Podría exponerse a una pena entre diez y 20 años de cárcel.

La Fiscalía de la Nación de Perú confirmó este miércoles que detuvo al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional tras el anuncio de este de disolver el Congreso.

"El Ministerio Público dirigió esta tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión, regulado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional", informó la Fiscalía en un comunicado.

Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como "el que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional" y recoge que "será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación".

La institución detalló que dirigió la detención del exmandatario en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides.

Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, Marco Huamán Muñoz, y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, perteneciente al equipo especial contra la corrupción del poder.

El Ministerio Público añadió en su información que como parte de la diligencia, se realizó a Castillo el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público.

Poco antes, Benavides pronunció un comunicado de la Junta de Fiscales Supremos, en el que expresaron su rechazo al quebrantamiento del orden constitucional y anunciaron la adopción de las acciones legales correspondientes.

"Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana (…) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales", señaló Benavides.

Castillo dictó este miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberle apartado de la jefatura del Estado.

Tras la medida, tildada mayoritariamente como golpe de Estado y no respaldada ni tan siquiera por su gobierno, fue destituido por el Congreso, y arrestado por la Policía por orden del Ministerio Público.

Desde aproximadamente las 2:30 de la tarde, el exmandatario está detenido en la Prefactura de Lima juntos con el que fue su ex primer ministro desde febrero hasta hace dos semanas.