La comisión acreditadora Middle States tiene pendiente una querella contra la Universidad Interamericana por conflictos imputados a la Junta de Síndicos y su Presidente, que pueden afectar a la universidad privada más rentable de la isla.

La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana, y específicamente su presidente, José R. Muñoz Ávila, violentaron los criterios de acreditación al intervenir directamente en los trabajos de administración y al incurrir en conflictos de interés con suplidores de la universidad en perjuicio de la institución, imputa una querella ante la comisión acreditadora Middle States (MSCHE en inglés).

La querella fue presentada en julio por Dominique A. Gilormini de Gracia, catedrático auxiliar de la Facultad de Derecho de la Interamericana y ayudante ejecutivo del destituido expresidente de la Inter, Manuel Fernós López-Cepero. MSCHE la aceptó y la integró al ejercicio de autoevaluación que la Facultad de Derecho debe hacer este semestre. La universidad está notificada de la querella desde el 2 de agosto.

El documento contiene la divulgación más detallada de las confrontaciones entre la Junta y Fernós López-Cepero, que desembocaron en que este fuera destituido el 24 de mayo, después de 23 años en el cargo. Presenta conflictos de interés por parte de Muñoz Ávila y una pugna por el control de la universidad privada más rentable en la isla, la cual, según la información contributiva más reciente, tiene ingresos de $300 millones anuales y activos por casi $800 millones.

Además de los hechos imputados, la querella le resalta a la MSCHE que la Junta de Síndicos está en violación de un requisito que la entidad acreditadora le hizo en la década del 90 del siglo pasado sobre la necesidad de que existieran límites de tiempo para los nombramientos de sus miembros. En ese momento, la Junta enmendó sus reglamentos para establecer términos a los nombramientos de sus miembros, pero en 2007 volvieron a enmendarlos para remover esos términos, con el resultado de que hoy hay síndicos que llevan 30 y hasta 40 años de reelección perpetua.

Tras la destitución de Fernós López-Cepero, este diario digital pidió entrevista a Muñoz Ávila, pero se indicó a través de la oficial de prensa de la institución que no harían comentarios. Aunque someterse a los estándares de acreditación de la MSCHE es un ejercicio voluntario, la pérdida de la acreditación tendría consecuencias graves para la Interamericana porque no podría ser recipiente de fondos federales y cerca del 80% de sus ingresos son fondos federales a través de becas estudiantiles y préstamos.

Entre los requisitos de afiliación y los estándares que se alega incumplieron la Junta y Muñoz Ávila, están: que no se han adherido a una política en contra de conflictos de interés, que no hay un clima que fomente el respeto, que en la destitución de Gilormini de Gracia (ni en la del Expresidente) siguieron un proceso de querella justo e imparcial, que interfieren indebidamente con las operaciones del día a día de la institución, no tienen una gerencia fiscal adecuada, y que no apoyaron ni respetaron la autoridad de Fernós López-Cepero para mantener la autonomía administrativa de la institución.

Presidente de Junta pide donativos a suplidores y los favorece en decisiones que afectan a la Inter

Los eventos que, según la querella, denotan conflictos de interés de parte de Muñoz Ávila tuvieron manifestación el 10 de marzo, 13 días antes de que se destituyera a Gilormini de Gracia y dos meses y medio antes de la destitución de Fernós López-Cepero.

El primero tiene que ver con un proyecto de largo plazo de la universidad para construir un recinto en Orlando, Florida. El expresidente había designado coordinador del proyecto a su ayudante en 2021, cuando ya el proyecto contaba con abogado, arquitecto, ingeniero y gerentes contratados. Gilormini de Gracia encontró una dinámica en la que el abogado externo, Andrew Cuevas, y el arquitecto, Ernesto González, controlaban el movimiento del proyecto, en vez de la propia universidad. Cuevas fue el que recomendó la contratación de González.

Ambos querían imponer un modelo de contrato (desarrollado por el Instituto Americano de Arquitectos, o AIA) que le delegaba control de los cambios de órdenes en la construcción al arquitecto. Sin embargo, la Junta había aprobado en proyectos de construcción recientes otro modelo, en el que solo el dueño de la obra (la Inter) tenía el poder para aprobar o no aprobar cambios en la construcción. Fernós López-Cepero estableció que no iba a aceptar el modelo AIA porque no se iba a arriesgar a que el ámbito y presupuesto del proyecto se saliera de control por decisiones que no eran tomadas por él como representante del dueño de la obra, sino por el arquitecto a cargo.

A nivel de Junta, el desarrollo de Orlando lo manejaba un comité especial, que llevó los trabajos de manera cordial hasta que se integró el síndico José Figueroa Santaella, cuando el ambiente se tornó argumentativo y hostil, según la querella. En una reunión de ese comité especial, el 10 de marzo, Cuevas le dijo a Gilormini de Gracia que Muñoz Ávila lo había llamado para requerirle un donativo para el torneo de golf de la universidad y le había pedido que viajara a la isla para el mismo. Esto inmediatamente le puso en perspectiva a Fernós López-Cepero y a su ayudante una carta tipo requerimiento de información que le había remitido Muñoz Ávila el 3 de marzo pidiendo copia de todos los expedientes que la administración tuviera sobre el desarrollo de Orlando. En la reunión del 10, estaban el arquitecto, el abogado, el presidente de la Junta, y otros, y era "ciertamente claro" que las preguntas de Muñoz Ávila a los consultores estaban "ensayadas". El abogado luego admitió, además, que Muñoz Ávila había tenido comunicaciones directas con él cuando eso estaba prohibido por los reglamentos de la institución, precisamente para que la Junta no tuviera intromisiones indebidas con la gerencia.

También el 10, el Comité de Finanzas de la Junta se reunió para discutir las propuestas de servicio de tres compañías de seguro. La recomendación del equipo de Administración a la Junta era no renovar el contrato de Marsh Saldaña por el "terrible servicio que habían dado en los dos años anteriores con las reclamaciones que resultaron de los terremotos de 2019". Antes de comenzar, el presidente del comité preguntó si alguien tenía algún conflicto con las tres empresas bajo evaluación y nadie contestó. Entre los participantes estaba Manuel Maldonado, presidente de la empresa Intelligence Forecasting Corp. y consultor de la Junta. El consultor intervino para decir que, como "experto en seguros por más de 25 años", era muy tarde para cambiar de compañía de seguros, y que se debía renovar con Marsh Saldaña y pedirle un descuento por la insatisfacción con el servicio.

Pero estas justificaciones levantaron la sospecha del expresidente, quien consultó con el exsubcomisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui, quien le emitió opinión formal sobre que Maldonado tenía que estar licenciado en la industria de seguros para representarse como "experto", que el descuento que sugirió solicitar es ilegal porque viola el Código de Seguros y que no había la limitación de tiempo que presentó Maldonado como justificación para tomar la decisión de inmediato. A la vez, la presidenta de una de las compañías no agraciadas le escribió a Fernós López-Cepero para alertarle que Maldonado era consultor de Marsh. Además, el presidente de la Junta también le había pedido donativo a Marsh para el torneo de golf mientras estaba activo el proceso de evaluación de propuestas de las compañías.

Fernós López-Cepero refirió a Muñoz Ávila la comunicación sobre el conflicto de su consultor el 21 de marzo y el 23 le refirió la opinión formal de Cestero Lopategui sobre las aseveraciones del consultor en la reunión. Ese mismo 23, ocurrieron dos cosas fuera de lo ordinario. La reunión de Junta para discutir los referidos del presidente sobre la selección de Marsh se convirtió de inmediato en una sesión ejecutiva en la que excluyeron al propio presidente y hasta al director ejecutivo de la Junta, que es el que usualmente toma notas y mantiene la grabación, y luego de la reunión le ordenaron a Fernos López-Cepero a que destituyera a Gilormini de Gracia sin darle oportunidad a ser escuchado, y por razones que todavía no le han sido establecidas formalmente, según dice el profesor en su querella. El que se quedó sustituyendo al director ejecutivo fue el propio consultor impugnado, Maldonado.

A la destitución de Gilormino de Gracia le siguió el inicio de una investigación externa que implicó la incautación súbita de computadoras en varias oficinas administrativas y cuyo resultado todavía no se le ha divulgado al querellante.

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Este proceder, generó otros señalamientos en la querella, relacionados a la intromisión, o "microgerencia", de la Junta en los asuntos administrativos de la universidad.

Gilormini de Gracia era un empleado contratado por el presidente, por lo que era a este que le tocaba tomar una decisión sobre su permanencia, y no que la Junta se lo ordenara. También, en su calidad de profesor de Derecho, esa facultad había evaluado favorablemente su desempeño, pero ahora su posición como profesor está en juego porque la Junta intervino con el Decano y ahora le dicen que la Junta no ha decidido todavía si su designación como catedrático estuvo debidamente autorizada. Todo esto en violación a los reglamentos que aplican a los profesores en cuanto a su contratación, evaluación y terminación.

Otra instancia de intromisión ocurrió, según la querella, cuando el presidente interino Rafael Ramírez, convocó a Gilormini de Gracia a una reunión el 21 de junio, nueve días antes de que oficialmente expirara su contrato como ayudante, para decirle que le iba a leer una carta que la Junta le ordenó leerle con nueve puntos relacionados a su destitución. El funcionario no supo darle ninguna explicación o contestarle ninguna pregunta, excepto lo que decía la carta que la Junta ordenó leerle.

"El Presidente de la Junta está imponiendo su visión, opinión e intereses personales en las operaciones diarias de la institución, haciendo caso omiso a que ese no es su rol", plantea el exayudante a la MSCHE en su querella.

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En un señalamiento adicional de intromisión por parte de la Junta, la querella relata que desde octubre de 2021, Fernós López-Cepero estuvo tratando de discutir con la Junta una propuesta de retiro incentivado que ayudaría a la institución a atender la reducción significativa de presupuesto que habría en el año académico en curso porque se acabarían las ayudas federales por la pandemia y había una reducción en la matrícula. Para ser efectiva, la propuesta tenía que notificarse a los empleados en enero de 2022, pero la Junta dilató caprichosamente la discusión y se vino a promulgar en febrero, reduciendo su efectividad.

En una reunión en noviembre, un síndico no identificado, pero que lleva 40 años en el cargo, le dijo al expresidente "Manolo, sácate de la cabeza la aprobación de la propuesta (de retiro incentivado)". "Nosotros somos los que mandamos aquí", añadió.