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Junta anuncia enmiendas al presupuesto

Para asignar el superávit presupuestario a ciertos empleados gubernamentales y los pagos a los bonistas.

La resolución presupuestaria presentada a la Legislatura asigna hasta $475 millones del superávit presupuestario del Gobierno del pasado año fiscal 2022.
Foto: CyberNews

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó este lunes a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un presupuesto enmendado para el presente año fiscal 2023 con el fin de asignar el superávit presupuestario para ciertos empleados gubernamentales y los pagos contingentes a los bonistas, según lo exige el Plan de Ajuste del Gobierno de Puerto Rico.

“La Junta se aseguró de que el Plan de Ajuste vele por el mejor interés de todas las partes involucradas en la reestructuración de la deuda de Puerto Rico”, dijo el presidente de la JSF, David Skeel en declaraciones escritas.

“Los empleados públicos, cuyos salarios habían sido congelados, incluso antes de que comenzara el proceso de quiebra en virtud del Título III de PROMESA, se vieron afectados en gran medida por la crisis fiscal de Puerto Rico, al igual que los bonistas. Por tal motivo, el Plan de Ajuste prometió que ambos compartieran una porción del rendimiento superior que ha experimentado Puerto Rico en su recuperación proyectada”, añadió.

El Plan, confirmado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico el 18 de enero de 2022, redujo la deuda del Gobierno en aproximadamente un 80 por ciento y ahorra a Puerto Rico sobre 50,000 millones de dólares en pagos de la deuda. El Plan de Ajuste también dispone pagos para ciertos empleados gubernamentales y para los bonistas en los años fiscales en los que los ingresos del Gobierno superen las proyecciones del Plan Fiscal Certificado para Puerto Rico. Las proyecciones se basan en los datos más actuales al momento de certificarse el Plan Fiscal.

“Hoy, la Junta se está asegurando de que esa promesa se cumpla”, añadió Skeel.

La resolución presupuestaria presentada a la Legislatura asigna hasta $475 millones del superávit presupuestario del Gobierno del pasado año fiscal 2022. La asignación incluye los bonos que se distribuirán el 1 de diciembre de 2022 a los empleados de las agencias del gobierno central y de las corporaciones públicas cubiertas por el Plan Fiscal certificado para Puerto Rico, así como la aportación patronal al Seguro Social y a Medicare. La cantidad exacta que se asignará para el fondo común designado para los bonos será determinada por un agente independiente.

El acuerdo de la Junta de Supervisión con la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condado (AFSCME) y su filial Servidores Públicos Unidos (SPU) para apoyar el Plan de Ajuste establece que si el superávit del Gobierno supera las proyecciones del Plan Fiscal Certificado en $100 millones o más en un año determinado, el 25% del superávit se asignaría a los empleados del Gobierno que cumplan con los requisitos, incentivando así a los empleados para que ayuden al Gobierno a trabajar de forma más eficiente. El fondo designado para los bonos se dividirá entre los empleados representados por la AFSCME y sus afiliados locales, y otros empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En octubre de 2022, se pagó 1,400 millones de dólares del superávit del año fiscal 2022 al Fideicomiso de Reserva de Pensiones creado por el Plan de Ajuste que reforzará el sistema público de pensiones de Puerto Rico garantizando que las pensiones puedan pagarse incluso en caso de una futura crisis económica.

El Plan de Ajuste también incluye Instrumentos de Valor Contingente (IVC) para los bonistas, compartiendo los ingresos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y del Arbitrio sobre el Ron, respectivamente, entre el Gobierno y los bonistas si tales impuestos superan las proyecciones del Plan Fiscal Certificado. Los bonistas recibieron 362 millones de dólares en pagos procedentes del rendimiento superior del IVU y del Arbitrio sobre el Ron en el pasado año fiscal 2022. La resolución presupuestaria presentada a la Legislatura incluye una asignación de 81 millones de dólares para dichos IVC.