Contra el hogar hay una recomendación de cierre por maltrato y negligencia.

Las preocupaciones por las irregularidades del Hogar Las Águilas en Ponce no solo las tienen los familiares, sino las propias empleadas: esto plasmó la Administradora Auxiliar de Adultos Mayores y con Impedimentos del Departamento de la Familia, Wilma Ortiz Rivera, en una carta enviada a su supervisora, la administradora de ADFAN, Glenda Gerena Ríos.

Ortiz Rivera leyó parte de la misiva enviada a su supervisora en la Vista Pública de la Comisión de Bienestar Social del Senado, donde se investigan las irregularidades que se han denunciado en el Hogar Las Águilas en Ponce.

“Esta servidora hizo un escrito con todo el planteamiento, las preocupaciones y se llevó a mi supervisora, que es la administradora de ADFAN”, dijo la Administradora Auxiliar de Adultos Mayores y con Impedimentos del Departamento de la Familia.

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Ortiz Rivera, quien lleva 36 años en el Departamento de la Familia, contó la descripción de varios referidos que incluían asuntos como caderas rotas de los adultos mayores, licencia vencida del hogar, escasez de recursos humanos, entre otros factores que fueron investigados y ratificados. Se esperaba que se cerrara el lugar pero no sucedió.

Tan reciente como esta semana llegaron dos referidos adicionales, los cuales la Administradora Auxiliar de Adultos Mayores y con Impedimentos del Departamento de la Familia no pudo detallar, pero describió como “alarmantes”.

Uno de los referidos, contó Ortiz Rivera, es uno de los familiares que pidió que se quedara abierto el centro y luego se arrepintió. “Nos dio la razón”, dijo la administradora, quien cree vehemente que el hogar debe cerrar.

El Hogar Las Águilas en Ponce sigue operando “clandestinamente”, ya que no cuenta con licencia y una investigación concluyó que la institución incurrió en maltrato y negligencia.

Según una ponencia enviada por el Departamento de la Familia a la Comisión de Bienestar Social del Senado, no abundó sobre la situación ya que hay una investigación criminal en curso.

"En el Departamento de la Familia tenemos el deber de salvaguardar el debido proceso de ley que cobija todas las partes por lo que no podemos incurrir, fomentar o permitir que se violente dicho proceso o se afecten las investigaciones en curso", lee la ponencia firmada por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz.