Pese a que desde el 30 de junio ya se sabía que los empleados públicos de la agencia no iban a recibir el aumento de sueldo prometido, solo la paralización del servicio hizo reaccionar a la admnistración.

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia rechazó que el gobierno haya actuado tarde en solucionar el reclamo de los empleados públicos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quienes exigían un aumento salarial prometido por el gobierno y que solo llegó después de que los funcionarios protagonizaran ayer un ausentismo total en la agencia y paralizaran el servicio.

Según Pierluisi Urrutia, con los $3 millones en fondos federales destinados al ICF “no quise esperar a hacer un planteamiento presupuestario nuevamente; quise atenderlo de raíz, inmediatamente, y lo hice”.

El mandatario aseguró que “al Instituto se le ha estado dando una atención prioritaria y muy especial. Y opté por usar estos fondos federales de forma inmediata, para no desestabilizar la operación del Negociado, porque eso es lo que no queremos, es una función muy sensitiva, que no queremos que se interrumpa”.

Cuestionado por Noticel si el gobierno había actuado tarde -ya que desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó su propio presupuesto se sabía que había eliminado la partida de 2.7 millones para el aumento salarial a los empleados del ICF-, el primer ejecutivo y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, defendieron el accionar de la administración.

“La realidad es que aquí estamos, han pasado dos semanas desde que se aprueba el presupuesto y ya se le asignó un dinero. Ante lo que sucedió, mi responsabilidad de gobernador es siempre mantener el gobierno operando, sin mayor interrupción”, lo que pese a todo ocurrió ayer con la paralización del servicio.

Agregó que ante la coyuntura (el total ausentismo de los trabajadores), mi decisión fue utilizar fondos federales del Plan de Rescate Americano (ARPA, siglas en inglés), cuyos dineros para el ICF no son recurrentes.

“No son recurrentes, pero nuestro compromiso es que en la próxima petición presupuestaria, no este año fiscal que está corriendo, sino el próximo, volver a la carga e incluir, entonces esos aumentos, e insistirle a la Junta que es importante que sean permanentes los aumentos”, declaró.

También opinó que el asunto es “serio” porque la acreditación que recibió el ICF dependía también de que sus empleados reciban estos aumentos.

No descartó que “si durante el curso del año fiscal, si identificamos la forma y manera de hacer un planteamiento presupuestario, lo pudieramos hacer. Lo que pasa es que la política de la Junta es identificar otros recursos que estás recortando, para entonces que te concedan el aumento que estás solicitando. En este caso, tendríamos que identificar unos ahorros dentro del ICF y pasarlos a la partida de nómina y yo, pues, ante ese escenario no claro, decidí asignarle los fondos y así estabilizar la agencia”.

Blanco, en tanto, aseguró que el gobierno estuvo desde principios de mes en contacto con el ICF para lograr solucionar el problema, que en definitiva se zanjó tras una protesta de los empleados de la agencia.

La situación provocó una reunión en la mañana entre la directora del Instituto, María Conte Miller, y la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales.

Conte Miller dijo que no llegaron a trabajar la totalidad de los 246 funcionarios y solo se presentaron supervisores y "otro personal" que no especificó.

"¿El ausentismo fue total?", preguntó Noticel, ante lo cual la funcionaria manifestó que "los números hablan por sí mismos".

Hubo ausencia de técnicos forenses, patólogos y otro personal crucial para el esclarecimiento de asesinatos o muertes sospechosas en el país.

Ante este escenario, Conte Miller advertía que las operaciones se verían afectadas y podría producirse taponamiento de cadáveres.

Vea: Protestan empleados del ICF