El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia tiene hasta el 28 de diciembre de 2022 para firmar el proyecto de ley.

Entidades ambientalistas se unieron hoy en la calle Fortaleza en un reclamo para que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firme el proyecto que otorga derechos a ciudadanos y organizaciones que quieran tomar acción legal en contra de personas que incumplan con la política pública ambiental.

Más de 30 organizaciones convocaron a la prensa para resaltar la importancia de que se firme el proyecto, ya que el gobernador tiene hasta el 28 de diciembre de 2022 para aprobarlo.

“El propósito de esto, como organizaciones ambientales, es garantizar que tanto las entidades como las personas y las comunidades puedan acudir a los tribunales y hacer cumplir la política pública ambiental cuando es violentada por alguna irregularidad. Lo que estamos pidiendo es que se haga justicia donde se garantice a la ciudadanía poder acudir a los tribunales a poder defenderse y defender la naturaleza”, expresó Vanessa Uriarte, directora de la organización Amigos del Mar, en entrevista con NotiCel.

La medida en cuestión es el Proyecto de la Cámara 474 (P. de la C. 474) que fue aprobado por el Senado de Puerto Rico el 1 de noviembre con 14 votos a favor, 10 en contra, dos abstenidos y uno ausente. Luego de la aprobación, la Cámara de Representantes concurrió con las enmiendas del Senado, y lo aprobó el 9 de noviembre con 31 votos a favor, 17 en contra, ninguno abstenido y dos ausente.

La directora de Amigos del Mar indicó que no debería existir ninguna objeción sobre un proyecto que busca “hacer justicia”, y la mayor preocupación de su organización es la impunidad que existe. Por esta razón, resulta vital para las organizaciones que se apruebe la medida para que haya consecuencias legales, y se puedan establecer denuncias al momento que hayan infracciones que impacten negativamente al ambiente.

“No existe ninguna razón por la cual Pedro Pierluisi no deba firmar este proyecto. Por el contrario, firmar este proyecto sería un acto de justicia para todas las personas y organizaciones que se han visto afectadas. Así que vendrían a enmendar un error de interpretación judicial que simplemente abre una puerta para que las personas puedan defenderse”, indicó Uriarte.

La directora aclaró que el proyecto no busca atender el desarrollo económico, sino que es una medida de “acceso a la justicia” para garantizar los derechos de las personas para que puedan acudir al sistema judicial.

El P. de la C. 474 pretende crear “Ley de Legitimación Activa Ambiental” para otorgar legitimación activa plena a cualquier persona en Puerto Rico que, “motivada por un deseo legítimo para hacer valer la política pública ambiental, interese presentar, intervenir, solicitar reconsideración, recurrir o apelar como parte en cualquier acción, causa civil o administrativa bajo cualquier ley, reglamento u otra fuente jurídica que verse sobre asuntos ambientales, ecológicos o relacionadas a la protección, conservación o desarrollo de los recursos naturales o que tengan un impacto directo o indirecto en cuanto a estos asuntos”.