Al presente hay dos proyectos radicados ante la Asamblea Legislativa para migrar a las empresas de ese arbitrio del 4% a un régimen de contribución sobre ingresos.

El sector privado y el gobierno de Puerto Rico marchan por rutas distintas en sus propuestas para cambiar la situación contributiva de las empresas sujetas al arbitrio del 4% de la Ley 154, ante la esperada expiración a fin de año de los créditos que reconoce el gobierno federal a estas compañías manufactureras por sus pagos en la Isla.

Al presente hay dos proyectos radicados ante la Asamblea Legislativa para migrar a estas empresas del mencionado arbitrio a un régimen de contribución sobre ingresos.

El Ejecutivo, representado por el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”), favorecen uno de los proyectos, el P de la C 1367.

El sector privado, incluyendo a la Asociación de Industriales, la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA), la Cámara de Comercio, y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, rechazan esa propuesta y favorecen la que presentaron los industriales ante la Cámara de Representantes como el P de la C 1345.

Ambas medidas, y otras relacionadas también con el sistema contributivo de Puerto Rico, fueron discutidas ayer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, con la participación de todos los antes mencionados.

El principal argumento de las agencias gubernamentales es que las propuestas contenidas en el proyecto apoyado por los industriales “representarían un costo fiscal cuyo impacto negativo ocasionaría que el PC 1345 no cumpla con el principio de neutralidad fiscal según requiere el Plan Fiscal”.

Sostienen que el impacto fiscal en torno a la propuesta tasa de 10.5% ascendería para el Año Fiscal 2023 a $530.3 millones, mientras que para el Año Fiscal 2024 ascendería a $306.2 millones. En el caso de una transición a la tasa de 15%, el impacto fiscal en torno a la propuesta tasa de 10.5% ascendería para el Año Fiscal 2023 a $376.9 millones, mientras que para el Año Fiscal 2024 ascendería a $149.3 millones.

El sector privado reclama por su parte que, según la información recibida por parte del Departamento de Hacienda, el P de la C 1367 “provocaría que varias de las empresas actualmente sujetas a la Ley 154 resulten con cargas impositivas menores por potencialmente cientos de millones de dólares, mientras aumentaría sustancialmente la carga impositiva a unas pocas empresas (entre 3 y 6), en forma tal que éstas subsidien la pérdida de recaudos en otras”.

El vicepresidente de operaciones de la PIA, Rafael Castro, y el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, coincidieron en que el proyecto apoyado por el Ejecutivo podría provocar que “el cambio de un régimen que ya ha discriminado contra ciertos tipos de empresas, ahora sea cargado artificialmente hacia un grupo todavía menor de empresas para mantener el sustento de recaudos gubernamentales. Esto no solo no es equitativo, sino que agudiza la deficiente política fiscal establecida ya por la Ley 154”, señalaron en ponencias separadas.

Al apoyar a estos el Colegio de los CPAs indicó que, “en aras de mantener nuestra competitividad, cualquier modificación al modelo contributivo que afecta a estas multinacionales, en particular las que no podrán acreditar a nivel federal el arbitrio del 4% por virtud del reglamento aprobado, debería dejarlos en la misma o mejor posición con relación a su tasa efectiva en Puerto Rico”

El presidente de dicha entidad, Oscar E. Cullen, afirmó que “estamos de acuerdo con las peticiones y recomendaciones emitidas por la Asociación (de Industriales), en particular, favorecemos los seis renglones de tributación y la limitación o cantidad máxima que habrían de pagar las entidades que así opten a migrar al nuevo régimen, más a fin con lo que propone el PC 1345”.

Luís A. Gierbolini Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, se unió también al reclamo. “Queremos destacar la preocupación de algunos de nuestros socios que la formula propuesta por el P. de la C. 1367 con sus cuatro renglones resulta demasiado onerosa, y podría afectar las inversiones futuras de estas empresas en Puerto Rico. Por lo tanto, endosamos una medida que provea un alivio más sustancial a estas empresas. Debe ser uno más alineado a lo provisto en el P de la C 1345. Aunque parezca que los números son pequeños cuando los consideramos de manera porcentual, los resultados de estas cantidades puede representar cientos o hasta miles de millones de dólares”, dijo.

En defensa del PC 1367 el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea sostuvo que este alcanzaría las metas de neutralidad fiscal que requiere el Plan Fiscal, ya que “propone mantener la carga contributiva de las empresas actualmente impactadas por la Ley 154, de modo que la aportación contributiva que hacen estas compañías, en el agregado, sea sustancialmente similar”.

Estimó que los recaudos bajo una propuesta tasa de 10.5% serían aproximadamente $23 millones de impacto fiscal para el Año Fiscal 2023 y para el Año Fiscal 2024, se recaudarían aproximadamente $193 millones en recaudos adicionales. En el caso de una transición a la tasa de 15%, los recaudos adicionales ascenderían para el Año Fiscal 2023 aproximadamente $543.7 millones, mientras que para el Año Fiscal 2024 ascendería a aproximadamente $750.7 millones, cuyas cifras también estarían dentro de los parámetros del Plan Fiscal.

“Esto es posible porque el PC 1367 no reduce la carga contributiva de los contribuyentes sujetos a la Ley 154, ni ofrece beneficios contributivos que afectan los recaudos de los impuestos que pagan los grupos controlados bajo la Ley 154. Por tanto, el PC 1367 representa una medida que, según estos estimados, cumpliría con el principio de neutralidad fiscal según requiere el Plan Fiscal”.

“Por todo lo anterior, agregó, “el Departamento recomienda acoger el PC 1367 y recomienda que se continúe con el trámite legislativo de dicha medida, no así en el caso del PC 1345. Confiamos en que la propuesta del Gobierno de Puerto Rico, según expuesta en el PC 1367, ofrece una medida legislativa que no erosiona la estabilidad fiscal y financiera del Gobierno de Puerto Rico”.

Distinta fue la posición del presidente de los Industriales que recalcó que “las disposiciones del PC 1345 deben ser incorporadas al proyecto que finalmente se apruebe para que quede claro que la intención del Gobierno de Puerto Rico es mantener, a nivel individual, un nivel de tributación similar al que cada compañía pagaba bajo la Ley 154. Lo contrario sería públicamente aceptar y reafirmar que Puerto Rico como jurisdicción de inversión comercial prácticamente cada 10 a 12 años es capaz de pretender aumentar la carga impositiva a un puñado arbitrario y cada vez más reducido de empresas en lugar de tener la voluntad de diseñar un régimen contributivo sustentable”.

Rodríguez y el portavoz de PIA coincidieron además en su llamado a que “esperamos que el proceso legislativo que se efectúe, en torno a estas medidas, permita generar un lenguaje de consenso con el Departamento de Hacienda y componente fiscal de la Rama Ejecutiva, así como con el liderato y miembros de la Asamblea Legislativa y el sector de manufactura impactado por estas medidas, representado por nuestra organización. Dentro de ese consenso, debe salvaguardarse la competitividad de Puerto Rico, como destino que desea retener y atraer inversión de capital en manufactura, tan esencial para la estabilidad económica y fiscal de nuestro pueblo”.