El gobernador dijo que el camino para evitar los apagones es la reconstrucción del sistema eléctrico y dejó en evidencia el divorcio con sectores que rechazan la gestión de la empresa.

Son dos discursos diferentes y, de momento, irreconciliables, lo que deja en evidencia el divorcio entre la postura del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien defiende el contrato de LUMA Energy pese a las continuas protestas, y organizaciones, municipios y políticos del país, que piden la salida de la empresa en una semana que será turbulenta para el consorcio y la administración de gobierno.

LUMA Energy, solo en estos días, ha recibido las críticas del alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill Rosa, por los cortes de energía en el ayuntamiento, y hoy un puñado de manifestantes irrumpió en las oficinas de la compañía en Levittwon para reclamar por el alza en la factura de electricidad y representantes de diversas organizaciones llegaron hasta La Fortaleza para solicitar que el mandatario firme el proyecto 1383, que evitaría más aumentos en tarifas, recortes a pensiones y la dilatación del proceso hacia la energía renovable.

Además, este miércoles se espera que miles de manifestantes marchen hasta La Fortaleza para pedir el fin del contrato de LUMA Energy.

Pero ese fin parece no tener fin, a la luz de las declaraciones de Pierluisi Urrutia en una conferencia de prensa en la PRITS para dar a conocer el lanzamiento de un portal de empleos del gobierno, ya que insistió en que "no es cuestión de endosar o no el contrato de LUMA Energy".

"Mi posición no es cuestión de endosar, es que ese es un contrato que obliga al gobierno de Puerto Rico y que estuvo debidamente otorgado. Y en el gobierno de Puerto Rico y en Puerto Rico los contratos se respetan. Es más, la Constitución exige que no se menoscaben las relaciones contractuales. La palabra del gobierno de Puerto Rico está empeñada en ese contrato y ahora mismo LUMA tiene una función que hacer conforme a ese contrato", aseveró.

Y entonces presionó el botón de "play" y reiteró lo que ha repetido en varias ocasiones: que hay múltiples entidades estatales que están fiscalizando a LUMA (Negociado de Energia, AAPP, La Fortaleza, Cámara y Senado) y que "lo importane es que la empresa cumpla con su cometido, cumpla su contrato y brinde el servicio que el pueblo espera. La solución para los apagones que hemos tenido, la solucion permanente es la reconstrucción que está en curso. Esa es la solución. Y tenemos los fondos para eso".

Sobre las manifestaciones, comentó que "como en cualquier democracia, y en la nuestra, respetamos cualquier demostración. Ese tipo de demostración ya se ha dado en el pasado".

Petición para que firme el proyecto 1383

Las expresiones del primer ejecutivo casi coincidieron con las de representantes de Queremos Sol, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda y de los trabajadores y pensionados de la UTIER en La Fortaleza.

Las entidades se reunieron hoy con la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, para entregar una carta pidiendo la firma del proyecto de la Cámara 1383, con el endoso de 70 organizaciones profesionales, sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de la diáspora, que buscan que el gobierno sea proactivo condicionando su apoyo a un próximo plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que evite más aumentos en tarifas, recortes a pensiones y dilate más la transición a energía renovable.

La carta incluye el endoso a la firma de la medida del Colegio de Abogados y Abogadas, Asociación de Economistas de Puerto Rico, Asociación de Titulares de Condominios, Alianza Energética, Casa Pueblo, Sierra Club y decenas de organizaciones comunitarias en Puerto Rico y la diáspora.

La misiva establece que “hay amplio consenso y suficiente evidencia de que pagar la totalidad de la deuda en bonos de la AEE es insostenible. Un plan de ajuste de sus deudas que asuma toda o una parte sustancial de la deuda en bonos de la AEE, basando su repago en nuevos aumentos en la factura de los consumidores de la Autoridad, independiente a los ya aprobados y por los próximos 30-40 años, como ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en su plan fiscal recientemente aprobado para la AEE, representaría un daño irreparable a nuestra economía nacional y un impacto mortal a las familias, empresas y comercios locales y al propio funcionamiento de las agencias públicas”.

Además, consigna que hay expertos que han analizado "los efectos adversos que un nuevo aumento en tarifa para el pago de la deuda puede tener en el bolsillo de la gente y la población más pobre de Puerto Rico, que estaría utilizando cerca del 42% de sus ingresos para el pago de electricidad. De igual forma, esta deuda tampoco ha sido auditada, que informes pre-auditoría señalan irregularidades en esas emisiones, deuda emitida ilegalmente por la corporación y préstamos hechos para proyectos que nunca fueron construidos".

“El proyecto 1383 establece que cualquier acuerdo de reestructuración para contar con el apoyo del gobierno necesitaría reducir de forma drástica la deuda en bonos, proteger las pensiones y convenios colectivos, respetar la meta de asequibilidad en el costo de la energía establecida por la propia JCF y la legislatura a través de la ley 17-2019 de 20 centavos por kilovatio hora y priorizar en la transición a nuevas fuentes de energía renovable para así evitar nuevos aumentos en la tarifa o impuestos al sol para el pago de la deuda”, dijo la portavoz Adriana González, del Sierra Club y Queremos Sol.

Para Eva Prados Rodríguez, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, “la medida en cuestión está alineada con las recomendaciones de expertos en Estados Unidos como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA) y economistas locales como el Centro para una Nueva Economía, que han recomendado recortar drásticamente la deuda de la AEE para no empeorar más las condiciones económicas de Puerto Rico. Por su parte, Tom Sanzillo de IEEFA, que cuenta con amplia experiencia en procesos de reestructuración de deudas públicas ha planteado que la deuda de la AEE debe ser cancelada y que no pueden garantizarse los bonos imponiendo nuevos cargos a los consumidores, ni que eleven a más de 20 centavos el kilovatio hora".