gobierno no haga los esfuerzos para activar una regulación. La aprobación de la Ley 101-2022, la cual decreta los servicios de salud como unos esenciales, abre una puerta de oportunidad para que el gobierno finalmente ponga en función la Ley 82. Nuestros pacientes necesitan acción inmediata y este tema tiene que ser una prioridad para el gobierno”, expresó.

“Vemos como un paso de avanzada las acciones tomadas por el Departamento de Justicia. De igual forma, nos gustaría ver acción en cuanto al problema de monopolio de Abarca en Puerto Rico, situación que se complica cuando ASES otorgó la totalidad del contrato de administración de la partida de farmacia a un solo proveedor, en este caso a Abarca”, apuntó.

La agrupación recalcó que es unánime el sentir de que la falta de regulación sobre estas empresas es la causa de las prácticas dilatorias y de los retos que hoy día experimentan miles de pacientes. De igual forma, coinciden en que el propio gobierno se está viendo afectado por esta falta de fiscalización, ya que está a ciegas sobre las negociaciones de estas empresas, que redunda en costos altos en los medicamentos y en detrimento de miles de pacientes.

Recordaron que los PBMs son terceros contratados por los aseguradores para administrar los beneficios de farmacia de las cubiertas de salud y que entre sus funciones se encuentran, la aprobación o denegación de medicamentos, la imposición de requerimientos para autorizaciones, la negociación con los manufactureros de los precios de los medicamentos, la negociación de descuentos con los manufactureros y la creación de formularios de medicamentos que conforman los beneficios de farmacia. Estas empresas obtienen rebates y bonificaciones millonarias sobre el costo de los medicamentos, lo que incide en el costo final que paga el paciente, concluye la comunicación conjunta emitida este viernes.

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