La Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes evalúa tres medidas que buscan fortalecer los derechos de las personas que arriendan viviendas frente a las alzas de renta y desahucios.

Tres proyectos de ley que buscan fortalecer los derechos de las personas que arriendan viviendas frente a las alzas de renta y desahucios, y frenar además la gentrificación en el país, recibieron el apoyo de varias organizaciones y deponentes ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, que evalúa las medidas.

Se expresaron favorables a la legislación, aunque con propuestas de enmiendas, la organización Ayuda Legal de Puerto Rico, la Colmena Cimarrona, que es una organización comunitaria viequense; y un profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.

Las medidas bajo estudio son el Proyecto de la Cámara 1242, que propone establecer la Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico; el Proyecto de la Cámara 1331, para implementar un registro digital de arrendamiento privado; y la Resolución de la Cámara 643, para realizar una investigación sobre la gentrificación en la isla.

“Porque creemos que la vivienda es un derecho fundamental que debe ser protegido de instancias como el discrimen, nos posicionamos a favor de las tres medidas, en algunos casos con enmiendas”, sostuvo Ariadna Godreau Aubert, directora y fundadora de la organización Ayuda Legal Puerto Rico.

“La estabilización expresa de rentas durante el primer año del contrato de arrendamiento es importante. Si bien es cierto que la relación contractual supone que el arrendador y el arrendatario convengan en determinado canon y que el mismo no pueda ser alterado sin el acuerdo de ambas partes indistintamente de la extensión del acuerdo, en la práctica nos encontramos con alzas de rentas arbitrarias que imponen una carga onerosa para la familia inquilina”, agregó.

Denunció que la falta de acceso a la información legal adecuada y de fiscalización del mercado de alquiler, permite que los caseros aumenten rentas cobijados en los costos de luz, agua, materiales u otros gastos generados durante la extensión del contrato. “Estos aumentos unilaterales son contrarios al derecho y exponen a las personas inquilinas a amenazas y desalojos”, dijo.

Indicó, por otra parte que los desahucios en Puerto Rico “son procesos sumarios con pocas garantías de acceso a la justicia para las personas inquilinas. Según el minucioso monitoreo que hacemos las abogadas de Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que el 95% de las personas inquilinas acuden al tribunal sin representación legal. Esto contrasta con un 56% de caseros que sí acuden a los procesos acompañados de un abogado”.

Informó que durante el 2021 se completaron 756 procesos de desahucio. Mientras, de enero a marzo de 2022 se habían registrado 260 casos por lo que advirtió que es importante armonizar la pieza legislativa con las disposiciones del Código Civil con relación a la resolución del contrato de arrendamiento.

El proyecto 1242 dispone que no se podrá incrementar el costo de alquiler durante el primer año del contrato de arrendamiento; que el incremento máximo permitido luego del primer año será calculado por aquel aumento en inflación comparado por el promedio para el año anterior, según los datos más recientes del Índice Oficial de Precios al Consumidor de Puerto Rico; y que cualquier aumento tendrá que ser notificado 90 días antes de ser efectivo.

Establece además limitaciones al desahucio, e indica que “tendrá que ser por justa causa”. Reconoce también el derecho del inquilino o inquilina sobre la unidad de alquiler de haber sido removido por propósitos de remodelación o construcción.

Introduce igualmente el “Registro de Precios de Alquiler de Puerto Rico” adscrito al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico “con el fin de levantar información sobre los precios de alquiler en Puerto Rico, sus aumentos y notificaciones”.

“Crisis de asequibilidad de vivienda”

“Puerto Rico está enfrentando una profunda crisis de asequibilidad de vivienda” y elevadas alzas en los cánones de arrendamiento, expresó por su parte el profesor Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Favoreció las medidas e indicó que van en la dirección correcta, pero es advirtió que es un esfuerzo mínimo para atender la crisis de asequibilidad actual. “Sin cambios significativos tendremos un Puerto Rico cada vez más segregado y desigual, donde unos vecindarios serán geografías de oportunidad y otros serán geografías del destierro”, expresó.

Indicó que la mediana de alquiler para Puerto Rico aumentó un 2% entre 2016 y 2020, pero que el panorama es muy distinto y desigual. “Según la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, a nivel de sector censal (“census tract”), el cual es la escala geográfica más cercana a lo que conocemos como vecindarios, hay lugares en Puerto Rico donde se registraron incrementos de más de 20% en la mediana de alquiler, especialmente vecindarios ubicados en San Juan, Carolina, Bayamón, Caguas, Dorado, Vieques, Culebra, Cabo Rojo, Isabela, Aguadilla, Rincón y Quebradillas, entre otros”, dijo.

Entre sus recomendaciones incluyó el adoptar medidas para evitar el desplazamiento de residentes mediante la regulación de alquileres a corto plazo.

Propuso además que se reforme el sistema contributivo sobre la propiedad para procurar que los valores a ser gravados reflejen los precios de mercado y estén atados a usos asequibles.

Denuncian desplazamiento

Mientras tanto la organización Colmena Cimarrona, con sede en Vieques, compareció reclamó que se atiendan las propuestas para evitar el desplazamiento que actualmente viven los residentes de la Isla Nena.

Mencionaron entre ellas un programa de reocupación de viviendas abandonadas para residentes de Vieques que pertenecen a la clase trabajadora; legislación para limitar el acaparamiento de terrenos y, por ende, la especulación; y legislación para regular los alquileres a corto plazo.

“El desplazamiento de los viequenses es evidente; lo vemos y sentimos en situaciones cotidianas. Este desplazamiento llega con la gentrificación y la imposición de idioma y cultura extranjera”, sostuvo la antropóloga e historiadora Marie Cruz Soto, que habló en representación de La Colmena.