Comisión senatorial inició una pesquisa.

La Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado inició una pesquisa sobre las razones por las que el Departamento de la Familia (DF) permite seguir operando un centro de cuido de personas de mayor edad, luego de que no se le renovara la licencia por supuestos casos de maltrato.

La Secretaria de dicha agencia, Carmen Ana González Magaz, fue citada a comparecer a las audiencias que sobre el tema celebró ayer jueves dicha comisión, pero envió una ponencia en la que argumentó que no podía emitir comentarios ni ofrecer información sobre este caso, pues está bajo distintos procesos en varios foros administrativos y judiciales.

“Reconocemos la facultad de investigación de esta Honorable Comisión. No obstante, conforme a los preceptos legales antes expuestos y tomando en consideración que hay procedimientos, a los cuales le cobija el debido proceso de ley, el cual requiere que no se ventilen ni litiguen los hechos y controversias en otros foros, que no sea el administrativo y/o judicial que tiene el asunto ante su consideración…Además hay una investigación de naturaleza criminal en curso que es de carácter confidencial; el Departamento de la Familia está legalmente impedido de brindar cualquier tipo de información relacionada al asunto”, dice la titular en su ponencia escrita.

A la audiencia comparecieron, sin embargo, funcionarios y funcionarias, así como una exfuncionarias del Departamento. Entre ellos la exdirectora de la Oficina de Licenciamiento y actual trabajadora social, Llelidza Santiago Santiago; la especialista en licenciamiento a nivel central, Rosa Correa Ortíz; el director ejecutivo del programa de servicio de adultos bajo la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Eddie García Fuentes; y Marisabel Vázquez Mojica, especialista en trabajo social en el servicio de maltrato institucional de adultos y quien, se informó, ha laborado por 24 años en la agencia.

A preguntas de la presidenta de la Comisión, Rosamar Trujillo Plumey, estos señalaron que recibieron notificación por parte del DF indicándoles que de acudir a la audiencia, estarían asistiendo en su carácter particular, esto a pesar de que fueron citados por sus responsabilidades dentro de la agencia.

Cuando la senadora preguntó por qué el Hogar Las Águilas sigue abierto, Santiago indicó que desconoce la razón, ya que renunció a su puesto de confianza el pasado 1ro de junio y había un plan de egreso de las personas allí alojadas que culminaba en 30 días (al 18 de junio) y vencían luego de su renuncia “así que desconozco las razones por el cual sigue operando”.

Esta leyó partes de su carta de renuncia donde indica que recibió instrucciones verbales de la subsecretaria, Terilyn Sastre, de volver a evaluar la determinación de cancelación de licencia en busca de alternativas para que el establecimiento continuara operando, mientras se llevaba a cabo el proceso ante la Junta Adjudicativa.

“A mi juicio profesional, la acción que se me solicita va en contra del mejor interés y bienestar de la población vulnerable. Dada la insistencia en solicitar a quien suscribe, el firmar un documento que establezca y autorice la continuidad de operación de un establecimiento mientras se culmina el proceso apelativo, obviando el mejor interés y bienestar de los residentes; de manera formal pongo a su disposición el puesto de confianza de directora de Licenciamiento”, citó de su carta la deponente.

Órdenes de cierre tienen un proceso

Explicó que las órdenes de cierre o cancelación de licencias en estos casos son por aspectos de regulación, y por recomendación de la Unidad de Maltrato Institucional (UMI) donde han concluido, tras una investigación, maltrato o negligencia. Sostuvo que en este caso UMI preparó el informe con la indicación del cierre de dicho hogar y la Oficina de Licenciamiento validó el mismo.

La especialista en licenciamiento a nivel central, Correa Ortíz, explicó por su parte, que el referido llegó el pasado 9 de mayo. “Analizamos el informe y el 11 de mayo se hace llegar a la Región de Ponce la determinación. Según la recomendación nos acogimos a la no renovación de licencia. Aproximadamente el 18 de mayo se reúne la UMI con la operadora del hogar para remover la matrícula con un tiempo determinado de 30 días”, señaló.

Relató que luego de eso la unidad de licenciamiento llamó a la Región de Ponce para ofrecer alternativas a los familiares para la reubicación a los pacientes. “Se visitó el establecimiento, culminó el término de 30 días, y se le solicitó a la Región que sometieran un “Injuction”…Este Injuction establece un orden cronológico de todos los procesos que se hicieron para que el Departamento de Justicia actúe”, explicó.

Agregó que, tras someterse el interdicto, sostuvo una conversación con el director regional de Ponce quien tenía una carta extendiendo por 60 días el cierre de dicho Hogar, siempre y cuando los familiares firmaran un relevo de responsabilidad y la unidad estaría visitando dos veces el lugar. Afirmó que es la primera vez en 22 años que escuchó sobre tal proceder. Dijo que aún desconoce el resultado del interdicto sometido.

El director ejecutivo del programa de servicio de adultos bajo ADFAN, García Fuentes; indicó mientras tanto que desconoce el proceder que se ha realizado al presente y señaló que en sus 23 años como funcionario del DF no había visto una situación similar. Este defendió el trabajo que hacen las unidades del DF.

Finalmente Vázquez Mojica, la especialista en trabajo social en el servicio de maltrato institucional de adultos, señaló que avaló la recomendación de no renovar la licencia al hogar, pero declinó entrar en detalles por haber una investigación en curso.

“De acuerdo con mi criterio profesional no debía darse más tiempo de lo señalado que fue un mes. Entendíamos que ese era el tiempo ordenado para el proceso. Más allá de ese periodo de tiempo no era seguro que los residentes permanecieran en el lugar y así lo notificaron”, explicó.

Tras concluir la audiencia la presidenta de la Comisión expresó sus respetos a las funcionarias y funcionarios que comparecieron y señaló que “sus expresiones son preocupantes porque son funcionarias especializadas con años de experiencia y según lo escuchado en sala se les está llevando a ejecutar unos procedimientos contrarios a lo que la ley y los manuales rigen”.

Reclamó que “el procedimiento del Departamento no solamente para esto, sino para todos los hogares, es la responsabilidad de que sus viejos estén bien, así que lo que han hecho, han ido informando que se encuentran unos viejos en un hogar sin licencia o sea todo lo contrario a la responsabilidad del estado de ubicar envejecientes en lugares licenciados y libres de maltrato institucional”.