En una carta dirigida al director de la OEG cuestionó la legitimidad de esa oficina para pedir dicha documentación y pidió paralizar el proceso hasta que se resuelva el caso de Melinda Romero.

Primero fue Melinda Romero Donnelly; ahora es Zoraida Buxó Santiago.

La también delegada congresional le comunicó el martes a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que tampoco rendirá sus informes financieros a esa entidad.

En una carta dirigida al director ejecutivo de la OEG, Luis Pérez Vargas, a la que NotiCel tuvo acceso, la licenciada Buxó Santiago también cuestionó la autoridad legal de esa oficina para exigirle a los delegados congresionales los estados financieros sobre sus gestiones en Washington y pidió detener el requerimiento de documentación hasta tanto se resuelva la disputa por una querella que se presentó contra su compañera Romero Donnelly en diciembre pasado.

“Esta comunicación debe entenderse como una impugnación a la legalidad de su determinación como director ejecutivo de extender a los delegados congresionales la obligación de rendir informes financieros, someterse al subsiguiente proceso de auditoría, y de proveer información adicional; información que es protegida por ser de naturaleza personal, privada y confidencial. Esta petición incluye por ende la suspensión y paralización de un Requerimiento de Información hecho por el Área de Auditoría de Informes Financieros, bajo el palio de que mi informe financiero del periodo 2021 (1 de enero al 31 de diciembre) se encuentra en proceso de revisión”, expresó Buxó Santiago en su misiva.

“Solicito que éste (informe financiero) se deje en suspenso y paralice hasta tanto se resuelva, conforme a derecho, la controversia planteada en el caso Núm. 23-21, Oficina de Ética Gubernamental v. Melinda Romero Donnelly, donde se cuestiona la autoridad legal del organismo que usted preside para añadir a la lista taxativa de funcionarios cubiertos por la Ley de Ética Gubernamental otros funcionarios que usted, a su discreción entienda, son personas obligadas a rendir informes financieros a su Oficina”, agregó.

Detalló que Ética Gubernamental le solicitó, entre otras cosas, “en qué gasté la cantidad de dinero por la cual se redujeron mis cuentas bancarias entre el 2020 al 2021: las razones por las cuales no realicé pago a un préstamo personal a una entidad privada que no tiene relación con el gobierno; y que provea información sobre personas privadas que no son empleados públicos y que pertenecen al ámbito de mi vida privada y familiar”.

La OEG presentó el diciembre pasado una querella contra Romero Donnelly por no presentar su informe financiero del año 2021.

La delegada, por su parte, solicitó una desestimación de la querella al alegar que dicha oficina no tiene jurisdicción para dicho requerimiento porque su posición no responde a ninguna agencia estatal.

Buxó Santiago subrayó en su misiva que concuerda con Romero Donnelly y además presentó “argumentos adicionales’’ para concluir que la OEG no tiene autoridad en ley para obligar a los delegados congresionales a presentar informes financieros y que “su actuación en esa dirección es ultra vires” (nulo por ir más allá de la ley).

“La OEG y su director ejecutivo derivan su poder de la Ley de Ética Gubernamental. Las facultades del director ejecutivo no son ilimitadas, sino por el contrario están delimitadas a lo dispuesto en la propia Ley. Esta no concede al director ejecutivo, ni a ningún organismo interno de la OEG, la facultad de expandir la lista de funcionarios públicos a quienes se le requiere la presentación de informes financieros”, expuso la licenciada.

“No hay jurisprudencia que indique que dicho listado es numerus apertus (lista abierta), y que su expansión para brindarle un alcance mayor a la letra de la Ley esté sujeto a la discreción de la propia entidad. Como cuestión de hecho, desde su origen la Ley de Ética Gubernamental se ha enmendado en varias ocasiones para añadir funcionarios en distintos niveles jerárquicos, tanto electos como no electos, y hasta contratistas ‘cuyo contrato equivalga a un puesto o cargo o que entre sus responsabilidades esté el intervenir directamente en la formulación e implantación de la política pública’”, destacó.

Buxó Santiago dijo que no todos los empleados públicos o funcionarios electos están obligados a rendir informes a Ética Gubernamental y puso como ejemplo a los legisladores municipales. Agregó que no es la misma OEG la que debe determinar si tiene o no la potestad de añadir a personas a la lista de funcionarios que deben rendir informes financieros, sino que requiere legislación.

“Eso no ha ocurrido con la figura del delegado congresional, y la agencia no puede actuar como si fuera la Asamblea Legislativa mediante una interpretación expansiva de su propia Ley y de una autoridad que no posee”, subrayó.

Dijo, además que el director ejecutivo de la OEG tiene la autoridad para “modificar o eximir” de presentar un informe financiero a una persona que esté obligado por ley a hacerlo, pero no puede “añadir o expandir y mucho menos enmendar lo que dispone la Ley”.

“Por lo tanto, respetuosamente sostengo que la actuación de la OEG de requerirle a los delegados congresionales la presentación de informes financieros y someterlos a un proceso de auditoría y requerimientos de información personal, privada y confidencial es un ejercicio ‘ultra vires’ de poder que es, además, inconstitucional toda vez que viola el principio de separación de poderes. Bajo estas circunstancias dicho requerimiento ni es válido ni es exigible”, sentenció.

Vea aquí la carta que obtuvo NotiCel:

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