La agencia completó así la investigación preliminar sobre la querella presentada el 2 de mayo de 2022 por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el exrepresentante Manuel Natal Albelo.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia determinó que no procede recomendar un FEI contra el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, por el caso de J.R. Asphalt.

En colaboración con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), la agencia completó así la investigación preliminar sobre la querella presentada el 2 de mayo de 2022 por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el exrepresentante Manuel Natal Albelo, la exsenadora, Rossana López León y el exlegislador municipal de San Juan, Adrián González Costa.

La querella fue sometida en contra del exsenador y actual alcalde del municipio de San Juan, el senador Juan Oscar Morales Rodríguez y los representantes Víctor Parés Otero y Jorge Navarro Suárez, así como del excandidato a representante por el precinto 2 de San Juan, Ricardo Rey Ocasio Ramos.

Tras evaluar las alegaciones, Justicia consideró “la evidencia documental y testifical y las leyes aplicables, la DIPAC concluyó que no existe causa suficiente para creer que los querellados hayan incurrido en posible conducta delictiva bajo nuestro ordenamiento jurídico por los hechos investigados”.

En vista de lo anterior, la DIPAC emitió su informe en el que recomienda que no se designe un Fiscal Especial Independiente (FEI).

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la DIPAC y envió hoy a la OPFEI el informe sobre el resultado de la investigación preliminar realizada en la agencia, en colaboración con el NIE.

De acuerdo con el informe de la DIPAC,“la prueba recopilada no establece ni corrobora las alegaciones de que el asfalto utilizado en el bacheo de las vías de San Juan fuese pagado con fondos públicos, como tampoco, el que los querellados hayan recibido ni aceptado una propuesta de soborno de parte de alguno de los socios o empleados de J.R. Asphalt”.

Según la DIPAC, los querellantes señalaron que había trascendido públicamente que el alcalde Romero Lugo y otros funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) habían tenido vínculos con la empresa J.R. Asphalt, y que los señores Raymond Rodríguez Santos y Mario Villegas Vargas fueron socios en esa empresa y habían sido acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación.

Por ende, alegaron que pudo haber existido un acuerdo entre el querellado Romero Lugo y los socios de J.R. Asphalt, en el cual los últimos realizarían obras de bacheo en las calles de San Juan a cambio de que se les otorgasen contratos municipales en un futuro.

Además, los querellantes expusieron en la querella que, de acuerdo con las expresiones vertidas por el alcalde Romero Lugo, éste confirmó que no pagó por el asfalto, ni por el personal o la maquinaria que se utilizó para asfaltar varias calles en San Juan durante los años 2019 y 2020.

También, los querellantes arguyeron que, ante las presuntas admisiones de los querellados, así como la información reseñada en varios medios de comunicación relacionada a los vínculos del alcalde Romero Lugo con JR Asphalt, ellos consideran que pudiese haber una serie de violaciones al Código Penal de Puerto Rico.

En el día de hoy Justicia notificó la recomendación a los tres querellantes, así como a todos los implicados.

Ahora el caso se encuentra ante la consideración de la OPFEI.

Reacciona el alcalde de San Juan

Ante la determinación, Romero Lugo señaló en declaraciones escritas que “en la querella se hicieron alegaciones e imputaciones sobre conducta ilegal con una empresa vinculada con actos de corrupción”.

“Terminada la investigación preliminar, la DIPAC concluyó que de la prueba recopilada no existe causa que sustenten dichas imputaciones y, por tanto, se recomienda que no se designe un Fiscal Especial Independiente”, afirmó.

Sobre la decisión, indicó que “acojo con el respeto la determinación notificada. La misma valida lo que expresé en un principio sobre mi cumplimiento con el rigor legal en todas mis acciones y conducta como servidor público y sobre la pulcritud y rigurosidad en los procesos de subasta que se llevan a cabo en el municipio de San Juan”.