Pidieron una reunión con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para exigirle la bonificación total o, de lo contrario, llevarán sus exigencias a La Fortaleza.

Representantes de distintas organizaciones sindicales exigieron hoy el pago del bono a todos los empleados públicos, que se entregará el próximo que será entregado por el gobierno el próximo jueves, 1 de diciembre.

Los trabajadores anunciaron que se reunirán con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, para que “ponga de su parte” en la otorgación del bono. De lo contrario, organizarán manifestaciones en La Fortaleza para llevar una vez más su reclamo al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Según Jannell Santana, presidenta de HEEND, han enviado cartas a la Fortaleza para que atienda esa petición y aún no han recibido respuesta.

“Exigimos al gobernador que enmiende su error de excluir a los empleados públicos que representamos y se tomen las medidas necesarias para otorgar el bono de $2,954 a todos. Nos queremos reunir con el secretario con el propósito de que intervenga a favor los empleados públicos que han sido excluidos del pago de ese bono que se otorgará el 1 de diciembre”, expresó Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).

La medida que otorga el bono es la Resolución Conjunta de la Cámara (R. C. de la C. 415). Esta resolución se aprobó el pasado 10 de noviembre, y se envió a La Fortaleza el 14 de noviembre para la firma del gobernador Pierluisi Urrutia. Esta medida asigna $556 millones, de los cuales, $475 millones se otorgarán a ciertos empleados públicos. Mientras que, el restante ($81 millones), se utilizará para pagarle a los bonistas.

Según los trabajadores, las declaraciones públicas del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia establecen que es una estipulación entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno. Asimismo, la bonificación excluye a más de 12,000 empleados públicos, pese a que hay trabajadores que han pasado hasta 12 años sin un aumento salarial.

“Nos aplicaron la Ley 66 de 2014, la Ley 3 de 2017 y la Ley 26 de 2017, que han mantenido congelada la negociación de cláusulas económicas. En consecuencia, los aumentos salariales de todos. Dichas leyes no establecen diferencias entre los empleados públicos”, señaló Nieves.

Por esta razón, los servidores públicos exigen que no se les excluya del bono.

El pasado 17 de noviembre los trabajadores se expresaron frente a la Fortaleza. Sin embargo, no vieron cambio desde entonces. Por esta razón, optaron por acudir a Maldonado González. Aun así, advirtieron que si no ven modificaciones en el bono, regresarán a la Fortaleza, pero acompañados de otros trabajadores para manifestarse en contra de la exclusión.

“Pedro Pierluisi se ha hecho cómplice del discrimen contra empleados públicos al avalar que se excluya a trabajadores gubernamentales que le brindan servicios esenciales al país. La negociación colectiva de cláusulas económicas que lleve a una permanente justicia salarial no puede ser sustituida por cualquier bono momentáneo. Sin embargo, si la determinación es otorgar un bono a los empleados públicos tiene que ser a todos los empleados públicos” expresaron.

Algunas de las organizaciones que participaron del anuncio fueron Unión Independiente Auténtica (UIA), Prosol Utier– Capítulo Autoridad de Carreteras, Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Unión Independiente Empleados de la Corporación de Fomento Industrial (UIECFI), Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la AAA (HIEPAAA), Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad de la UPR (UBOS) y Unión de empleados de COSSEC.