La investigación es por un supuesto incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos e incluye a tres exfuncionarios que formaban parte del equipo de trabajo del exsecretario.

El secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández, recomendó el martes, a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) que designe un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue, por incumplimiento en el deber y malversación de fondos públicos, al exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, y tres exfuncionarios que formaban parte de su equipo de trabajo.

Tras finalizar una investigación preliminar, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia concluyó que “existe causa suficiente para creer que el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez; el exsecretario de Administración, Osvaldo Guzmán López; el secretario auxiliar de la Oficina de Servicios Auxiliares, Carlos Malavé Irizarry, y; la directora de Finanzas Evelyn Rodríguez Cardé, incurrieron en los delitos de incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos, según tipificados en los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico, respectivamente”, lee el informe de la DIPAC.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia, realizada conforme a la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, tuvo su génesis por una misiva enviada por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) en la cual refirió una situación surgida en la evaluación de los contratos del Departamento de Educación (DEPR), relacionada con el desembolso de fondos públicos, por concepto de pago del canon de arrendamiento de unas propiedades inmuebles cuyo contrato estaba vencido.

La investigación, realizada por el personal de la DIPAC y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, reveló que, en el periodo que comprende de junio de 2019 a enero de 2021, el DEPR efectuó pagos ascendentes a 4,754,014.81 dólares a favor del ingeniero Luis Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de dos propiedades, conocidas como la Vieja Sede y el Anexo. “Los pagos se efectuaron mediante órdenes de compra para lograr que el sistema computadorizado efectuara el desembolso del erario para esos fines. El realizar dichos pagos constituye una actuación contraria al ordenamiento jurídico vigente”, explicó la directora de la DIPAC, Yolanda Morales Ramos en declaraciones escritas.

En vista de lo anterior, el secretario de Justicia acogió el informe preliminar de la DIPAC aconsejando la designación de un FEI para estos funcionarios por los hechos investigados. Emanuelli Hernández notificó el referido y envió el informe y el expediente sobre la investigación a la OPFEI.

De igual forma, como parte de la política de divulgación de información, el secretario de Justicia envió la correspondiente notificación a las partes.