El FBI confirmó la "actividad investigativa".

Tras recibir autorización de un magistrado federal, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ejecutó hoy, jueves, tres órdenes de allanamiento relacionadas a propiedades de los primos del gobernador, Pedro R. Pierluisi Urrutia.

NotiCel supo que estas tres órdenes son contra: un lugar (el bufete Pierluisi Isern Law Office), y las otras dos son por aparatos electrónicos, teléfonos celulares, uno de ellos el de Eduardo Pierluisi, primo del Primer Ejecutivo.

El segundo teléfono que busca ser ocupado por las autoridades federales es de una persona todavía por identificar, pero NotiCel tiene información que apunta a que uno de los lugares que fueron a buscar el aparato fue a una oficina del Municipio de San Juan.

Del lado del bufete involucrado, este fue incorporado por Walter Pierluisi el 11 de junio de 2009, según documentos, otro primo del Gobernador y hermano de Eduardo.

Una orden de allanamiento implica que se le presentó al magistrado federal suficiente evidencia de que había causa probable de la comisión de un delito federal, y que los artículos que se ocuparían con las órdenes abonan a la investigación o a probar la comisión de los delitos.

Al ser cuestionado sobre el asunto, Pieluisi Urrutia expuso que no conocía la razón de estos allanamientos, y apuntó a que los implicados son primos lejanos, "primos terceros".

"Confirmo que son familiares míos, primos terceros, pero no me he comunicado con ellos... Estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi, quien es un pariente mío. Su padre, Walter Pierluisi, que en paz descanse, era primo hermano de mi padre. Así que somos primos terceros", sostuvo el Gobernador.

Mira sus declaraciones aquí:

Con esas declaraciones, el Primer Ejecutivo intentó distanciarse de Walter y Eduardo. Sin embargo, ambos trabajaron en su campaña cuando todavía era candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El diagrama de la dirección de campaña de Pierluisi Urrutia indica que Walter fue director político de la campaña, mientras Eduardo fue director de avanzada.

También, Walter, desde su bufete y en conjunto con su hijo, Walter S. Pierluisi González, fue parte de la defensa del gobernador en controversias electorales de 2020. De igual modo, este ayudó a escribir la plataforma de Gobierno de Pierluisi Urrutia en su campaña por la gobernación.

Este también es un propietario de apartamento del Condominio Sol y Playa, donde una disputa por la construcción de una piscina ilegalmente en la zona marítimo-terreste, terminó con una orden judicial para ser demolida.

Pierluisi Urrutia no comentó ninguna de estas relaciones cuando ante la prensa apuntó a que se trataba de primos lejanos.

Además del bufete, Walter incorporó American Management and Administration Corp., en la que trabaja su hermano Eduardo Pierluisi. Esta entidad tiene contratos con la Administración de Vivienda Pública para administrar residenciales desde el 1995, confirmó la agencia a NotiCel.

Actualmente, los contratos públicos vigentes de American Management son con Yauco, Peñuelas, el Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Los contratos con los municipios son para servicios de emergencia, incluyendo remoción de escombros.

El contrato de servicios de administración de residenciales públicos asciende a $4,494,600, con vigencia desde 1 noviembre 2020 al 31 octubre de 2023.

Los licenciados Osvaldo Carlo y Eduardo Ferrer llegaron más temprano hasta el bufete que ubica en Río Piedras, como representantes legales de Walter Pierluisi. Según dijo específicamente Carlo en una entrevista televisiva (Telenoticias), las autoridades federales no ofrecieron detalles sobre la pesquisa que realizan.

Sin embargo, cuestionado sobre si la pesquisa estaba relacionada a los contratos para administrar residenciales públicos que trabaja la American Management and Administration Corp., el licenciado expuso que no lo tiene claro, pero dijo que las autoridades federales tienen récords de las labores que se realizan con esos contratos.

"Ellos tienen todos los récords, todos los pagos que se han hecho, todos los contratistas que existen. Esa información está en manos de los federales", sostuvo Carlo sobre los contratos.

"No nos dan ninguna información", agregó, al indicar que su cliente está "sorprendido" por el allanamiento.

A la hora del allanamiento, en el lugar también había personal del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés) y del Negociado de la Policía de Puerto Rico.