La Agencia Federal de Protección Ambiental anunció varias iniciativas en la isla como resultado de la visita a la isla en julio pasado de su administrador Michael Regan.

El vertedero de Toa Alta dejará de recibir desperdicios y el de Arecibo cerrará en 2027, dijo la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA en inglés) al anunciar un puñado de iniciativas de distinto tipo puestas en vigor después de la visita a la isla del administrador Michael S. Regan en verano pasado y como parte de su agenda "Journey to Justice".

Según una comunicación de la EPA, las iniciativas son resultado de reuniones con la comunidad y se canalizan bajo la nueva Oficina de Justicia Ambienal y Derechos Civiles Externos que asigna 200 empleados de la agencia para "resolver retos ambientales en comunidades desventajadas". La división del Caribe de la EPA, que cubre a Puerto Rico, tendrá a una persona asignada a esta oficina.

El vertedero de Toa Alta es sujeto de una demanda del Departamento de Justicia federal en la que en agosto pasado se radicó una orden estipulada entre las partes como resultado de la cual la instalación dejó de recibir desperdicios. La orden mandata que el municipio cubra áreas expuestas del vertedero e implemente planes para controlar los lixiviados y otros líquidos que fluyen del vertedero hacia las comunidades colindantes.

“La comunidad quiere que se cierre el vertedero, punto, que no reciba más basura. Eso no resuelve el problema, pero es el principio de la solución del problema”, dijo el año pasado a NotiCel el representante legal de los vecinos del vertedero, licenciado Miguel Sarriera Román.

En Arecibo, el municipio, la EPA y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) llegaron a un acuerdo para cerrar la instalación en 2027 y el operador privado sometió para revisión de la EPA un plan de cierre el 7 de octubre pasado.

Además de estos dos vertederos, la EPA asiste al DRNA en el desarrollo de un Plan de Manejo de Desperdicios Sólidos con el propósito de que tanto personal de gobierno como las comunidades afectadas y organizaciones ambientales entiendan las estrategias que tiene la isla para atender los desperdicios de manera sustentable.

En Guayama, EPA invertirá $100,000 en dos proyectos para atender preocupaciones de la comunidad sobre la operación de la planta de generación a base de carbón AES. Los proyectos son uno de monitoreo de la calidad de agua en pozos cercanos y para evaluar si son adecuadas las medidas que tiene AES para evitar que residuos de carbón lleguen a cuerpos de agua. Otro proyecto es medición de contaminación por partículas finas (PM2.5) en las comunidades circundantes a la planta. Ya EPA emitió avisos de violación a AES por violaciones potenciales a las regulaciones de contaminación de agua y aire.

Además, en Salinas la EPA notificó a la empresa Steri-Tech, Inc. que está en violación de sus regulaciones para controlar la contaminación por óxido de etileno, por lo que la empresa instaló nuevos equipos de control de contaminantes que la agencia federal probará mediante monitoreo de calidad de aire.

En el Estuario de la Bahía de San Juan, el gobierno federal hizo una asignación de $4.5 millones en los próximos cinco años para trabajos de restauración y $1.2 millones a la Universidad de Puerto Rico para un proyecto de investigación sobre contaminantes en la Laguna San José. También, la EPA y el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan colaborarán en la detección de descargas sanitarias ilegales.

También relacionado con el recurso agua, la EPA anunció que destacó un equipo para trabajar con las comunidades que mantienen sus propios acueductos separados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para hacer una evaluación de las capacidades y necesidades de los 240 acueductos comunitarios que operan en la isla y proveerle a las personas encargadas la ayuda que necesitan para allegar fondos federales para el manejo de esta infraestructura. De hecho, la reciente ley federal para proyectos de infraestructura asigna $78.4 millones a la isla para proyectos de infraestructura pluvial.

Aparte de las acciones judiciales sobre vertederos, la EPA también movió a Justicia federal a procesar en septiembre pasado a la empresa de distribución de combustible Total Energies Marketing Puerto Rico Corp. para que pagaran una multa de $500,000 e invirtieran $1.3 millones en mejoras a su facilidad de almacenamiento en Guaynabo para resolver violaciones de la Ley de Aire Limpio. Esto también beneficiará a comunidades de Cataño que se afectan con esta contaminación, indicó la agencia federal en una comunicación escrita.

Sin embargo, y en línea con expresiones recientes de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, el administrador de la EPA dijo que su prioridad más inmediata en Puerto Rico es asistir al Power System Stabilization Task Force que se anunció esta semana para coordinar los esfuerzos de reconstrucción de la red eléctrica desde el lado del gobierno federal, así como dar ayuda al Cuerpo de Ingenieros y a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) en sus planes de reconstrucción general.

Vea:

Comunidad en Toa Alta va contra el alcalde por décadas de contaminación en el vertedero