El cuerpo rector de la universidad hizo que sus miembros firmaran un acuerdo de confidencialidad para que no discutieran las alegaciones hechas en su contra ante Middle States.

La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) hizo que sus miembros firmaran un acuerdo de confidencialidad que les prohíbe discutir alegaciones que se han hecho en su contra y que están ante la evaluación de la agencia acreditadora, Middle States.

El documento consigna que, de haber filtraciones de información sobre estos temas, someterían a los miembros a pruebas de polígrafo.

La firma de los acuerdos, que ocurrió durante la semana pasada, es la más reciente secuela de los despidos del expresidente, Manuel Fernós López-Cepero, y de su exayudante ejecutivo, Dominique A. Gilormini de Gracia. La Middle States acogió y tiene bajo evaluación una querella en la que Gilormini de Gracia reclamo múltiples violaciones de ley y reglamento en su destitución y detalló instancias de intervención indebida de la Junta en las decisiones gerenciales de la universidad así como conflictos de interés en los que incurrió el presidente de la Junta, José R. Muñoz Ávila.

La UIPR es la institución educativa privada más grande y rentable de la isla. Muñoz Ávila se ha negado a conceder entrevistas o emitir declaraciones, aunque compareció al tribunal para intentar que se emitiera una orden contra Fernós López-Cepero para que entregara las credenciales de la cuenta de "iCloud" donde tiene el resguardo de un teléfono celular oficial que usaba, pero perdió el caso. En ese caso alegó que habían varias investigaciones contra el expresidente que no detalló.

Según supo NotiCel, Muñoz Ávila ha optado también por limitar los documentos y datos oficiales que circula a los síndicos sobre los asuntos que discuten en las reuniones, lo que levanta la interrogante de si están cumpliendo con su deber legal de tomar decisiones informadas.

El acuerdo de confidencialidad les prohibiría discutir, incluso entre ellos, el caso de Gilormini de Gracia y otras investigaciones no enumeradas. De haber alguna filtración se les advierte que los someterían a prueba de polígrafo y que podrían ser responsables legalmente a título personal de cualquier reclamación que se presente contra la universidad. El contenido de la prohibición llegaría al punto de no discutir los asuntos ni con la agencia acreditadora, según una fuente.

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Querella contra la Inter detalla intromisiones y conflictos de interés del presidente de su Junta