Sector privado pide veto del Gobernador a reforma laboral
MIDA, ASORE, la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico y el Centro Unido de Detallistas se unieron a este reclamo.
Organizaciones empresariales del sector privado de Puerto Rico solicitaron al gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, que no dé paso con su firma al Proyecto de la Cámara 1244 que, según una comunicación del grupo “busca derogar gran parte de la reforma laboral aprobada en 2017”.
Las entidades que se unieron a este reclamo están encabezadas por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), y figuran además la Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET); el Centro Unido de Detallistas (CUD); y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).
En su declaración las entidades sostienen que “en Puerto Rico no existe un problema de falta de beneficios aún después de la Ley Núm. 4 de 2017, lo que hace innecesario reversarla”.
Señalan además “la contradicción” de que aún cuando la Isla cuenta con mucha más legislación laboral que ningún estado de los Estados Unidos, los sueldos son mucho más bajos, tenemos una menor tasa de participación y mayor desempleo. “Esto no es casualidad sino causalidad” expresó Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de MIDA.
El presidente del CUD, Jesús Vázquez, coincidió y agregó que “por décadas, los excesos regulatorios y decisiones desacertadas de política pública nos llevaron a la quiebra y a una economía dependiente de fondos federales. Al parecer no hemos aprendido la lección”.
“Todos queremos los mayores beneficios y salarios posibles para los trabajadores, pero esto lo debe determinar el mercado y las capacidades de cada empresa, con la menor intervención posible del estado. Los políticos pueden tener la mejor intención, pero no son economistas, prueba de esto es la situación económica que enfrenta el país”, declaró por su parte, Mateo Cidre, presidente de ASORE.
“No podemos continuar legislando medidas que no traen con ellas un análisis profundo e intenso de la situación actual del país y el impacto económico que esta pueda tener en la isla, que es lo que nos ha llevado a donde estamos actualmente. No podemos seguir aprobando proyectos de ley que, en vez de beneficiar, nos afectan”, afirmó.
Iván Báez, presidente de ACDET, expresó, mientras tanto, que “el costo de hacer negocios sigue en aumento y los proyectos legislativos que hacen más complejo operar en la isla se multiplican, lo que hace muy difícil crear y retener empleos. Nos hemos reunido con los líderes legislativos para expresarle la urgencia de legislar para impulsar el desarrollo económico, sin embargo, este tipo de proyectos van en la dirección opuesta. Por ello exhortamos al gobernador a vetar la medida”.
El grupo coincidió en que el proyecto objetado no contó con análisis de impacto económico alguno, como responsablemente debió haberse realizado para evitar las prácticas legislativas que provocaron la crisis actual.
“Concretamente se acaban de aprobar tres aumentos al salario mínimo que impactarían a aproximadamente 30% de la fuerza trabajadora. Ese impacto, y el de los beneficios que se multiplicarían por un salario mayor, terminan pagándolo nuestros consumidores y abona al enorme problema de inflación que estamos sufriendo. Es como echar leña al fuego de la inflación cuando debemos estar tratando de controlarlo”, añadió Vázquez.
“La economía necesita un respiro de legislación y de incrementos en costos”, agregó Reyes. “Mientras el mundo entero está preparándose para una recesión y bajando los costos de hacer negocios para atajar los efectos de la inflación extrema, en Puerto Rico hacemos lo contrario contando con el espejismo de los fondos federales que son temporeros y que con toda probabilidad no serán suficientes para paliar la crisis económica mundial”, dijo.
Apuntó que “Puerto Rico lleva prácticamente 16 años en recesión y la única reforma estructural aprobada a medias fue precisamente la reforma laboral que ahora se estaría reversando y aprobando beneficios adicionales. Es decir, después de todo este proceso, y cuando se terminen los fondos de recuperación, terminaremos peor que cuando lo comenzamos”.